La trenza PPD-SQM que se mantiene intacta en medio de la investigación de la Fiscalía por platas políticas
por NICOLÁS SEPÚLVEDA 2 julio 2015
El pasado jueves 2 de abril, el Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó su segunda denuncia por delito tributario en contra de Soquimich (SQM). El escrito incluyó 237 facturas y 609 boletas de honorarios supuestamente falsas. En el listado de quienes emitieron esos documentos cuestionados figura el actual director del Sernageomin, Rodrigo Álvarez, y una sociedad ligada al embajador de Chile en Paraguay, Alejandro Bahamondes. Ambos, militantes del PPD.
En el caso de Álvarez –abogado de la Universidad La República–, se trata de una boleta por $5 millones en 2012, y en el de Bahamondes, de 2 facturas por $22 millones a través de Kybalion Consultores, sociedad de la cual formó parte. Pero la aparición de ambos en el listado denunciado por el SII no es lo único que comparten. Bahamondes fue quien recomendó a Rodrigo Álvarez para el cargo cuando se inició el segundo Gobierno de Michelle Bachelet, según reconocen altas fuentes del Ministerio de Minería.
La ligazón del actual embajador de Chile en Paraguay con la minera controlada hasta hace poco por Julio Ponce Lerou va más allá. Uno de sus hijos, Luis Bahamondes, es jefe del Departamento de Planificación de Tecnologías de la Información de SQM Industrial. A su vez, Luis está casado con Malaki Sepúlveda, quien ejerce como jefa del área de Propiedad Minera de Sernageomin.
Malaki Sepúlveda -abogada que fue seremi del Trabajo en la Región Metropolitana durante el primer gobierno de Bachelet, y que luego trabajó para el municipio de La Reina-, fue formalizada en septiembre de 2009 por un caso de fraude al fisco que se relacionó con falsas asesorías prestadas a la Universidad de Santiago por $20 millones.
En mayo de 2014 fue llevada al servicio por Rodrigo Álvarez. En un inicio ejerció como asesora legal, y desde junio como jefa del Departamento de Propiedad Minera, según figura en los registros de transparencia. Actualmente goza de un sueldo de $4.463.511 brutos.
La ligazón del actual embajador de Chile en Paraguay con la minera controlada hasta hace poco por Julio Ponce Lerou va más allá. Uno de sus hijos, Luis Bahamondes, es jefe del Departamento de Planificación de Tecnologías de la Información de SQM Industrial. A su vez, Luis está casado con Malaki Sepúlveda, quien ejerce como jefa del área de Propiedad Minera de Sernageomin. Malaki Sepúlveda –abogada que fue seremi del Trabajo en la Región Metropolitana durante el primer Gobierno de Bachelet, y que luego trabajó para la Municipalidad de La Reina– fue formalizada en septiembre de 2009 por un caso de fraude al fisco que se relacionó con falsas asesorías prestadas a la Universidad de Santiago por $20 millones.
Su actual cargo es vital en la relación del Estado con las mineras privadas, ya que es quien debe asesorar al Poder Judicial en el otorgamiento de las propiedades mineras. En el último anuario de la minería disponible (2013), publicado por Sernageomin, se explica el rol del Departamento de Propiedad Minera: “Durante la tramitación del proceso de constitución de concesiones mineras, el juez competente se apoya permanentemente en el Servicio Nacional de Geología y Minería, institución que, a través de su Departamento de Propiedad Minera, lo asiste técnicamente sobre el particular, emitiendo informes obligatorios y no obligatorios. En dichos informes, el Servicio Nacional de Geología y Minería interviene en el procedimiento de constitución de la concesión minera, informando sobre los aspectos técnicos, y en especial, sobre si se ajustan a la ley la forma, dimensiones y orientación de la cara superficial de la concesión solicitada”.
Según el mismo documento, SQM es la empresa que concentra, por lejos, la mayor cantidad de concesiones mineras de explotación: 20,06%, lo que equivale a 2.861.157 hectáreas. Más atrás le sigue Codelco, con un 5,89% y Minera Escondida con un 2,55%.
El rol de Bahamondes
El actual embajador de Chile en Paraguay, Alejandro Bahamondes, comenzó su carrera política militando en el Mapu, partido del que fue el encargado de relaciones internacionales. El mismo rol lo ocupó luego en el PPD, donde milita en la actualidad. En este partido ha sido secretario general y vicepresidente, cargo que ocupaba en 2014, cuando la Presidenta Bachelet lo nombró en su actual puesto.
