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viernes, 17 de julio de 2015

CASO DEGOLLADOS: QUERELLANTE DICE QUE CONDENADO "NO TIENE CONCIENCIA DEL MAL CAUSADO".

Texto La Nacion.cl. Fotos: Marcos Rodriguez G
Los abogados de los familiares de los tres profesionales degollados en dictadura apelaron en la Corte de Apelaciones para que se impida la libertad condicional solicitada por el ex mayor Guillermo González Betancourt. En la Corte Suprema, en tanto, pidieron que se revoque el beneficio concedido al ex cabo Alejandro Sáez Mardones.
Una intensa jornada tuvieron en tribunales las defensas de los familiares del caso Degollados para impedir beneficios para los ex agentes de la dictadura de Augusto Pinochet condenados por este macabro caso de violaciones a los derechos humanos.
El abogado Fernando Leal alegó en la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones, en la audiencia sobre la solicitud de libertad condicional del ex mayor Guillermo González Betancourt, quien ya goza de algunos beneficios penitenciarios desde el año 2012.
A la audiencia no se presentó el abogado del oficial y en su intervención, el abogado de las familias de las víctimas argumentó que el ex mayor no se ha rehabilitado, de acuerdo con informes psicológicos elaborados por Gendarmería.
"Solicitamos que se rechace el recurso de amparo interpuesto por González Betancourt. La comisión de libertad condicional ya ha denegado el beneficio porque los informes sicológicos emanados de Gendarmería establecen que él no tiene una adecuada conciencia del delito, el mal y daño causado", explicó el abogado sobre el oficial condenado por los crímenes del sociólogo José Manuel Parada, el profesor Manuel Guerrero y el pintor Santiago Nattino.
CONDENADO EN LIBERTAD
En tanto, ante la Corte Suprema, el abogado Leal apeló para que revoque el beneficio concedido al ex cabo de Carabineros Alejandro Sáez Mardones, condenado a cadena perpetua por los asesinatos.
Hace unos días, la Corte de Apelaciones de Santiago le otorgó la libertad condicional a Sáez Mardones y a Miguel Muñoz Uribe, sobre la base del antiguo sistema procesal chileno, que permitía a los condenados a cadena perpetua acceder a beneficios después de pasar 20 años en prisión efectiva.
Según el abogado Leal, no se pueden asimilar normas referidas a delitos comunes a crímenes de lesa humanidad.
Los familiares de las víctimas consideraron "una vergüenza" la resolución del tribunal de alzada y anunciaron que si no es revocada por los tribunales chilenos recurrirán al sistema interamericano de los derechos humanos.
Hasta el lugar llego para apoyar a la familia la Agrupación de Familiares de Detenidos Desparecidos

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