La huelga de hambre de los ex presos políticos

Rodrigo Larraín

Sociólogo. Académico de la Universidad Central

 

 

Ha aparecido muy poco en los medios y eso que se lleva a cabo en varias ciudades del país. Sin embargo, estas huelgas muestran lo peor de las élites políticas que nos han gobernado, tanto en sus criterios morales como en los ideales que decían profesar y defender. La ex ministra Secretaria General de la Presidencia acordó impulsar una comisión tripartita entre parlamentarios, la misma ministra y el Secretariado Nacional de los Ex PP, con el fin de estudiar un proyecto de ley que se enviará al Parlamento.

 

 Las peticiones de los huelguistas son moderadas y justas: una indemnización para reparar las secuelas de la prisión y tortura, subir el monto de la pensión (US$8/día actualmente). Los huelguistas reclaman que el Gobierno se ha negado a instalar la mesa tripartita, en sus palabras “se han negado a responder nuestras peticiones de retomar las conversaciones. Sólo nos han enviado emisarios irrelevantes que no pueden asumir la representación del Gobierno. Nunca ha existido la voluntad política para hacerlo, las razones siempre han sido buenas para postergarnos. Nos consideramos chilenos de segunda clase y nos sentimos doblemente maltratados: la primera vez por la dictadura militar y la segunda vez como parias de la sociedad democrática”, aseguran.

 

 La actual huelga es la continuación de otra anterior, la de diciembre de 2014, la que se ha retomado. La sordera del Ejecutivo puede causar la muerte de hombres mayores de 70 años en promedio, algunos de ellos enfermos, ya que es de carácter indefinido.
¿Qué explica la conducta del Gobierno? La respuesta está en el mandato de Ricardo Lagos, quien recortó a la baja la propuesta de la Comisión Valech, que él mismo creó. También el sabio gobernante entendió que la prisión y la tortura eran lo mismo que la exoneración laboral e hizo incompatible la pensión Valech con cualquier otra. Lo incomprensible y macabro: la demora en comenzar a entregar las pensiones, desde que salió la lista. Aproximadamente el 10% falleció sin que les llegara el vale vista, por una suma casi irrisoria. Ni siquiera se generó montepío para ningún pariente o descendiente de la víctima. Los gobernantes posteriores a Lagos siguieron a firme su doctrina en el tema, el tiempo juega a su favor, los ex presos políticos morirán inexorablemente. Para el Gobierno mientras más pronto mueran, mejor.
Las bancadas de los partidos, con una honorable excepción, han cerrado la boca. No es raro, los políticos hace mucho rato que dejaron de considerar a la sociedad civil. La descomposición moral en el caso SQM muestra a personas que hace rato cruzaron no sólo la frontera ideológica, sino que también la moral.