Según altas fuentes del Gobierno, Bahamondes propuso dos nombres para integrar a la segunda administración de la Presidenta. El primero fue el de su hija, Adela Bahamondes, quien se desempeña como gobernadora de la Provincia de Chacabuco (comunas de Lampa, Colina y Til Til), y el segundo fue el de Rodrigo Álvarez, director de Sernageomin.
Antes del actual Gobierno, Adela Bahamondes trabajó con Rodrigo Álvarez en el Centro de Información de Recursos Naturales, Ciren, que dependía del Ministerio de Agricultura. Allí, mientras Álvarez era su director ejecutivo, Bahamondes ejercía como gerenta de Auditoría y del área de Recursos Humanos.
A sus cercanos, Alejandro Bahamondes ha señalado que esas propuestas no las hizo directamente, sino que se realizaron a través de la mesa del PPD, de la que él formaba parte en esa fecha. El embajador, contactado por El Mostrador, declinó referirse públicamente a este caso.
La cercanía de Álvarez con el diplomático se remonta a cuando el actual director de Sernageomin quedó “huérfano” en la política, luego del alejamiento de Fernando Flores y Jorge Schaulsohn del partido, sector al que adscribía. Quienes lo conocen de ese tiempo, mencionan que fue ahí cuando decidió acercarse al sector liderado por el senador Guido Girardi, del cual Alejandro Bahamondes forma parte. De hecho, el jefe de gabinete de Álvarez, Émerson Segovia, es un reconocido girardista.
Antes, Álvarez fue militante del Partido Radical –de donde salió luego de cuestionar públicamente en 2001 a la directiva encabezada por Anselmo Sule–. Por ello, aseguran en el Ministerio de Minería, el funcionario público aún cuenta con la confianza de la ministra de la cartera, la militante radical Aurora Williams. De hecho, señalan que el ministerio no ha iniciado ningún tipo de investigación sobre este caso, y que tampoco se ha evaluado esa posibilidad, a pesar de que su nombre ha sido cuestionado por los funcionarios del servicio, y que hace meses se conoce su vinculación al escándalo de SQM.
El reclamo funcionario
Al interior del Sernageomin no hay una buena imagen de Rodrigo Álvarez. La Asociación de Funcionarios del servicio, Afusen, hizo llegar una carta a inicios de abril a distintas autoridades relacionadas con el mundo de la minería, reclamando por la permanencia del director en su cargo.
En la misiva, que se envió con copia a la ministra Aurora Williams y a los presidentes de la Cámara de Diputados y el Senado, entre otros, los funcionarios alegan que “repentinamente la Comunidad Sernageomin (sic) se ve sacudida por la noticia difundida por diversos medios de comunicación que su Director Nacional, Sr. Rodrigo Álvarez S., es incluido por Impuestos Internos en un listado de implicados en la emisión de boletas presuntamente al margen de la ley a la empresa Soquimich”.
Más adelante señalan que este caso “afecta gravemente a esta institución especializada” y, por lo mismo, manifiestan que la “actual Dirección Nacional, mientras la justicia no determine si el documento emitido se ajusta a las disposiciones legales, está inhabilitada para adoptar decisiones trascendentes para este servicio, como lo es la nominación de los Subdirectores de Geología y Minería, y asimismo respecto de la permanentemente amenazada estabilidad laboral”.
A través de una respuesta escrita, fechada el 7 de abril, Rodrigo Álvarez les contestó a los funcionarios expresando su “profunda preocupación por los dichos expuestos”. “Como es de público conocimiento, en 2012 presté servicios profesionales a SQM, consistente en la preparación y desarrollo de un estudio, propio de las materias que por mi profesión y experiencia conozco, en cumplimiento de la normativa tributaria vigente. A dicha fecha, no desempeñaba cargo público alguno y no contaba con elementos de juicio para saber que años después me desempeñaría como Director Nacional de este servicio”.
A lo anterior, Álvarez añadió que “respetando su autonomía sindical, me asiste el deber de señalar en relación con la opinión manifestada públicamente por dirigentes de Afuser, que erguirse como juzgadores no corresponde al rol de representantes para el cual han sido elegidos, y menos aún atribuirse la potestad de exigirme la inhabilidad para el ejercicio de funciones propias del cargo para el cual he sido nombrado mediante Alta Dirección Pública”.
Hasta el cierre de esta nota, en Sernageomin no respondieron a las preguntas enviadas El Mostrador.
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