Políticos creen que tener agentes encubiertos ayudaría a la investigación de grupos terroristas

Por Equipo Cambio21
Desde las distintas áreas de la política parece haber un acuerdo en cuanto al uso de "agentes especiales" que puedan insertarse en aquellos grupos que causan pánico en la comunidad con sus acciones terroristas. También descartan que se pueda caer en las malas prácticas que hubo en el país con la CNI y la DINA.
Desde la explosión que se registró en el centro comercial Sub Centro, ubicado en la estación de Metro Escuela Militar, es que las autoridades decidieron tomar mayores resguardos en cuanto a la seguridad pública, por lo que el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, comunicó que el gobierno se prepara para fortalecer  a la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), lo que permitirá el uso de agentes encubiertos y al organismo tener atribuciones esencialmente operativas y mayor acceso a otras maneras de obtener información.

Luego de que se ha cuestionado la aplicación de la Ley Antiterrorista, hasta ahora la mejor opción parece ser la idea de contar con personal especializado que sea capaz de infiltrarse en los grupos que causan terror en la sociedad, con la finalidad de reunir información que permita a la justicia actuar en esta materia.

En cuanto al uso de estos agentes parece haber consenso en cuanto a las facultades que debieran tener estos agentes. En entrevista con Cambio21, el diputado Marcelo Schilling (PS), comentó que "hay distintos tipos de agentes encubiertos, según la ley, algunos son facultados dentro del Estado de derecho con respecto a los procedimientos judiciales y a la entrega de pruebas que puedan ayudar a la evaluación y decisión de los jueces, a otros sólo se les limita a reunir información de inteligencia que sirva para prevenir o perseguir delitos cometidos por organizaciones que recurren a la violencia con el propósito de imponer sus términos, lo que vulgarmente es conocido como terrorismo y, también está la capacidad de reclutar informantes que pertenezcan a la organización que se busca perseguir y que la han abandonado por diversas razones, para lo que hay que orientarlos en su labor, sino su información carece de valor".

Con respecto a lo mismo, el diputado Arturo Squella (UDI), expresó a Cambio21 que "en general las facultades que se tienen en función de  investigaciones se relacionan con la ley de drogas y eso debiera ampliarse en el ámbito de la Ley 18.314 y radicarse, evidentemente, en las policías, que son quienes naturalmente desarrollan este tipo de actividades".

Entre las declaraciones que se han manifestado de un lado y del otro de la política, llama la atención las declaraciones del diputado Lautaro Carmona (PC), quien advirtió sobre la debilidad de utilizar este tipo de agentes, ya que compromete las tareas del Estado. Además, hizo alusión a que se podrían utilizar a aquellos funcionarios de la Central Nacional de Inteligencia (CNI) que quedaron cesantes al recobrarse la democracia.

Con relación a estos dichos, Schilling explicó que "yo entiendo la suspicacia del diputado Carmona por todo lo que nos tocó vivir a quienes persiguió la CNI y la DINA. Pero eso supone que (lo que plantea Carmona) sería un descuido de los gobiernos democráticos, de sus funcionarios y de las autoridades políticas".

En tanto que el parlamentario de la UDI comentó que "me da la impresión que está hablando de personas que bordearían los 80 años en este momento, entonces no sé si tiene algún sentido o lógica lo que está diciendo".