“Al enfatizar que si el cobre fuera chileno la educación seria gratuita, el presidente de la Fech, Gabriel Boric, ha propuesto subir al debate nacional la necesidad de que el Estado recupere íntegramente su propiedad traduciendo las demandas de millones de compatriotas por políticas nacionalizadoras de las riquezas naturales”…
Este es el primer párrafo de un artículo publicado por Punto Final, edición 763, de agosto de 2012, cuando “la revista que ayuda a pensar” circulaba en papel siempre identificando las aspiraciones y necesidades del pueblo desde todos los quioscos del país.
El entonces líder estudiantil universitario expresaba el requerimiento del mundo popular en cuanto a ver de nuevo al metal rojo como parte del Estado de Chile, en contraposición a los mezquinos intereses de ricachones transnacionales que aprovechando la debilidad de la casta política ostentan su propiedad en más de un 70%.
Transcurridos 10 años Boric es presidente de la República pero sus propósitos nacionalizadores de ayer desaparecieron hoy no se sabe con certeza por qué, pero lo concreto es que dejaron de tener vigencia y ante consultas periodísticas desde La Moneda la respuesta es que ello “no está en el programa”.
El cobre está en el tapete porque sigue siendo el sueldo de Chile aun con un porcentaje estatal minoritario, constituye el principal recurso de exportación del país y su control por parte del Estado sería de vital importancia para la ejecución de políticas públicas en favor de la población empobrecida ante las variadas crisis que la afectan.
Este 11 de julio – día de la dignidad nacional – se cumple un nuevo aniversario de su histórica nacionalización, con respaldo del Congreso, por parte del gobierno del presidente Salvador Allende en 1971. Era una transformación estructural que daba paso a la segunda independencia nacional, según la proyección del gobierno popular de la época. La soberanía de Chile era entonces un valor fundamental.
Con la dictadura las riquezas naturales chilenas – como todo – quedaron en manos de los más ricos. Sin embargo, fue el primer gobierno de la Concertación el que entregó graciosamente el metal rojo y sus beneficios a poderosas transnacionales, ante el estupor de la ciudadanía.
Ese estupor se prolonga hasta hoy al conocerse que no habrá cambios en la continuidad entreguista que favorece a grandes intereses financieros. La renacionalización del cobre, por sus indudables expectativas para la comunidad, figuraba en lugar prioritario en el programa de gobierno del Frente Amplio en la anterior elección presidencial. Curiosamente, hoy no está en ninguna parte.
Tras la dictadura, fue prioritaria para la Concertación la entrega del valioso metal en “concesión plena” en un 72% a ávidas transnacionales que con su explotación han ingresado a sus arcas cientos de miles de millones de dólares, dignos de un mejor destino. Las transnacionales son intocables para muchos políticos chilenos, que suelen recibir en sus campañas importantes “contribuciones” provenientes de tan colosal negocio.
Es sabido que las transnacionales “contribuyen” con los corruptos a cambio de no ser incomodados en sus envidiables privilegios tributarios. El actual gobierno se ha limitado a un proyecto de royalty – incluido en la reforma tributaria – que desde ya se niegan a pagar los grandes empresarios. Una anterior iniciativa sobre royalty minero duerme plácidamente en el Senado.
Si el cobre volviera a ser chileno no solo la salud y educación serian nuevamente gratuitas sino que el Estado dispondría de recursos también para reponer los empleos formales y las jubilaciones decentes. Hoy se está desaprovechando una inmejorable oportunidad que no se puede desestimar, pero “todo es perfectible” ha dicho Boric recientemente.
En este nuevo aniversario de la nacionalización del cobre se recuerdan las palabras visionarias del presidente Allende: “Es nuestra decisión que las riquezas del país sean de todos los chilenos y para los chilenos, que basados en ellas construirán una nueva vida y una nueva sociedad”.
Por Hugo Alcayaga Brisso
Valparaíso
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