Por: Claudio Pizarro y Rubén Escobar | Publicado: 07.10.2022
Jacqueline Pinochet, hija del dictador Augusto Pinochet | Agencia UnoUna millonaria “pensión vitalicia” depositada en una cuenta en Miami es parte de lo que reveló un proceso que se inició hace 16 años y por el que el SII pide más de $670 millones en impuestos a Jacqueline Pinochet, hija del dictador. La trama empezó en 2006, tras una investigación del SII a raíz del destape de los dineros de Pinochet en EE.UU.
Los fusibles saltaron a mediados del año 2006, tras la citación emitida por el Departamento de Delitos Tributarios, dependiente de la Subdirección Jurídica del Servicio de Impuestos Internos (SII), a Jacqueline Marie Pinochet Hiriart.
La hija menor del exdictador Augusto Pinochet, fue convocada tras una investigación por delitos tributarios en contra de su padre, derivada del caso Riggs, acusada de incurrir en una “subdeclaración y no pago de impuestos”, correspondientes a ingresos percibidos desde el exterior, entre los años tributarios 2000 y 2005.
Los argumentos de la entidad recaudadora era que las rentas percibidas, correspondientes a intereses, utilidades y dividendos se encontraban, en efecto, gravadas con el impuesto a la Renta de Primera Categoría, y destacó que algunos fondos que provenían desde el exterior no estaban debidamente respaldados. Una arista que apareció en la investigación judicial llevada en contra del exsenador vitalicio por los delitos de evasión tributaria, falsificación de pasaporte y declaración incompleta de bienes en el caso de las millonarias cuentas secretas encontradas en diversos países y paraísos fiscales.
Hace apenas una semana, 16 años después de aquella primera citación y una serie de diligencias posteriores, el Cuarto Tribunal Tributario y Aduanero de la RM hizo pública la resolución a reclamación presentada por la hija de Augusto Pinochet, tendiente a evitar el pago de impuestos a la renta, a las donaciones y las costas asociadas al caso por considerarlas “improcedentes” y que ascienden a más de $670 millones. Para justificar su petición, Jacqueline Pinochet esgrimió una serie de argumentos que revelan una trama que aún no deja de sorprender.
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Caso Riggs
Jacqueline Pinochet fue requerida para dar explicaciones sobre los depósitos recibidos desde el extranjero en abril del año 2006, dos años después que el Washington Post diera a conocer movimientos sospechosos del Banco Riggs, revelando que el exdictador chileno mantenía alrededor de 125 cuentas secretas con una fortuna estimada en 27 millones de dólares.
Más tarde se sabría que el mismo banco habría ayudado a Pinochet a crear dos empresas de papel en las Islas Bahamas, usando pasaportes falsos, bajo el nombre de Daniel López. Una trama que partió con una investigación del Senado de Estados Unidos, que buscaba rastros sobre financiamiento del terrorismo internacional tras el atentado a las Torres Gemelas.
Fue finalmente el Consejo de Defensa del Estado quien entabló una querella contra Augusto Pinochet, el 21 de julio de 2004, en una causa que estuvo en manos de al menos tres ministros -Muñoz, Cerda y Valderrama- cuya arista judicial se cerró a partir de dos cuestionados episodios.
En junio de 2017 la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó restituir 6 millones de dólares de las cuentas bancarias y propiedades embargadas a la familia Pinochet y, en junio de 2018, se dictó el falló final decretando 4 años de presidio con libertad vigilada en contra de tres Coroneles en retiro: Gabriel Vergara, Juan Ricardo Mac-Lean y Eugenio Castillo. Ningún familiar de Pinochet terminó en prisión.
Tras el cierre del caso, donde la Corte determinó además el comiso de 1,6 millones de dólares proveniente del patrimonio de Pinochet y de sus sociedades, sólo el Servicio de Impuestos Internos y el Consejo de Defensa del Estado se mantienen intentando recuperar parte del dinero. Una cruzada que perdura hasta el día de hoy.
Es precisamente en la arista tributaria, que aún está vigente, donde Jacqueline Pinochet entró en disputa con el SII. La solicitud de revisión presentada pretendía aportar con antecedentes para revertir la posición del organismo recaudador, que pretendía cobrar varios impuestos por “ingresos que podrían calificar de rentas”.
Operaciones, un préstamo de CEMA y una casa en Los Trapenses
En el documento resolutivo, presentado el 30 de septiembre pasado, se especifican varias de estas operaciones. En uno de los puntos se afirma que en los años fiscalizados por el SII “la reclamante ha mantenido diversas cuentas bancarias donde periódicamente ha recibido montos de dinero, efectuado giros y también la compra de un inmueble en la comuna de Lo Barnechea”.
Entre los más de 47 considerandos, se consignó que en el año 2003 ingresó al país, a través del mercado cambiario, más de 195 millones de pesos. Parte de estos dineros, se presume en la resolución, habrían sido utilizados en la compra de un inmueble por un valor de 11.562 UF en un exclusivo barrio en Los Trapenses, en el sector oriente de la capital.
Durante el proceso de fiscalización, Jacqueline Pinochet afirmó que el dinero (correspondientes a US $279.000 en la época) venía de un préstamo bancario proveniente del Banco del Orinoco de Venezuela, pero el tribunal sostuvo que “no existe antecedente alguno que acredite la existencia de dicho préstamo y sus condiciones”.
