DD.HH.: presión sobre La Moneda para levantar el secreto de 50 años en informes sobre crímenes de la dictadura
En el entorno de Burgos la posibilidad de levantar el secreto de los 50 años es entendida como una iniciativa que no pasa de ser simbólica y que no tendría mayor repercusión real en la causas de DD.HH. Pero desde las organismos vinculados al tema consideran lo contrario, que dichos antecedentes y documentos constituyen un mapa completo de la represión en Chile entre 1973 y 1990, más aún si, puntualmente respecto de la Comisión Valech, ni los jueces tienen acceso a los documentos, por lo que es clave para impedir la impunidad en los casos.
Siempre se vuelve al tema, como una herida rebelde que no sana y, de tanto en tanto, vuelve a sangrar. Desde que la semana pasada se supo que el conscripto Fernando Guzmán decidió romper el pacto de silencio y entregar información del emblemático “Caso Quemados”, el tema de las violaciones a los derechos humanos volvió a tomarse con fuerza la agenda pública. Más allá de las declaraciones políticas de rigor, La Moneda tiene pendiente una definición no menor: la decisión política de levantar el secreto de 50 años impuesto a todos los antecedentes recolectados por la Comisión Valech y la confidencialidad que recae en el Informe Rettig y Valech II, cuyos informes finales son públicos. Pero no lo son los testimonios, declaraciones y otros documentos recolectados que pueden constituir elementos relevantes en las investigaciones judiciales.
El año 2003 se creó por decreto supremo la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, conocida como “Comisión Valech”, que funcionó hasta el año 2004 y acreditó la existencia de 28 mil 459 víctimas en la dictadura. La Ley 19.992 del 2004 en su título IV, artículo 15, establece que “son secretos los documentos, testimonios y antecedentes aportados por las víctimas” ante la comisión y que dicho secreto “se mantendrá durante el plazo de 50 años, período en que los antecedentes sobre los que recae quedarán bajo la custodia del Ministerio del Interior. Mientras rija el secreto previsto en este artículo, ninguna persona, grupo de personas, autoridad o magistratura tendrá acceso a lo señalado en el inciso primero de este artículo, sin perjuicio del derecho personal que asiste a los titulares de los documentos, informes, declaraciones y testimonios incluidos en ellos, para darlos a conocer o proporcionarlos a terceros por voluntad propia”.
Las nuevas diligencias del juez Mario Carroza, las declaraciones de Guzmán y de la madre de Rodrigo Rojas de Negri, han generado el clima para que esta semana, desde la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Lorena Fries, hasta la propia Carmen Gloria Quintana, hayan emplazado y pedido públicamente que se termine con la reserva legal que impera sobre todos los antecedentes de la Comisión Valech.
El tema hasta ahora estaba radicado en el Ministerio del Interior, donde desde hace semanas que la respuesta es la misma: el tema está “en evaluación”. El informe del PDH, está en el escritorio del ministro de la cartera, Jorge Burgos, desde que llegó al cargo el 9 de mayo, en el que se propone la derogación del artículo número 15 de la Ley 19.992 “mediante mensaje presentado por la Presidenta de la República, o bien, mediante moción parlamentaria”.
Pero este no es un tema nuevo. Organizaciones de DD.HH, como Londres 38, desde enero del 2014 que impulsan una campaña para poner fin al secreto de los archivos ligados a la represión e, incluso, está incluido explícitamente en el programa de Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet el compromiso de evaluar el punto: “Revisaremos lo referido a los archivos judiciales de las violaciones a los DD.HH. que tienen un periodo de 50 años para poder ser conocidos y revisados”.
Sin embargo y a la luz de los resultados obtenidos hasta ahora, ese compromiso no ha avanzado con la debida celeridad, a pesar que desde diciembre del 2014 ya existe un informe oficial de 20 páginas y una minuta ejecutiva de resumen en La Moneda, que elaboró el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, cuyo secretario ejecutivo es el abogado Francisco Ugas, el mismo que ha acompañado las querellas de la familia de Rodrigo Rojas de Negri.
Dicho informe sentencia, sobre el secreto, que es una norma que “merece ser revisada, por petición fundada del Pueblo y por lo instruido por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, recoge argumentos de los organismos de DD.HH. en el sentido que “los antecedentes Valech, una vez recopilados, fueron transformados en objetos secretos, cuya no revelación ante el requerimiento de autoridades judiciales o administrativas encargadas podría constituir (…) una nueva denegación de justicia” y apela al imperativo de cumplir a cabalidad el respeto al derecho a la verdad y el acceso a la información pública.
Sobre ese punto, el informe pone sobre la mesa la necesidad de que la normativa chilena esté a tono con las demandas del derecho internacional en la materia, considerando que la Corte Interamericana de DD.HH. ha sostenido que el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos “protege” el derecho que tiene toda persona a solicitar el acceso a la información bajo el control del Estado, que ese artículo “ampara el derecho de las personas a recibir dicha información y la obligación positiva del Estado de suministrarla” y que dichos antecedentes deben ser entregados “sin necesidad de acreditar un interés directo para su obtención o una afectación personal, salvo en los casos en que se aplique una legítima restricción”.
