- Edison Ortiz
- Dr. y profesor universitario.
El subsecretario Aleuy pronunció, a las 15:42
horas del pasado lunes, la frase de que “las autoridades tienen
identificados a dos sospechosos que escaparon en un vehículo” (Radio Agricultura)
y que “estaban trabajando sobre algunas imágenes para su captura”. Ya a
una semana de la explosión, no sabemos con precisión qué quiso decir
Aleuy con ello, pues está claro que los autores materiales del hecho aún
permanecen en la penumbra, aunque sí sabemos quién ganó con el
episodio: la conmemoración de los 41 años del Golpe y sus víctimas, fue
sustituida esta vez por la temática de la seguridad. Quien puso el
artefacto, trabajó en favor de la derecha conservadora, que se tomó la
agenda y salió a pedir “más policías” y “atribuciones”. Y entendemos,
por las palabras tanto de la Presidenta como del subsecretario, que el
gobierno asumió ese reclamo. Dado el tremendo impacto comunicacional del
bombazo, y del pánico e histeria provocados, cabe preguntarse entonces
¿qué es lo que está identificado?
¿Será que a partir del publicitado hecho los chilenos identificamos
que no hay personal especializado por una cuestión de traumas –la DINA y
la CNI en dictadura–, como lo pudimos constatar luego del terremoto,
cuando no se quiso sacar a las Fuerzas Armadas a la calle? ¿O
identificamos la ausencia de recursos humanos capacitados en un medio
donde domina sin contrapeso el amateurismo? No olviden que la
primera de las 96 bombas que han estallado fue puesta precisamente en
un basurero del edificio de la ANI en 2006; tampoco hay que profundizar
mucho sobre dicha carencia, pues los pocos profesionales existentes
provienen del mundo policial, lo que genera mucha desconfianza en los
gobiernos progresistas, mundo que, alguna vez, tuvo sus expertos –con
formación en la RDA y Cuba–, pero que a inicios de los 90 se
reconvirtieron y dedicaron más bien a otros negocios.
¿Serán las diferencias al interior del comité policial, prácticamente sin funcionamiento hasta hace muy poco, dado que la actual autoridad delegó en una ciudadana extranjera –pareja a su vez de un ciudadano norteamericano–, su representación, motivo por el cual en esa instancia las policías se inhibían de opinar sobre materias de seguridad? A más de un experto le constan las dificultades que ello generaba y que en su oportunidad fueron planteadas a las autoridades del Ministerio de Defensa. A menos que el subsecretario crea que el jefe de la inteligencia nacional fácilmente iba a hablar de temas duros de la cartera en presencia de una extranjera.
¿O es que el subsecretario quiso decir con ello que estaba identificada la gestión precaria de Antonio Frey, hombre de confianza de Harboe, en la Subsecretaría de Prevención del delito, y cuya nominación se originó más bien por temas de gestión de proyectos más que por naturaleza de la propia cartera y quien ha tenido bastantes dificultades para posesionarse como el hombre a cargo de la instancia que reemplazó a las ex Subsecretarías de Carabineros e Investigaciones (que hoy son subdivisiones) y quien por naturaleza debiera coordinar a ambas más la ANI y al resto de los representantes en el comité? Por ahora solo se sabe que dicha Subsecretaría está transformada en “la Corfo del delito” o en el “Sercotec de la seguridad”, en el sentido de que solo sirve para mediar la distribución de recursos a otras entidades públicas, las que ejecutan esas platas, como se sabe, sin un modelo de intervención.
¿O es que Aleuy con dicha sentencia quiso referirse a que están identificadas las deficiencias del modelo de gestión y análisis de seguridad que fue pensado para la transición, pero que ya no responde ni sirve a una democracia consolidada, con una ciudadanía más activa y más demandante y que, al parecer, se enfrentará en la calle “a la mano dura” de la Presidenta?
