"Soy inocente de los delitos que se me acusan", insiste Felipe Santana Torres, en la foto, desde la
cárcel de Alto Bonito en Puerto Montt, donde cumplió ya un año detenido y está condenado a
siete años y cuatro meses.

De los 11 casos que el Ministerio Público consideró causas por el
Estallido Social, Felipe Santana era el que tenía más imputaciones, una defensa legal más que deficiente, "rara" y
el único en prisión y condenado.

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Por Natalia Pinilla y Alfredo Peña

El Tribunal Oral en lo Penal de Puerto Montt (TOP) condenó el pasado 5 de noviembre a Felipe Santana por diversos delitos ocurridos durante la revuelta social, que incluyen un “amago” de incendio en la catedral de la capital regional. Uno de los hechos que según el Tribunal dio por acreditado fue que el 14 de noviembre de 2019, él junto a un grupo de
personas ingresó a la catedral y se apropió “con ánimo de lucro y sin la voluntad de su dueño, de al menos una banca de madera avaluada en $325.000 que se encontraba en el lugar.

Por esta razón se le imputaron los delitos de daños a bienes nacionales de uso público, hurto e incendio en inmueble habitado en grado de desarrollo frustrado. Para acreditar su participación en los delitos, la Fiscalía solo presentó el análisis de una serie de videos obtenidos de redes sociales y cámaras de seguridad.

Hasta ahora se ha acreditado que Felipe estuvo participando de la protesta social, pero no hay pruebas concluyentes de que perpetrara los delitos que se le imputan, entre ellos la destrucción de un semáforo, que de acuerdo a lo indicado por la Dirección de Tránsito del municipio estaba roto con anterioridad.

Felipe Santana de sólo 20 años, que cumplió en prisión, es residente del populoso sector de Alerce y junto a sus hermanos vivieron con una familia cuidadora que les fue asignada por el Programa de Familias de Acogida (FAE) del Servicio Nacional de Menores (Sename).

Trabajaba de mueblista y por su condición de discapacidad cognitiva, formó parte de un taller de oficios en mueblería y juguetería de madera en el Liceo Técnico Los Forjadores de Alerce, donde esperaba completar la enseñanza media. Hoy en la cárcel, mantiene sus sueños, quiere llegar a la universidad y estudiar ingeniería “aunque me cuesta más”, dice
esperanzado.


Felipe Santana, como miles de otros puertomontinos, se sumó a las protestas que desde el 19 de octubre -un día después que en Santiago- se desarrollaron en la capital de la región de Los Lagos, que han sido las protestas más masivas que se tenga recuerdo con marchas de más de 50 mil personas, en una ciudad cuya población no supera los 250 mil habitantes.

Felipe declara al respecto, “me sentí parte del estallido social, por reclamar los derechos de las personas. Es tanto el abuso, vi a mi padres y abuelos que trabajan y ganan una miseria, por eso me sumé a las protestas”.

La demanda contra el joven encarcelado fue hecha por el Ministerio Público, representado por el fiscal Marco Muñoz, la Intendencia Regional y el presbítero Daniel Acuña, representando al arzobispado de la Iglesia Católica de Puerto Montt con la asesoría legal de la abogada Angélica Paredes, quien fuera Seremi de Justicia en el Gobierno de la Nueva
Mayoría.

El joven fue detenido por Carabineros el 25 de noviembre de 2019, dos semanas después de los hechos que se le imputan y encarcelado sin ningún beneficio a pesar de su irreprochable conducta anterior.

ABOGADO NEGACIONISTA ¿INFILTRADO?

¿Por qué es el único en la región de los detenidos en el marco de la revuelta social condenado a 7 años de prisión? Su condición de pobreza, sin redes familiares fuertes, sin poder ni influencias, su déficit cognitivo facilitó que se convirtiera en el chivo expiatorio.

Así lo explicitó la Gobernadora provincial, Leticia Oyarce, en declaraciones al diario local el 20 de octubre, quien afirmó “esperamos que en este caso se haga justicia y pueda haber una condena ejemplarizadora”. En similares términos se refirieron las autoridades desde la Intendencia Regional, que solicitaron sanciones drásticas ante lo que calificaron un “desborde de la democracia”.

“Siento impotencia, indica Felipe en declaraciones a medios locales, que hayan querido culparme por algo para echarle miedo a la gente que quiere luchar por sus derechos. No tuve un juicio justo”, insiste.

Hoy su defensa está cargo en forma gratuita del abogado experto en DDHH, Fernando Leal, que asumió en fecha posterior a la dictación de condena, “nos hicimos parte en el recurso de nulidad ante la Corte Suprema y estamos a la espera de que el máximo tribunal emita pronunciamiento acerca de la admisibilidad del recurso de nulidad. Cabe señalar que el recurso tiene un doble examen de admisibilidad, primero en el tribunal de primera instancia - etapa que ya superó- y ahora en la Suprema.

"Felipe, agregó está dentro de todo tranquilo y esperando que podamos lograr su libertad. Seguiremos trabajando en eso".

La iglesia católica, sin embargo, no se hizo parte, lo que significa que no seguirá involucrada en la causa
legal.

