Ex jefe de gabinete de Allamand y asesor de senadores DC aparecen en nuevas boletas políticas en poder de la Fiscalía
por NICOLÁS SEPÚLVEDA 8 julio 2015
En abril de este año, y apenas el Servicio de Impuestos Internos (SII) lanzó un llamado a las grandes empresas para que rectificaran los pagos realizados durante los últimos años que consideraran sospechosos –en medio de la caja de Pandora abierta por la investigación de la Fiscalía al financiamiento ilegal de la política–, en Inversiones Caburga tomaron la decisión de acoger la convocatoria.
Por ello, y durante los primeros días de mayo, acudieron hasta el SII para rectificar una serie de pagos efectuados entre 2009 y 2014, sobre los cuales no hallaron respaldo suficiente y en los que habría aportes a campañas políticas. La semana pasada El Mostrador reveló que durante la campaña parlamentaria de 2009 la empresa vinculada a la familia Said había pagado, contra boletas, a los actuales diputados Fuad Chahin (DC) y Gonzalo Fuenzalida (RN). Ahora, fuentes de la compañía confirmaron a este medio que ambos pagos fueron rectificados.
Según las mismas fuentes, definieron responder al llamado del SII para cuidar el “bajo perfil” cultivado por Caburga a lo largo de su historia. Añaden que con la decisión también buscaron resguardar la relación con sus socios, tomando en cuenta que en todas sus inversiones comparten acciones con otras compañías nacionales e internacionales. Aclaran también que los pagos realizados en el periodo nunca tuvieron como fin evadir impuestos, sino que respondieron a las múltiples solicitudes que tiene la empresa para donar dinero a causas sociales, y que la eventual merma en su carga impositiva fue solo “una consecuencia”.
El analista político militante de la UDI, Gonzalo Cordero –quien es uno de los socios de la empresa de comunicaciones estratégicas Azerta, junto a Cristina Bitar y Felipe Edwards–, figura en el informe en manos de la Fiscalía percibiendo $10.025.000. Según declaró a este medio, durante 2009 estaba concentrado en su trabajo en Azerta y en sus labores como decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello. Quedó en revisar sus boletas de ese año, pero no volvió a contestar su teléfono.
En el SII comentan que la rectificatoria consiste en que una empresa reconoce que no tiene respaldos para justificar ciertos pagos y decide corregir la información que declaró en su minuto. Ese proceso implica que debe pagar los impuestos eventualmente evadidos, ya que estos se determinan sobre la utilidad declarada por una empresa, utilidad que se ve disminuida con pagos que en realidad no tienen un sustento real. La empresa no quiso entregar el monto total rectificado, aunque sí especificó que solo el 2010 la cifra alcanzó los $50 millones, más multas, reajustes e intereses. Además, comentaron que se rectificó todo lo que no tuviera “respaldo suficiente”.
En manos de la Fiscalía hay un informe de retención de honorarios de Inversiones Caburga, correspondiente al año comercial 2009, en el que aparecen recibiendo pagos varias personas vinculadas a parlamentarios y al mundo de la política. Además de los pagos a Chahin y Fuenzalida, el registro contabiliza boletas emitidas por jefes de campaña, asesores legislativos y familiares de quienes en 2009 compitieron por un escaño en el Congreso.
Los pagos de 2009
El compromiso de los Said con la colonia árabe en Chile no es menor. El patriarca de la familia, José Said Saffie, fundó Belén 2000, la organización que se dedica al apoyo de las familias de escasos recursos de Palestina. En el directorio de la fundación, que él preside, comparte asiento con Alberto Kassis, René Abumohor y Jorge Sarquis.
El abuelo de José Said viajó desde Belén, donde nació, a la ciudad peruana de Arequipa en pleno siglo XIX. De allí, la familia emigró a Chile, donde han mantenido un férreo compromiso con la causa palestina. Por ello, no es raro que en el listado de pagos que está en manos de la Fiscalía aparezcan personas ligadas a parlamentarios miembros de la colonia árabe.
Patricio Hales Beseler es sobrino del actual embajador de Chile en Francia, Patricio Hales (PPD), y en el informe de retenciones de Caburga aparece recibiendo $3.333.322. La ex jefa de gabinete del diputado de la UDI Gustavo Hasbún en la alcaldía de Estación Central, Karen Chahuán Manzur, registra un pago por $2.222.222.
Contactada por este medio, Karen Chahuán comentó que “yo trabaje para hacer una auditoría respecto de las sociedades que tenían ellos, fue solo una boleta. Yo no tengo nada que ver con las campañas”. Durante el periodo de alcalde de Hasbún en Estación Central, ofició también como administradora de la municipalidad. Actualmente es jueza del Primer Juzgado de Policía Local de la comuna.
