Carlos Tudela: el lobbista DC salpicado en caso SQM y su nexo con el holding de farmacias Cruz Verde
Tras verse involucrado Carlos
Tudela García –hijo homónimo del lobbista de la falange– en el caso SQM,
la sociedad fundada por su padre es perseguida por el SII ante
presuntas irregularidades tributarias. El caso abre un flanco peligroso
para la DC y amenaza con llegar a otras compañías, como Socofar, la
matriz de la cadena de farmacias.
Pasó poco más de un mes de las declaraciones de Bischof y la Fiscalía citó a declarar a Tudela García para el 23 de junio próximo, tras encontrar tres boletas sin respaldo emitidas por él a SQM Salar, filial de la minera. Así, era cosa de tiempo para que el Servicio de Impuestos Internos (SII) tomara las riendas del asunto. A mediados de mes se efectuó una denuncia ante la autoridad tributaria contra Servicios de Visión y Gestión Estratégica Limitada, sociedad fundada por Tudela Aroca y sus dos hijos –Carlos y Daniela–, por presuntas irregularidades impositivas.
Esta sociedad es conocida en el Congreso por sus asesorías a distintos parlamentarios DC, pero también por el sector privado. En 2014, por ejemplo, Tudela defendió los intereses de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), en plena discusión sobre el fortalecimiento del Sernac, y dos años antes a los notarios que se oponían al entonces ministro de Economía, Pablo Longueira, quien quería facilitar la creación de empresas en un día.
Servicios de Visión y Gestión Estratégica se constituyó en octubre de 2012, con Carlos Tudela Aroca como único propietario, pero en junio de 2013 hubo una modificación que dejó a sus hijos como únicos dueños. Tudela Aroca les cedió la totalidad de sus derechos a Daniela y Carlos a cambio de $1 millón de pesos cada uno, un coste menor para una consultora que precisamente este año tuvo ingresos por más de $74 millones por asesorías a miembros de la DC, según constató un reportaje de Ciper Chile.
En los primeros meses de 2014, esta sociedad cobró por sus servicios a los diputados DC Eduardo Cerda, Ricardo Rincón y Jorge Sabag, cada uno por $5.084.550, y también a Víctor Torres ($726.364). El detalle de estas prestaciones en general es similar para todos: “La elaboración de informes temáticos, seguimiento en comisiones y proyectos requeridos por el solicitante, reportes mensuales de las diversas actividades del solicitante, asesorías sobre materias y asuntos técnicos, económicos, políticos, sociales, jurídicos, legislativos y análogos para asistir la labor parlamentaria”.
La denuncia
La denuncia del SII está dirigida contra Servicios de Visión y Gestión Estratégica Limitada y Carlos Tudela Aroca, aunque se gestó por un tema muy distinto, específicamente por una causa familiar que enfrenta este con su ex esposa.Tudela sostiene no tener ingresos como para pagar la pensión alimenticia del hijo que tuvo con María Yalena Chávez. Bienes como un departamento en Las Condes y el automóvil Mercedez Benz que ocupa no están a su nombre, sino que son arrendados o son de propiedad de sus hijos. Con el fin de refutar lo que declara sobre su situación financiera, la parte acusadora en esta causa familiar halló antecedentes en los que Tudela aparece solicitando emisiones de boletas por servicios profesionales y, de esta manera, liberar el pago de la pensión de alimentos para su hijo. El tema es que se presume que dichas boletas tendrían el objeto de recolectar pagos destinados a políticos asesorados por él, según se afirmó al SII.
En un correo enviado en marzo de 2013 por Tudela Aroca a su hija Daniela y a la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales de Chile, con copia a su ex esposa, hay registros de las relaciones que tiene con al menos dos diputados de la DC: Jorge Sabag, quien a principios de mes se restó de la delegación chilena en La Haya por la demanda boliviana tras aludir al pasado bélico de Chile y que antes ya había concentrado una fuerte atención mediática tras un controvertido proyecto “antimemes”; y Ricardo Rincón, quien en 2013 lideró un requerimiento al Tribunal Constitucional (TC) que buscaba frenar el ya referido proyecto de Longueira.
Uno de estos correos dice textual:
“Daniela,
Ando en el centro avísame cuando me puedes pasar formularios diputado Sabag
Deposite a Yale $400.000 de Rincón así que mi saldo Strateggia es solo de $1.600.000
Gracias socios”.
En otro correo de mayo de ese año, su ex esposa le escribe: “No es buena idea que tenga que emitirte boletas para obtener la pensión de alimentos, así es que esperaré a hoy que me cursen el depósito hasta las 16 horas, de lo contrario anularé la boleta por estos servicios que no presté a tu empresa, y que reitero, no seguire emitiendo para justificar tus gastos por concepto de pensión alimenticia” (sic).
