El fallo -calificado por la parte querellante como "una vergüenza"- fue rechazado por los familiares de las víctimas, quienes tienen hasta el viernes para presentar un recurso con la intención de que sea el máximo tribunal el que se pronuncie al respecto.
El abogado querellante en el denominado caso Degollados, Fernando Leal, recurrirá a la Corte Suprema para intentar poner término a los beneficios carcelarios con los que actualmente gozan los condenados por el crimen de los profesores Manuel Guerrero, Manuel Parada y Santiago Latino, quienes fueron degollados tras ser detenidos en marzo de 1985.
Se trata de los agentes de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (Dicomcar) Miguel Pablo Muñoz Uribe y Alejandro Segundo Sáez Mardones, a quienes la Octava Sala de la Corte de Apelaciones concedió la libertad condicional.
El fallo -calificado por el querellante como "una vergüenza"- fue rechazado por los familiares de las víctimas, quienes tienen hasta el viernes para presentar un recurso con la intención de que sea el máximo tribunal el que se pronuncie al respecto.
"Vamos a apelar porque creemos que el actuar de la Octava Sala deja mucho que desear", recalcó a Emol Leal, detallando que de no prosperar la apelación, recurrirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos "para que el Estado de Chile sea sancionado".
En el caso de Sáez Mardones, el querellante enfatizó que "no es posible que se le otorguen beneficios porque incluso su informe psicológico no recomienda el medio libre para su rehabilitación". Ello, porque según se establece en el documento, el condenado no tiene conciencia del delito y del mal causado, por lo que difícilmente pueda tener una favorable reinserción.
En febrero pasado, la Corte de Apelaciones de Santiago había acogido, en fallo dividido, un recurso de protección presentado por Mardones, preso en Punta Peuco y condenado a cadena perpetua por su participación en el hecho.
Ello, luego que ex uniformado apelara respecto a la decisión que le revocó el beneficio de la salida dominical, concedido en enero de 2013.
En esa oportunidad, se determinó que era arbitraria la decisión del alcaide del penal, que revocó el beneficio, en octubre de 2014.
Cabe señalar que los familiares también recurrieron a la ministra de Justicia, Javiera Blanco, para conseguir apoyo a su petición.
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