Dentro del informe también aparecen varios asesores que trabajan, o han trabajado, en la órbita de Renovación Nacional. Uno de ellos es el abogado Eduardo Riquelme Portilla, quien fue jefe de gabinete del senador Andrés Allamand cuando este oficiaba como ministro de Defensa del Gobierno de Sebastián Piñera. Además, ha defendido en Tribunales al ex alcalde de Arica, Carlos Valcarce (RN), acusado por fraude al fisco. Este año patrocinó una querella de parlamentarios de RN en contra de los funcionarios públicos involucrados en el caso Caval.
El jurista –militante de RN y que actualmente participa en un equipo de abogados con Vinko Fodic, Gonzalo Yuseff, Georgy Schubert y José Luis Andrés–, indicó a este medio que revisaría los antecedentes, pero que seguramente el pago dice relación con “algún trabajo realizado para alguna persona natural”.
En el mismo listado figura quien fuera el jefe de campaña del diputado RN José Manuel Edwards en la campaña de 2009, Alejandro Fernández Jullian, quien aparece percibiendo un pago por $3.007.500. Luego de esa carrera electoral, Fernández se desempeñó como jefe de gabinete del mismo parlamentario y como jefe de gabinete en la División de Educación Superior del Ministerio de Educación entre 2011 y 2013. El diputado Edwards comentó a El Mostrador que se encuentra recopilando los antecedentes respecto del pago proveniente de Inversiones Caburga.
La ex candidata a diputada de RN por Melipilla en 2009 y 2013, Jessica Mualim, figura recibiendo poco más de $1 millón. Como explicación a ese pago, ella aseguró que “trabajé en el tema de la alimentación, de etiquetado y de la nueva ley de embalaje. Trabajé con ellos cuando me retiré de mi trabajo. Descarto absolutamente que se trate de aportes a mi campaña. Era muy poca plata además”.
Mualim fue también subsecretaria del Sernam en el Gobierno de Piñera, y entre 1996 y 2008 alcaldesa de María Pinto.
Otro que aparece involucrado es el ex intendente de Valparaíso entre 2010 y 2014, Raúl Celis Montt, quien figura con pagos por $3.333.333. Asimismo, Carlos Eugenio Castro Castro, vinculado a RN y que forma parte de una denuncia presentada por el SII debido a que recibió $31 millones de Soquimich sin el respaldo suficiente; en el caso de Inversiones Caburga, en 2009 aparece percibiendo $2.222.222. Contactado por este medio, señaló a través de un tercero que “no puede atenderlos”.
En el caso de funcionarios relacionados con la Democracia Cristiana, a Fuad Chahin se suma Clara Bensán, la contadora que abrió la arista de los pagos cuestionados provenientes del grupo Said, cuando declaró en la Fiscalía que el recaudador de la Concertación, Giorgio Martelli, le solicitó emitir boletas falsas a Inversiones Caburga durante la campaña presidencial de 2009. En su caso, figura con un pago por $8 millones.
El actual asesor del comité de senadores de la falange, Luis Espinoza Astorga, recibió $4.455.555 durante 2009. Su hermana, que es jefa de gabinete del senador Patricio Walker, comentó a El Mostrador que él comenzó a trabajar con los senadores DC en 2014, y que antes no tuvo ningún tipo de vinculación con el mundo de la política. Sin embargo, no devolvió el llamado de este medio para aclarar el motivo del pago proveniente de Caburga.
También hay giros de dinero a personas vinculadas a la UDI. Es el caso de Juan Masferrer Vidal, quien fuera secretario general de la juventud del partido de derecha y candidato a Core por Rancagua por el mismo partido en la elección de 2013. Es hijo del ex diputado gremialista Juan Masferrer, y actualmente se desempeña como encargado de Vida Estudiantil de la Universidad San Sebastián. No respondió los mensajes que buscaban aclarar su participación en este caso. En 2009 recibió $2.010.000 de la empresa del grupo Said.
El analista político militante de la UDI, Gonzalo Cordero –quien es uno de los socios de la empresa de comunicaciones estratégicas Azerta, junto a Cristina Bitar y Felipe Edwards–, figura en el informe en manos de la Fiscalía percibiendo $10.025.000. Según declaró a este medio, durante 2009 estaba concentrado en su trabajo en Azerta y en sus labores como decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello. Quedó en revisar sus boletas de ese año, pero no volvió a contestar su teléfono.
Otro analista que aparece en el documento es Patricio Navia, quien figura recibiendo $1.050.000. El cientista político radicado en Nueva York no quiso ahondar en ese pago y solo mencionó que “no voy a comentarle a la prensa sobre mis actividades profesionales o sobre las boletas que emito”.
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