Es más, como titulares del derecho a la verdad y del derecho al acceso a la información pública, agrega el informe, “las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en nuestro país, no deben encontrar traba normativa alguna que les impida acceder a los antecedentes, a los testimonios y a la documentación reunida por las comisiones de verdad previamente señaladas”.
El informe del PDH propone consultar durante un plazo prudente –de seis a nueve meses– “para que una víctima o su familia, en su caso, exprese formalmente su oposición, fundada en el derecho a la intimidad, en el derecho a la honra o en el derecho a la protección de los datos personales. Si se ejerce el derecho de oposición, el Estado estará obligado a suprimir de todo documento, aquellos datos personales que la víctima o la familia de ella, en su caso, han estimado no divulgar, fundada en algunos de los motivos citados”.
Paso de tortuga
El ministro vocero, Marcelo Díaz (PS), reconoció que ayer esa es “una medida que estamos evaluando, que está considerada como una hipótesis de una iniciativa y en su momento, cuando se evalúen todas las consideraciones, vamos a informar la decisión”. Agregó que en paralelo la Segpres está evaluando, además, si poner urgencia a dos proyectos que se encuentran en el Congreso, uno que evita que las Fuerzas Armadas destruyan documentos claves en materia de DD.HH. y el segundo, que precisamente libera del secreto los antecedentes de la Comisión Valech.
El tema hasta ahora estaba radicado en el Ministerio del Interior, donde desde hace semanas que la respuesta es la misma: el tema está “en evaluación”. El informe del PDH, está en el escritorio del ministro de la cartera, Jorge Burgos, desde que llegó al cargo el 9 de mayo, en el que se propone la derogación del artículo número 15 de la Ley 19.992 “mediante mensaje presentado por la Presidenta de la República, o bien, mediante moción parlamentaria”.
Lo cierto es que en el entorno de Burgos la posibilidad de levantar el secreto de los 50 años es entendida como una iniciativa que no pasa de ser simbólica y que no tendría mayor repercusión real en la causas de DD.HH. Pero desde las organismos vinculados al tema consideran lo contrario, que dichos antecedentes y documentos constituyen un mapa completo de la represión en Chile entre 1973 y 1990, más aún si, puntualmente respecto de la Comisión Valech, ni los jueces tienen acceso a los documentos, por lo que es clave para impedir la impunidad en los casos.
En los casos del Informe Rettig y Comisión Valech II, los antecedentes están sometidos a confidencialidad y solo los magistrados, en las causas que les competen, pueden acceder a ellos. "Tanto en Valech I como en Valech II, en principio, hay una reserva, un secreto que es de 50 años y que, incluso, le impide a la judicatura conocer antecedentes (…) Con Valech I, como es una ley de quórum calificado, la verdad es que no hemos podido entregar esos antecedentes y podría hacerse más de lo que se hace en materia de verdad y de justicia", planteó Fries.
Toda la información recopilada, antecedentes, documentos y testimonios sometidos al secreto son “custodiados” hoy por el INDH, pero explican que en la práctica se encuentran acumulados en cajas en el sótano del Museo de la Memoria, sin siquiera digitalizarlos, resguardarlos y sistematizarlos debidamente. Al respecto, el informe del PDH propone que, una vez levantado el secreto, “los antecedentes documentales tendrán el carácter de públicos y los órganos encargados en la actualidad de la custodia y guarda de los mismos, deberán encargarse de arbitrar los medios necesarios, para ponerlos a disposición de la sociedad, para lo cual el Estado debe velar por la entrega de los recursos necesarios al efecto”.
Si bien es evidente que a nivel de autoridades gubernamentales no ha sido un tema tratado con la debida agilidad, en La Moneda explican que derogar el secreto de la información será un tema prioritario de la nueva Subsecretaría de Derechos Humanos, que originalmente debe ser creada y anunciada en octubre, aunque dados los nuevos bríos que ha adquirido nuevamente el tema de las violaciones a los derechos humanos, no se descarta que se adelante para septiembre, en el marco de la conmemoración del Golpe Militar.
Dicha Subsecretaría de DD.HH. dependerá del Ministerio de Justicia, cuya titular, Javiera Blanco, tiene en agenda para los próximos quince días una reunión con organismos de derechos humanos, donde precisamente estará presente el tema del secreto en la discusión.
Estos días, todo el mundo una vez más se ha escandalizado con los horrores de la dictadura, ha planteado la necesidad de ir más allá en los niveles de verdad y justicia a los que se ha accedido en este país y varios de los actores de la transición se han pronunciado al respecto, como el propio Presidente Lagos, quien ha reconocido que “siempre es posible hacer más” en este ámbito, al tiempo que dijo que es el momento de empezar a romper los pactos de silencio, como ha sucedido con el Caso Quemados.
Siempre se ha dicho que, considerada la biografía personal de Bachelet, el tema de los DD.HH tiene un lugar especial en sus decisiones, aunque hay antecedentes que cuestionan este supuesto. Este jueves se reunirá en forma privada con Carmen Gloria Quintana en La Moneda y en los siguientes meses se verá si la Mandataria da un paso más allá en su segundo Gobierno, derogando el secreto de los 50 años.
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