¿O es que estarán identificadas las falencias de la propia ANI, que –según los expertos– no tiene personal especializado ni menos está preparada para este tipo de desafíos? Que en ciudades con una alta conflictividad como Temuco cuenta con apenas seis encargados, que en Valparaíso, con un movimiento portuario y estudiantil potente, apenas con cuatro, y en Maule uno solo. Que además opera, y Gustavo Villalobos es un buen ejemplo, con una política básica diseñada para enfrentar los retos de inicios de los 90, pero que hoy no es capaz de responder a los desafíos planteados por una democracia consolidada donde la ciudadanía es más activa y no solo pide sino que ejerce derechos. Una ANI cuya gestión, como se sabe, se fue precarizando con el tiempo, hasta llegar al hoyo en que la dejó Yuseff durante el mandato de Piñera.
Porque, digámoslo con todas su letras, tenemos un Estado chileno que respecto de las políticas públicas en seguridad (como en otras áreas) se quedó en el modelo de la transición, y no ha sido capaz de consolidar una mirada en consonancia con una democracia estable, que no tiene respuestas para el creciente narcotráfico que se profundizará con la iniciativa de la repatriación de capitales, que no ha dado el ancho para comprender a los nuevos movimientos sociales, que no solo tienen maneras originales de organizarse y resolver sino que, también, poseen bastante autonomía respecto de las organizaciones políticas tradicionales. Que, por lo tanto, no se disolverá o aplacará con la incorporación del Partido Comunista al gobierno, ni con la pura lógica de la represión ofrecida por la Presidenta, que es lo que ocurrirá probablemente dadas las señales emitidas desde el gobierno, que tampoco entiende que los nuevos activistas no cuadran con el perfil clásico del muchacho de población de los 80 que se iba a militar al MIR, al PC o a una de las fracciones del PS; que más bien son chicos(as) de clase media alta venida a menos, que viajan harto, que fueron excluidos del Estado –los altermundistas, les llama David de Ugarte– por el reparto del botín que hizo la derecha y la Concertación y que crecen al alero de esas zonas grises, donde el Estado no llega por su propia definición o donde es incapaz de mantenerse por su pérdida de potencial económico, y que ya, en otros países, empiezan a construir paraestados y redes criminales transnacionales. Allí, sea por la desidia de la elite política o la ausencia de Estado, creció Hamas, Al Qaeda, el Primero Comando da Capital en Sao Paulo, o los carteles mexicanos que ya están incrustados en el Estado mexicano y de lo cual será muy difícil desprenderse. En Chile, en ese mismo espacio, se han multiplicado también los anarquistas y encapuchados de todo tipo, que tienen apellidos de inmigrantes, que vienen de familias con pasado esplendoroso pero que el reparto del botín los privó de acceso a las posibilidades de competir, al mismo tiempo que les negó la protección clientelar, porque el Estado subsidiario los abandonó y que ahora, por boca de la Presidenta, además, los reprimirá. Ese Estado que no entiende que la destrucción social hoy no es homogénea ni está organizada verticalmente. Por el contrario, en una sociedad tan fragmentada como la nuestra la hecatombe puede venir de distintas direcciones y con fines disimiles. Es la crónica de un conflicto anunciado, donde la bomba resulta ser la consecuencia y no la causa del problema. Un Estado, como se ha anunciado, que solo actuará en ese escenario con el método tradicional, puede concluir dando una respuesta errada, y cuyos efectos nocivos termine pagando quien lo lidera.
Este es el verdadero debate, ausente hasta ahora, sobre el bombazo y no la clásica y elíptica respuesta manifestada esta vez por boca de Aleuy, de que “mientras las policías tengan más facultades, podrán operar de manera más eficaz” y cuyo significado la propia Presidenta se encargó de aclarar: “No nos temblara la mano para castigar a los autores de atentado”. A buen entendedor pocas palabras.