Hasta el 5 de noviembre, fecha en se conoció el fallo del tribunal, el caso de Felipe Santana estaba completamente invisibilizado. Su defensa había quedado en manos de dos abogados del sector privado, luego que renunciara a los profesionales de la Defensoría Penal Pública, la defensa que sí acogieron los otros jóvenes procesados y con buenos resultados.

No pocos aconsejaron a Felipe continuar con la defensoría pública; pero desde la organización local creada luego de iniciado el estallido social denominada “Observadores de DD.HH.” le ofrecieron una defensa que a la larga resultaría negativa para el joven puertomontino.

Recién una semana después de haberse conocido el fallo condenatorio, uno de los abogados de la defensa, Sebastián Yuraszeck Vargas fue denunciado en redes sociales al constatarse que es negacionista, abierto opositor a las movilizaciones sociales, apoya grupos ultra derechistas y pinochetistas y es ácido crítico del INDH.

En la información que circula por redes sociales se indica que el joven abogado de 31 años, egresado de la U de Concepción “ha cometido delito de prevaricación según señalan los artículos 231 y 232 del código penal”.

El profesional cerró su cuenta en Twitter, @syuraszeck, pero ya muchos habían accedido a la información que comparte

Abogados expertos en DD.HH. señalan que es de extrema gravedad lo ocurrido, indicando que se ha levantado una alerta que busca determinar si situaciones similares se han producido con otros casos de jóvenes detenidos en el marco de la revuelta social en el resto del país.

La organización local Observadores de DD.HH., al referirse al tema en una declaración pública, deslindan relación con el abogado Yuraszeck, indicando solo que no comparten sus opiniones; pero sin profundizar en las razones por las cuales integró la defensa de Felipe Santana.

Desde organizaciones de DDHH de la capital regional insisten en conocer a fondo las razones para haber tomado este camino en la defensa del joven, ya que las consecuencias han sido muy complejas para su salud emocional y su futuro.

De acuerdo a los antecedentes publicados en el tribunal se puede verificar que Felipe nunca entregó la autorización de su defensa a ese abogado, quién lo incluyó fue Cristóbal Muñoz, abogado de la organización Observadores de DDHH, sumándose a la defensa en marzo del 2020.

Por otra parte, Felipe Santana tiene un grupo de jóvenes que nunca lo ha dejado solo y son muy críticos con respecto al accionar de esta agrupación y de la defensa de los abogados.

Todo ello hecho también en forma pública, no hoy. sino que hace mucho tiempo. También existe una queja bastante generalizada por la actitud de los dirigentes de esta agrupación por impedir la participación de otras personas interesadas en colaborar.

En declaración pública de la red de apoyo a Felipe Santana se hace una dura crítica al accionar de los abogados de la defensa, Cristóbal Muñoz y Sebastián Yuraszeck “ en primer lugar, cuando fue el momento de definir las medidas cautelares que se le aplicarían a Felipe, quien ya estaba en prisión preventiva de manera irregular, los abogados presentaron un informe social a destiempo, realizado por una trabajadora social ligada a la ODDH, lo cual jugó un rol de gran importancia en que a nuestro compañero no se le permitiera esperar el juicio con medidas cautelares menos estrictas que lo que sería estar encarcelado”.

Asimismo, indican que en el mes de agosto, “Felipe se contagió de COVID-19 dentro del encierro y durante el tiempo que estuvo internado en la ASA del centro penitenciario recibió una atención nefasta, siendo alimentado solo una vez al día y mantenido en una sala húmeda con una frazada para abrigarse. Frente a este panorama ni uno de los dos abogados,
Cristóbal y Sebastián, estaban preocupados por la situación incluso luego de ser contactados por la madre de Felipe.

La respuesta de la defensa en ese momento fue un llamado de atención a Felipe, que iba dirigido a detener cualquier tipo de agitación que se hiciera alrededor del caso, argumentando que esto afectaría el resultado final del juicio. Desde ese
momento en adelante quienes acompañamos a Felipe detuvimos nuestro accionar respetando la decisión que tomó en base al consejo de Cristóbal y Sebastián.

Anteriormente Felipe Santana había expresado su inquietud y ganas de cambiar de defensa, pero al igual que en esta situación, la respuesta que le dieron los abogados lo hicieron desistir, existiendo lo que a nuestro criterio es una manipulación. Esto se expresó a través de ideas como si te cambias de defensa ahora quedarás más años adentro o, incluso, amenazas de cobro a sus más cercanos si dejaban el cargo. En ese entonces a los más cercanos como red de apoyo, familiares y amigos ya estábamos al tanto de esto y solo nos quedó confiar, al igual que Felipe lo hizo”.

En las últimas semanas se ha levantado un cada vez más masivo movimiento en apoyo al joven Santana, por lo que se considera una sentencia injusta y excesiva, a las voces que se han alzado para apoyar a Felipe están la reconocida artista Anita Tijoux, quien aparece en el listado de las 100 mujeres inspiradoras e influyentes del 2020 según la BBC; Jorge
Coulon, de Inti Illimani, Roberto Márquez de Illapu, Ignacio Achurra y Mariana Loyola, actores, la Rata Blusera, Chancho en Piedra, entre otros artistas, cantantes, poetas, escritores.

A nivel local, también se suman organizaciones sociales y grupos ciudadanos, que a pesar de la cuarentena han hecho mítines y distintas acciones de solidaridad para apoyar la demanda de la libertad al joven preso por la revuelta social.