Las indagatorias del SII determinaron que “la copia simple de la planilla del Banco Central dice que el país de origen de la moneda dólar es Estados Unidos”. “La fotocopia acompañada sobre ‘Información de Crédito, Depósitos, Inversiones y Aportes de Capital’, dice que el acreedor es ‘CFI International Corporation’, especificó el Servicio. Esta última sociedad estaría vinculada a una red de ejecutivos que manejaron dineros de Pinochet, según reveló Ciper.
El tribunal repara en que “la misma reclamante reconoce en su escrito que los fondos fueron depositados por su padre a la institución que figuraría como acreedora, en forma previa a la operación, no habiendo hecho ella pago alguno ni al acreedor ni a otra persona”. Es decir, fue el mismo Pinochet quien depositó el dinero en la entidad que supuestamente después le daría un “crédito”.
El fallo hace mención también, aunque sin entregar detalles, a una deuda contraída con CEMA Chile, la entidad que Lucía Hiriart dirigió por más de 40 años. Dicha deuda habría sido condonada por la institución y, por lo tanto, el monto estaba afecto al impuesto a la renta. La sentencia no especifica cuánto fue el monto del préstamo «perdonado» por CEMA.
Las «pensiones vitalicias»
Jacqueline Pinochet asegura, además, haber percibido dinero por concepto de alimentos para sus hijos -tiene 9 en total- a través de la manutención de sus propios padres (Augusto Pinochet y Lucía Hiriart), atendido a que no contaría “con ingresos propios”, pero sin acreditar que la obligación realmente exista. “Debemos precisar que si bien los ascendientes podrían encontrarse obligados por ley a dar alimento a sus nietos, lo cierto es que no son los primeros obligados a hacerlo, sino…sólo una vez que se acredite que el padre o madre se encuentren impedidos”, se explica en el libelo.
Se acreditó que Jacqueline Pinochet percibió de parte de su padre por “concepto de rentas mensuales vitalicias”, entre noviembre de 2002 hasta octubre de 2003, la suma de US$3.000, y desde noviembre de 2003 en adelante, otros US$4.000. Estos montos eran depositados a una cuenta corriente del Banco de Chile con sucursal en Miami.
Pese a esta evidencia, la hija de Pinochet argumenta que sería improcedente cobrar un impuesto a las donaciones por estar exenta de éste, “al tratarse de sumas percibidas en calidad de pago de obligaciones alimentarias establecidas por ley”. Y agrega que en caso de ser considerada afecta al impuesto, quien debería pagar los costos no es ella sino el donante, en este caso su padre.
La investigación esclareció que la suma de dinero entregada a Jacqueline Pinochet respondería a un contrato de mandato y fideicomiso suscrito en el año 2002, donde su padre se compromete a entregarle una “pensión mensual vitalicia”. De acuerdo al fallo, el contrato fue firmado por Augusto Pinochet, Lucía Hiriart y el abogado Óscar Aitken.
Así, como realmente Pinochet e Hiriart no tenían una obligación legal de entregar los alimentos, el SII determinó que las transferencias “califican como una donación entre vivos efectuada por su padre, en sumas periódicas (mensuales), desde noviembre de 2002 a julio de 2004” y debían pagar impuestos.
FOTO: El dictador Augusto Pinochet.
Finalmente, el tribunal determinó rechazar casi la totalidad de las reclamaciones de Jacqueline Pinochet, incluyendo la compra de la casa en Lo Barnechea y las cuestionadas “pensiones vitalicias”. Lo único que aceptó fue el descuento de US $6.000 correspondientes a dos meses de “pensión” que el SII no pudo acreditar los pagos, los que deberán descontarse y hacer una nueva liquidación sobre este punto, lo que no modificaría sustancialmente el monto total pedido por el SII: $672.539.418.
Para la diputada y una de las entonces querellantes en contra del dictador, Carmen Hertz, la fórmula de las “pensiones” referidas en el caso “sería una maniobra más de miembros de la familia Pinochet para acceder a esta fortuna ilícita que acumuló el dictador a través de cuentas falsas y empresas off shore en paraísos fiscales”.
Sobre las aristas aún pendientes sobre los dineros de Pinochet, Hertz considera que es parte de “la atmósfera de impunidad que se impuso en este país. Respecto a los crímenes de exterminio las sentencias se están dictando, en los principales episodios criminales de la dictadura, décadas después. Por ejemplo, en el caso Calama recién se dicta la sentencia definitiva de la Corte Suprema, los crímenes fueron cometidos hace 49 años”.
“Dentro de este clima de justicia tardía, de una verdad que no se conoce a nivel colectivo, sino que se oculta, y políticas de memoria débiles y miserables como las que se han hecho en estos últimos 30 años, esto no es sino una consecuencia de la impunidad”, sostiene.
En cuanto a lo que venga en esta causa, la diputada Hertz espera “que el SII esta vez tendrá la diligencia que no tuvo en el pasado respecto a los bienes de Pinochet”.
Aún falta tiempo para conocer el final de la trama de los impuestos que el SII le exige a Jacqueline Pinochet, ya que la hija del dictador puede recurrir a la Corte de Apelaciones de Santiago y luego llevar el asunto hasta la Corte Suprema.
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