Para este 11, los dirigentes convocaron a una concentración, pero no a paro:

Con la CUT fracturada, los empleados fiscales enfrentan la negociación más compleja en veinte años

Cristián Cuevas fue excluido de la Mesa del Sector Público que lidera la CUT y que integran 14 gremios; los servicios con mayor incidencia de trabajadores a contrata están temerosos de paralizar, y algunos sindicalistas de derecha han levantado la voz en reparticiones importantes del Estado.

Pablo Obregón Castro
Foto Archivo

Este año, los trabajadores del sector público enfrentarán la negociación de reajuste salarial más compleja de los últimos 20 años.

Por primera vez, los dirigentes negociarán con un gobierno con el que no comparten el mismo domicilio político; la CUT enfrenta una silenciosa disputa entre sus dos máximos líderes -Cristián Cuevas fue excluido de la mesa de negociaciones por el propio presidente, Arturo Martínez, y por un sector del PC-; los servicios más golpeados por los despidos están temerosos de movilizarse, y algunos sindicalistas de derecha han levantado la voz en reparticiones importantes, como la Cancillería, Cenabast y el ISP.

Estos síntomas de debilidad han hecho que el debate sobre el reajuste de 8,9% que solicitan los trabajadores pierda relevancia para algunos dirigentes y que, motivados por el sentido de la realidad, propongan reorientar las tratativas en busca de un acuerdo político que ponga límites a los despidos y aleje el fantasma de una razzia a fin de año.

Durante la semana, el presidente de los empleados fiscales, Raúl De la Puente, estuvo en el Congreso para pedir apoyo a los parlamentarios de la Concertación en el tema del reajuste, pero también en una materia que, en este nuevo escenario político, podría resultar clave: lograr que el gobierno reedite los incentivos al retiro de los funcionarios más antiguos y, de ese modo, dar cabida a los trabajadores a contrata que están viendo amenazados sus puestos.

El frente interno

Los cerca de cinco mil despidos que se han materializado hasta ahora en la administración central han hecho mella en el ánimo de los funcionarios. En el Sename, la Conadi o Sernam, por ejemplo, más del 70% de las personas trabajan a contrata y están expuestas a ser desvinculadas sin expresión de causa el 31 de noviembre. Sin embargo, Raúl De la Puente está convencido de que "si no luchan, los van a echar igual".

Otro dirigente dice que los servicios cuyos directores no fueron removidos tras el cambio de gobierno no estarían dispuestos a movilizarse, porque hasta ahora no han sufrido desvinculaciones masivas.

"La primera señal de debilidad la dimos el 26 de agosto, cuando el Registro Civil no se plegó al paro. Pese a que los dirigentes son del PS, no estuvieron presentes. Los servicios que no han cambiado jefatura creen que van a tener un trato distinto del Gobierno si se portan bien", dice un alto dirigente.

Para otros, las dudas de algunos servicios a la hora de paralizar tienen, sobre todo, explicaciones económicas. El Registro Civil e Impuestos Internos son las únicas dos reparticiones del Estado cuyas asignaciones variables están relacionadas con la calidad del servicio y la satisfacción de los usuarios.

"Atienden público y eso les pone una presión extra, pero sabemos que esta vez van a estar", retruca la vicepresidenta de la Anef, Nury Benítez.

Durante el conflicto que terminó con la salida del director nacional del Fosis y de sus 14 directores regionales, los trabajadores tampoco mostraron gran capacidad de reacción. Salvo algunas manifestaciones esporádicas, que no duraron más de dos horas diarias, no hubo paralización total de actividades.

En la salud municipal -que integra la mesa del sector público a través de la Confusam- también se observan grietas. Durante el paro del 29 y 30 de septiembre, los trabajadores de la zona norte de Santiago no se plegaron a la movilización, situación que el dirigente del sector, Esteban Maturana, atribuye a que "algunos trabajadores se restan cuando en los petitorios no están presentes sus temas específicos".

"No es que uno lo acepte, pero es un dato que el agotamiento y el escaso éxito de algunas movilizaciones son factores determinantes", agrega Maturana.

Históricamente, los gremios que tienen movilizaciones sectoriales muy fuertes tienen menos disposición a solidarizar con otros sectores. Los profesores, integran la Mesa, pero suelen negociar en paralelo los temas propios del magisterio.

¿Por qué Martínez y el PC bajaron a Cuevas?

La CUT encabeza la Mesa del Sector Público, pero su jefe de Conflictos, Cristián Cuevas, fue sorpresivamente excluido de las negociaciones por el propio presidente de la multisindical, Arturo Martínez, y por una parte del Partido Comunista.

El quiebre venía gestándose hace tiempo, pero terminó de agudizarse luego de que Martínez y otros sindicalistas moderados se negaran a convocar a un paro nacional para este 11 de noviembre -movilización que históricamente ha sido utilizada para dar una señal de fuerza al gobierno- y optaran por una concentración en la Plaza los Héroes, dice un integrante de la Mesa

Aunque prefiere no detallar las razones que tuvo la Central para excluirlo, Cuevas advierte que los resultados de "esta negociación van a ser una oportunidad para consolidar el sindicalismo que tenemos o para hacer que emerjan nuevos liderazgos".

También será un buen barómetro para visibilizar cuán influyentes fueron los gobiernos de la Concertación a la hora de manejar el comportamiento de los dirigentes afines.

Durante la administración de la ex Presidenta Bachelet, el país perdió 7,2 millones de días-hombre de trabajo a causa de los paros del sector público, cifra que supera largamente los niveles de conflictividad que se observaron durante los últimos 20 años.

Entonces, algunos dirigentes reconocían que la movilización social era funcional con el programa de transformaciones que promovía la ex Presidenta y que, cuando vislumbraron la posibilidad de la derrota (fines de 2009) simplemente apuraron el paso.

Fuentes de la Anef temen que la posición "condescendiente" mostrada hasta ahora por la CUT desemboque en un desencuentro mayor con los otros gremios que integran la mesa del sector público, tal como ya ocurrió en 2007. Ese año, la Anef no apoyó la última oferta del Ejecutivo, pero se encontró con que esa misma noche el coordinador del sector público, Arturo Martínez, firmó el pacto.

Hace unas semanas, la tensión entre Martínez, la Anef y la Asemuch (empleados municipales) llegó a su punto de máxima tensión, luego que el presidente de la CUT llegara a una de las reuniones del sector público con un trato prácticamente cerrado con el Gobierno por un reajuste de 6%. "Las cosas no pasaron a mayores sólo porque no podemos llegar de entrada a negociar con la Mesa quebrada, pero hay mucha molestia. No puede ser que el voto de la Anef y de los municipales que están por movilizarse pese lo mismo que el de los gremios chicos", dice un integrante de la mesa.

No hay brecha salarial

Durante los últimos 20 años, la brecha salarial entre empleados públicos y privados ha ido desapareciendo.

Un estudio realizado por el académico de la Universidad Católica Carlos Portales muestra que, en términos generales, los funcionarios del Estado reciben mejores remuneraciones que sus pares del mundo privado, salvo en el tramo de ingresos altos. Ningún empleado fiscal gana menos de $238 mil, y el promedio ronda los $477 mil.

Además, hay servicios con regímenes especiales, como Impuestos Internos y la Tesorería, donde operan con relativa efectividad los estímulos relacionados con metas objetivas, como disminución de la evasión y recaudación de deuda morosa, lo que permite que los fiscalizadores constituyan una categoría aparte.