Porque la respuesta a un problema tan complejo como el descrito no puede venir ni de un operador político exitoso de la plaza, con una matriz cultural propia del Chile de los 90, ni menos de una militarización del Estado, como están exigiendo otros, ni menos de la creación de policías especiales ni secretas, pues ya sabemos, a través del Cesid, lo que ocurrió en España cuando estas organizaciones acabaron su trabajo: comenzaron a espiar a los protagonistas políticos, con consecuencias fatales sobre la actividad pública. Trescientos anarquistas y/o encapuchados no son motivo suficiente para la creación y mantención por parte del Estado de servicios especializados de los cuales es muy difícil luego desembarazarse, ni menos reprimir a ciegas, solo para dar una respuesta satisfactoria al mundo más conservador o a una difusa opinión pública. El Estado, en esta materia como en tantas otras, debe abandonar el siglo XX y adentrarse en la modernidad que exigen las democracias estables. Es decir, debe saber defenderse, pero también con respuestas y lógicas que den cuenta de la compleja realidad presente y que no estén ancladas en miedos, traumas o la tradicional mano dura. La complejidad del momento exige una respuesta innovadora y acorde a un problema viejo que el propio Estado generó.
¿Serán las diferencias al interior del comité policial, prácticamente sin funcionamiento hasta hace muy poco, dado que la actual autoridad delegó en una ciudadana extranjera –pareja a su vez de un ciudadano norteamericano–, su representación, motivo por el cual en esa instancia las policías se inhibían de opinar sobre materias de seguridad? A más de un experto le constan las dificultades que ello generaba y que en su oportunidad fueron planteadas a las autoridades del Ministerio de Defensa. A menos que el subsecretario crea que el jefe de la inteligencia nacional fácilmente iba a hablar de temas duros de la cartera en presencia de una extranjera.
¿O es que el subsecretario quiso decir con ello que estaba identificada la gestión precaria de Antonio Frey, hombre de confianza de Harboe, en la Subsecretaría de Prevención del delito, y cuya nominación se originó más bien por temas de gestión de proyectos más que por naturaleza de la propia cartera y quien ha tenido bastantes dificultades para posesionarse como el hombre a cargo de la instancia que reemplazó a las ex Subsecretarías de Carabineros e Investigaciones (que hoy son subdivisiones) y quien por naturaleza debiera coordinar a ambas más la ANI y al resto de los representantes en el comité? Por ahora solo se sabe que dicha Subsecretaría está transformada en “la Corfo del delito” o en el “Sercotec de la seguridad”, en el sentido de que solo sirve para mediar la distribución de recursos a otras entidades públicas, las que ejecutan esas platas, como se sabe, sin un modelo de intervención.
¿O es que Aleuy con dicha sentencia quiso referirse a que están identificadas las deficiencias del modelo de gestión y análisis de seguridad que fue pensado para la transición, pero que ya no responde ni sirve a una democracia consolidada, con una ciudadanía más activa y más demandante y que, al parecer, se enfrentará en la calle “a la mano dura” de la Presidenta?
¿O es que estarán identificadas las falencias de la propia ANI, que –según los expertos– no tiene personal especializado ni menos está preparada para este tipo de desafíos? Que en ciudades con una alta conflictividad como Temuco cuenta con apenas seis encargados, que en Valparaíso, con un movimiento portuario y estudiantil potente, apenas con cuatro, y en Maule uno solo. Que además opera, y Gustavo Villalobos es un buen ejemplo, con una política básica diseñada para enfrentar los retos de inicios de los 90, pero que hoy no es capaz de responder a los desafíos planteados por una democracia consolidada donde la ciudadanía es más activa y no solo pide sino que ejerce derechos. Una ANI cuya gestión, como se sabe, se fue precarizando con el tiempo, hasta llegar al hoyo en que la dejó Yuseff durante el mandato de Piñera.
