Por Equipo Cambio21:
La situación del menor, quien fue muerto por un disparo de Carabineros, no ha podido llegar a un lugar satisfactorio para la familia. Menos ahora cuando al carabinero involucrado se le ha disminuido la pena. La exhibición de un documental sobre el caso quiere generar conciencia entre la ciudadanía.
La llegada a las salas nacionales de un documental que narra la búsqueda de justicia por parte de los familiares del joven Manuel Gutiérrez, quien fue muerto por un disparo hecho por Carabineros, cuando tenía solamente 16 años, durante las movilizaciones callejeras que organizó la CUT en 2011.
El documental, llamado "Crónica de un Comité", estrenado el pasado 9 de julio, ha recibido múltiples premios en festivales nacionales y se centra en el esfuerzo de los padres y familiares del menor por conseguir que se establezca justicia en la resolución del caso. Los directores del documental son Carolina Adriazola y José Luis Sepúlveda.
A pesar del encubrimiento inicial por parte de Carabineros, el autor de la bala fue identificado como el sargento Miguel Millacura. Entonces comenzó el trabajo de familiares y amigos para que el responsable fuera procesado por la justicia civil y no por la justicia militar; se lo destinó al sur de Chile y recientemente rebajó su pena. Este documental es un registro atrevido de ese proceso, mostrando el enfrentamiento de ciudadanos comunes con un sistema muy difícil de permear.
Este 2015, Millacura vio su condena reducida de libertad vigilada a 400 días de pena remitida por cuasidelito de homicidio en el caso del adolescente. Es esta la instancia en la que la presentación del documental reaviva el dolor de los familiares del menor, para quienes la justicia, nuevamente, parece escabullirse.
La mirada de los protagonistas de una historia que no ha terminado
La situación actual se contextualiza de la siguiente forma. La Justicia Militar había condenado a Millacura a tres años y un día de libertad vigilada como autor del delito de violencia innecesaria con resultado de muerte. La Corte Marcial cambió esta sentencia a 400 días de presidio remitido por cuasidelito de homicidio. Además, le impuso otra pena de 61 días por cuasidelito de lesiones menos graves en la persona de Carlos Burgos Toledo.
El fallo estableció que de parte del ex uniformado no existió dolo: descartó así que hubiera tenido la intención herir a personas con sus disparos, que afirmó haber realizado al aire.
Al consultar al abogado querellante por lo que significa esta nueva determinación judicial expresó que "se rebajó a cuasidelito de homicidio. Es decir, "Lo maté sin querer", en función de los dichos del propio carabinero, y es citado textual en la sentencia de segunda instancia, pues el carabinero dice, "disparé al aire", en el lugar de la protesta", afirmó el abogado Cristián Cruz, querellante en la causa.
Para ejemplificar con mayor claridad la situación, Cruz se remitió a realizar una analogía. "Bajo esta misma premisa, quien asesinó a los dos jóvenes estudiantes en Valparaíso hace algunos días, quien dice, "yo también disparé al aire", también debería ser condenado por cuasidelito de homicidio, siguiendo esa lógica. Esto nos parece muy grave y evidentemente recurriremos a la Corte Suprema", expresó el jurista.
Al finalizar su análisis, el abogado Cruz expresó sentirse "sorprendido y molesto ante esta decisión y que apelarán ante la Corte Suprema. Aunque mirando la historia no nos debería sorprender, por supuesto que corresponde que me moleste, porque la Corte Marcial tomando las palabras del ex sargento Millacura, que dice disparar al aire, da un cuasidelito, es decir, lo maté sin querer", concluyó el abogado de la familia.
Por su parte, Mireya Reinoso, la madre del menor, sumamente afectada, comentó la situación que están viviendo: "como familia nos sentimos impotentes, nos sentimos menoscabados. Porque se nos dice una cosa y se hace otra. Se nos dice "los vamos a ayudar, vamos a sacar la cara por ustedes, no se preocupen" y resulta que hacen otra cosa completamente distinta", expresó la madre.
Mireya Reinoso asegura que esta situación no le habría ocurrido si contara con más recursos económicos. "Es lo primero que nosotros pensamos, que nos pasan estas cosas porque somos pobres, porque nosotros no podemos pagar los mejores abogados de Chile. Por lo tanto, no hay igualdad de derechos, no hay justicia". Luego, al referirse a la situación de la muerte de su hijo, Mireya expresa que :"a mí nadie me va a devolver a mi hijo, el dolor por perder a mi hijo es una cosa que es cada día mayor. Nada me lo va a devolver pero, por lo menos, quiero sentir que no fue en vano, quiero sentir que mi hijo es mirado como un ser humano, como un ciudadano chileno con todos sus derechos", indicó emocionada.
A lo anterior se suma la noticia de que los involucrados en el incidente no fueron desafectados de Carabineros sino que continúan trabajando regularmente, aunque primeramente fueron transferidos a otras dependencias de la entidad, y no han visto mermado para nada su trabajo diario.
Amnistía Internacional también se refirió al tema de la rebaja de la condena del carabinero Miguel Millacura y expresó que "las fuerzas del orden tienen el deber de proteger la vida y la seguridad de las personas. Al llevar a cabo estas labores deben, en la medida de lo posible, utilizar medios no violentos antes de recurrir al uso de la fuerza. Se debe considerar utilizar la fuerza únicamente bajo razones apremiantes, tales como la protección de la seguridad pública o la prevención de un delito. Cualquier uso de la fuerza debe ser estrictamente necesario y solo en la medida requerida".
Al referirse a la situación puntual de la Corte Militar, la organización dijo que "la decisión de la Corte Marcial resulta más preocupante aún ante acontecimientos recientes en que nuevamente se ha hecho uso de la fuerza de forma innecesaria y excesiva aparentemente a manos de funcionarios de Carabineros. El pasado 21 de mayo dos jóvenes resultaron gravemente heridos, uno de ellos continúa en riesgo vital, tras una serie de protestas en Valparaíso. Amnistía Internacional reitera al Estado de Chile que, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales, no solo debe avanzar en una pronta reforma legal a la jurisdicción militar, sino que también debe velar porque todos los casos de violaciones de derechos humanos, incluyendo aquellos de uso excesivo de la fuerza por parte de funcionarios del orden, sean debidamente investigados y juzgados por tribunales ordinarios".
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