Guatemala: ¿Qué sucedió en Totonicapán?

Imágenes: Centro de Medios Independientes de Guatemala

Por Jorge Agurto

Servindi, 6 de octubre, 2012.- Una protesta pacífica de indígenas k’iches contra el alza de las tarifas eléctricas fue innecesariamente reprimida el jueves por el Ejército, lo que provocó siete muertos y más de treinta heridos de bala entre los civiles. Del otro lado, ocho soldados recibieron golpes y rasguños.
El Centro de Medios Independientes de Guatemala (CMI-G) reportó en su cuenta de facebook que los muertos civiles durante la jornada de protesta se elevó a nueve con los fallecidos en cuatro caminos en el occidente del país y la muerte en la mañana de hoy de un estudiante que se hallaba con heridas de gravedad.
El Centro señala que hay heridos por esquirlas de granada de fragmentación, situación que coincide con las denuncias del sobrevuelo de helicópteros militares quienes serían los responsables de estas agresiones.
Los nombres de siete de las víctimas confirmadas el jueves son: Rafael Nicolás Batz Menchú, José Eusebio Puac Ordóñez, Jesús Francisco Ordóñez, Santos Nicolás Menchú Fernández, Jesús Baltazar Puac, Arturo Felix Sapón Yax y Domingo Pascual Solís.
La brutal agresión criminal fue condenada por organizaciones nacionales e internacionales que exigen investigar y sancionar a los responsables de las víctimas que fueron sepultadas el viernes, acompañadas por más de cinco mil personas en un clima de dolor e indignación.
La protesta fue organizada por miles de indígenas pertenecientes a 48 cantones del departamento de Totonicapán, unos 170 km al oeste de la capital, la que bloqueó tramos de la carretera interamericana.
Las demandas principales eran rechazar el alza de la energía eléctrica por parte de la empresa inglesa Energuate (antes DEOCSA), rechazar las reformas constitucionales así como la extensión de la carrera magisterial, tres peticiones respaldadas por el movimiento popular nacional.
El Consejo Político 13 Baktún indica que el sector empresarial obtiene grandes ganancias con tarifas abusivas aprovechando los ríos para obtener energía; que la reforma magisterial pretende profundizar la privatización de la educación y que la reforma constitucional del Presidente busca favorecer a grandes empresarios y eliminar derechos indígenas.
Dicho consejo, constituido por actores sociales y políticos mayas, instó a la comunidad internacional a crear una comisión para observar de manera permanente los hechos de represión, militarización y persecución de indígenas y líderes comunitarios de varias regiones del país.?

El quiebre de la paz

La acción de violencia rompió el clima de diálogo iniciado y ha sido calificada como la “primera masacre militar” contra indígenas luego de la firma de la paz en 1996 afirmó un activista político y exguerrillero guatemalteco.
“Lo ocurrido en Totonicapán es la primera masacre, después de la firma de la paz, en contra de la población indígena”, declaró a la agencia Efe Miguel Ángel Sandoval, activista político y exguerrillero guatemalteco. El acuerdo de paz puso fin a una guerra interna de 36 años (1960-1996).
“Fue una agresión brutal e innecesaria” en contra de pobladores que “manifestaban su inconformidad” con decisiones y políticas del Gobierno. “Fue una masacre, una violación grosera a los acuerdos de paz, de la que se deben deducir responsabilidades penales” agregó Sandoval.
El nuevo gobierno está encabezado por el ex general del Ejército de Guatemala Otto Pérez Molina, y las principales ocho carteras de su gobierno están en manos de militares retirados. Además, en la función pública se encuentran un gran número de militares egresados de caibil, una especialidad de legionario en el ejército guatemalteco.

Condena a la violencia y la militarización

Instituciones de derechos humanos expresaron su temor de que se reinicie una espiral de violencia y muerte que conduzca al país al abismo y al genocidio, en especial afectando a los pueblos indígenas, como ocurrió en el pasado.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala (Oacnudh) condenó la muerte de los indígenas y los más de 40 heridos ocasionados en la zona suroccidental del departamento de Totonicapán.
La Oacnudh expresó su solidaridad con las familias de las víctimas fatales así como su respaldo a las comunidades indígenas, particularmente con los 48 cantones de Totonicapán.

Los hechos

A pesar de las diversas versiones sobre los hechos las evidencias confirman que fueron agentes antidisturbios de la Policía Nacional Civil y del Ejército quienes iniciaron los disparos contra los manifestantes, temerosos de ser agredidos.
Las fuerzas de seguridad pretendían desbloquear varios tramos de la carretera interamericana con lacrimógenas y en medio de la trifulca un grupo de militares abrió fuego.
Lo curioso es que mientras ocurrían los incidentes, el jefe de Estado Otto Pérez se reunía en Casa Presidencial con los representantes comunitarios para discutir sobre sus peticiones.
Incluso, según Mauricio López Bonilla, ministro de Gobernación, el mandatario habría dado la orden para dejar sin presencia policial y militar el sector en conflicto, de acuerdo a una exigencia de los delegados indígenas.
Gilberto Pérez, presidente de la Asociación de Alcaldes Indígenas de Totonicapán, afirmó que el ataque se produjo a pesar que la manifestación era pacífica y la gente no portaba armas de ningún tipo.
El presidente guatemalteco, Otto Pérez, aseguró el jueves que el ataque no provino de los soldados sino de civiles que pasaban por el lugar a bordo de un camión. Sin embargo, luego modificó su versión.
El viernes, el presidente aceptó que los militares “dispararon” pero “al aire”. “Temieron por su vida porque estaban diciendo que los iban a incendiar y a quemar”, admitió el mandatario al detallar que de los 11 soldados que iban armados siete accionaron sus fusiles.
Fotografías que muestran a un soldado con fusil en mano en posición de ataque, y testimonios de los manifestantes desmienten la versión presidencial y acusan a los militares de disparar de forma indiscriminada.
Además, se han hallado casquillos de munición para fusiles M-16, utilizados por el Ejército para acciones de guerra. Su uso en la represión de protestas ciudadanas constituye tortura según resoluciones del Comité de Naciones Unidas Contra la Tortura.

Sociedad civil exige desmilitarización y democracia

Un manifiesto de una amplia red de organizaciones sociales de Guatemala observó que el Estado de Guatemala ha sido sancionado en reiteradas ocasiones por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por usar armas de guerra en acciones de control civil.
Exigen la desmilitarización de las fuerzas de seguridad, el retiro de unidades militares en acciones de seguridad pública, derogar el decreto 40-2000 que faculta los patrullajes conjuntos y se retomen los acuerdos de paz, “en particular el Acuerdo de Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática -AFPC-”.
Finalmente, llamaron a las autoridades políticas, legislativas y sector privado a que se abandonen las prácticas autoritarias y se asuman normas de convivencia democrática real y no demagógica, que corresponden a una cultura democrática en el marco del estado de derecho.