Porque, digámoslo con todas su letras, tenemos un Estado chileno que respecto de las políticas públicas en seguridad (como en otras áreas) se quedó en el modelo de la transición, y no ha sido capaz de consolidar una mirada en consonancia con una democracia estable, que no tiene respuestas para el creciente narcotráfico que se profundizará con la iniciativa de la repatriación de capitales, que no ha dado el ancho para comprender a los nuevos movimientos sociales, que no solo tienen maneras originales de organizarse y resolver sino que, también, poseen bastante autonomía respecto de las organizaciones políticas tradicionales. Que, por lo tanto, no se disolverá o aplacará con la incorporación del Partido Comunista al gobierno, ni con la pura lógica de la represión ofrecida por la Presidenta, que es lo que ocurrirá probablemente dadas las señales emitidas desde el gobierno, que tampoco entiende que los nuevos activistas no cuadran con el perfil clásico del muchacho de población de los 80 que se iba a militar al MIR, al PC o a una de las fracciones del PS; que más bien son chicos(as) de clase media alta venida a menos, que viajan harto, que fueron excluidos del Estado –los altermundistas, les llama David de Ugarte– por el reparto del botín que hizo la derecha y la Concertación y que crecen al alero de esas zonas grises, donde el Estado no llega por su propia definición o donde es incapaz de mantenerse por su pérdida de potencial económico, y que ya, en otros países, empiezan a construir paraestados y redes criminales transnacionales. Allí, sea por la desidia de la elite política o la ausencia de Estado, creció Hamas, Al Qaeda, el Primero Comando da Capital en Sao Paulo, o los carteles mexicanos que ya están incrustados en el Estado mexicano y de lo cual será muy difícil desprenderse. En Chile, en ese mismo espacio, se han multiplicado también los anarquistas y encapuchados de todo tipo, que tienen apellidos de inmigrantes, que vienen de familias con pasado esplendoroso pero que el reparto del botín los privó de acceso a las posibilidades de competir, al mismo tiempo que les negó la protección clientelar, porque el Estado subsidiario los abandonó y que ahora, por boca de la Presidenta, además, los reprimirá. Ese Estado que no entiende que la destrucción social hoy no es homogénea ni está organizada verticalmente. Por el contrario, en una sociedad tan fragmentada como la nuestra la hecatombe puede venir de distintas direcciones y con fines disimiles. Es la crónica de un conflicto anunciado, donde la bomba resulta ser la consecuencia y no la causa del problema. Un Estado, como se ha anunciado, que solo actuará en ese escenario con el método tradicional, puede concluir dando una respuesta errada, y cuyos efectos nocivos termine pagando quien lo lidera.
Este es el verdadero debate, ausente hasta ahora, sobre el bombazo y no la clásica y elíptica respuesta manifestada esta vez por boca de Aleuy, de que “mientras las policías tengan más facultades, podrán operar de manera más eficaz” y cuyo significado la propia Presidenta se encargó de aclarar: “No nos temblara la mano para castigar a los autores de atentado”. A buen entendedor pocas palabras.
Porque la respuesta a un problema tan complejo como el descrito no puede venir ni de un operador político exitoso de la plaza, con una matriz cultural propia del Chile de los 90, ni menos de una militarización del Estado, como están exigiendo otros, ni menos de la creación de policías especiales ni secretas, pues ya sabemos, a través del Cesid, lo que ocurrió en España cuando estas organizaciones acabaron su trabajo: comenzaron a espiar a los protagonistas políticos, con consecuencias fatales sobre la actividad pública. Trescientos anarquistas y/o encapuchados no son motivo suficiente para la creación y mantención por parte del Estado de servicios especializados de los cuales es muy difícil luego desembarazarse, ni menos reprimir a ciegas, solo para dar una respuesta satisfactoria al mundo más conservador o a una difusa opinión pública. El Estado, en esta materia como en tantas otras, debe abandonar el siglo XX y adentrarse en la modernidad que exigen las democracias estables. Es decir, debe saber defenderse, pero también con respuestas y lógicas que den cuenta de la compleja realidad presente y que no estén ancladas en miedos, traumas o la tradicional mano dura. La complejidad del momento exige una respuesta innovadora y acorde a un problema viejo que el propio Estado generó.
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