Strateggia es la empresa controlada por Servicios de Visión y Gestión Estratégica Limitada. Está compuesta por Carlos y Daniela Tudela García. En su web afirma que presta servicios de asesoría en temas comerciales y legislativos. “Los valores reconocidos por nuestros clientes son el profesionalismo, la confidencialidad, la integridad, el trabajo personalizado y el contar con vínculos claves”, afirma.
Consultado Carlos Tudela Aroca por la denuncia en su contra y de Servicios de Visión y Gestión Estratégica, afirmó que “no tengo ninguna notificación sobre la materia”.
Respecto de la presunción sobre la participación de dicha sociedad y Strateggia en aportes a campañas políticas, Tudela sostiene que “jamás se ha prestado para alguna acción como esa”.
El vínculo con Socofar
Este medio confirmó con fuentes que prefirieron guardar reserva de su identidad que Servicios de Visión y Gestión Estratégica trabajaba para el holding propietario de Farmacias Cruz Verde, principalmente en gestiones de lobby que se hacían en conjunto con el ex gerente de asuntos corporativos de Socofar, Luis Fernando Laso.Las necesidades de la compañía han sido varias, desde influir en la Ley de Fármacos tramitada en 2011 hasta prepararse para un potencial conflicto diplomático, debido a una disputa que tiene el holding en Costa Rica.
Controlado por la familia Harding, Socofar es un gigante en la industria de la salud. Es dueño de Oncovida, una de las redes oncológicas más grandes del país y participa en toda la cadena de prestaciones médicas. Es dueño de Laboratorios MintLab, de Socofar Comercial (empresa que vende insumos médicos y remedios, proveedor también de la Cenabast); Socofar logística, sociedad que se encarga de distribuir los medicamentos; y Cruz Verde, una de las cadenas de farmacias más grandes del país.
También tiene participaciones en la industria inmobiliaria. Es dueño de Inmobiliaria Sol Naciente (ISN), domiciliada en la Quinta Región, donde ejecuta proyectos de vivienda y oficinas; y también de Inversiones Urbanas (IU), compañía dedicada principalmente a la construcción de strip centers y centros comerciales, en general.
Con 12 mil empleados, Socofar es un holding que factura cerca de US$2.000 millones, según sostienen sus conocedores. Ha crecido con fuerza, logrando expandirse incluso más allá de Chile. En 2011 adquirió el 50% de CEFA, empresa distribuidora de productos farmacéuticos en Costa Rica y Centroamérica; sin embargo, hoy parece haber dado un giro, pues busca compradores para su participación en Costa Rica y puso en venta Cruz Verde.
La relación no ha sido fácil con sus socios en Costa Rica, la familia Garnier. El año pasado, estos últimos acudieron a tribunales para presentar una querella por extorsión simple y administración fraudulenta en contra de Guillermo Harding, controlador de Socofar, y de su estrecho grupo de asesores, incluyendo a su brazo derecho: el abogado Felipe Muñoz. Conocedores de este asunto sostuvieron que dicha pelea supuso un potencial conflicto diplomático entre ambos países, por lo que Harding y compañía fueron fuertemente asesorados para enfrentarlo.
Fuentes explican, asimismo, que Laso fue la cara visible de Cruz Verde en el lobby que protagonizaron las farmacéuticas en la Ley de Fármacos de 2011, todas negociaciones que el entonces ministro de Salud, Jaime Mañalich, llegó a calificarlas como “el lado oscuro de la fuerza”. Entre febrero y marzo de este año, Laso renunció para armar su propia empresa de lobby, aunque se mantendría en Socofar por tres meses más.
El ejecutivo era el único que no estaba obligado a rendir cuentas y quienes lo conocen saben que no escatimaba en gastos. Era el responsable de organizar reuniones sociales con parlamentarios en restaurantes del sector oriente de la capital y de la V Región, además de su propio domicilio particular.
En plena discusión de la Ley de Fármacos, diputados como Ricardo Rincón, Jorge Sabag y Víctor Torres se opusieron a ampliar la venta de medicamentos más allá de las farmacias. Una pelea en la cual Cruz Verde llamó la atención por el lobby desplegado, pero que todavía espera nuevas batallas, considerando algunas implementaciones que establece la Ley de Fármacos, vigente desde febrero del año pasado.
Algunas de aquellas tienen relación, por ejemplo, con el fraccionamiento, el cual busca que las farmacias puedan vender productos en porciones, para que a los pacientes les sea posible comprar sólo la cantidad de medicamentos que necesitan y no una caja entera. Para estas implementaciones, la Comisión de Salud es clave. Víctor Torres es miembro de dicha instancia, mientras que el PS Juan Luis Castro la preside.
Consultado respecto de las gestiones hechas por Servicios de Visión y Gestión Estratégica Limitada a Socofar, Tudela afirmó que “no puedo comentar las relaciones profesionales de esta empresa con sus clientes. Hay cláusulas de confidencialidad con ellos”.
Consultada la compañía, comunicó que no se iba a referir al asunto.
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