El sistema político chileno nuevamente en entredicho, mientras el pueblo padece las consecuencias.
En medio de la desconfianza y el descontento generalizado hacia el sistema político, un nuevo escándalo de corrupción sacude a la clase gobernante. El panorama no sorprende a una ciudadanía que desde siempre ha sido testigo de cómo los partidos políticos se aprovechan del Estado para llenar sus bolsillos, en detrimento de la calidad de vida de los ciudadanos.
La triste realidad es que los intereses personales y los vínculos con empresarios parecen prevalecer por encima del bienestar de la población, sin importar quién esté al mando. El mensaje es claro: el Estado y su democracia, aún con maquillajes, ajustes y nuevas constituciones, parecen estar en contra de los intereses del pueblo.
En esta ocasión, la corrupción ha alcanzado al Frente Amplio, involucrando recursos destinados al Ministerio de Vivienda, cuya finalidad debería ser resolver los problemas habitacionales que afectan a miles de personas. La crisis de vivienda, con un aumento del 33% en campamentos y el déficit habitacional retornando a niveles de hace décadas, muestra la ineficacia del llamado Plan de Emergencia Habitacional. Paralelamente, los programas destinados a los ciudadanos más vulnerables, quienes sufren en mayor medida las consecuencias del sistema, han mostrado un progreso insignificante o nulo.
Mientras los más desfavorecidos esperan soluciones a su situación precaria, el Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU) parece encontrar excusas para no responder a los comités de vivienda, mientras algunos de sus funcionarios se benefician ilícitamente. Con total desfachatez, el gobierno justifica la falta de terrenos o la incapacidad para costear su precio, mientras concentra sus esfuerzos en proyectos lucrativos para constructores, inmobiliarias y bancos, así como en desviar fondos hacia fundaciones, ONG y empresas.
Esta lamentable situación se enmarca en un contexto en el que las condiciones de vida de la población chilena se deterioran de manera alarmante. El desempleo va en aumento, el trabajo precario e informal se consolida en los sectores más vulnerables, los precios de los alimentos básicos se disparan y la crisis en el sistema de salud pública se evidencia año tras año, dejando al descubierto una realidad desgarradora para los ciudadanos.
Todo esto confirma una serie de certezas: en primer lugar, la sumisión y falta de compromiso de este gobierno, que muestra su verdadera cara y la de sus partidos. En segundo lugar, la profunda contradicción entre el sistema económico y social y las aspiraciones de una vida digna para la mayoría de los ciudadanos, mientras unos pocos enriquecen.
Sin embargo, es importante alejarse del oportunismo político y pasar a la acción. La denuncia y las declaraciones no serán suficientes para combatir la corrupción sistémica y la gestión ineficiente del ministro de vivienda. La fuerza del pueblo debe manifestarse en las calles de manera decidida, frente a un gobierno que no prioriza los intereses de aquellos que carecen de vivienda. El diálogo ha demostrado ser ineficaz, una táctica dilatoria destinada a desgastar y desmoralizar. Es hora de que los ciudadanos se organicen y luchen por sus demandas justas.
Hacemos un llamado a nuestros conciudadanos a crear organizaciones populares, como única vía para lograr nuestras aspiraciones. Invitamos a aquellos que carecen de vivienda a formar comités de lucha por la vivienda, en busca de un hogar digno para nuestras familias.
Asimismo, instamos a los comités de allegados, organizaciones de campamentos y todas las agrupaciones de ciudadanos a unirse en una lucha decidida contra aquellos que niegan soluciones reales. Es necesario confrontar al ministro Montes y su fallido Plan de Emergencia Habitacional a través de la movilización social. Unifiquemos y intensifiquemos los procesos de lucha, ejerzamos presión en las calles y hagamos oír nuestra voz en la protesta popular.
No cejemos en nuestra lucha por la justicia. Exijamos que los recursos robados por la clase política y empresarial se destinen a la adquisición y transferencia inmediata y directa de terrenos, sin deudas ni fondos adicionales. Demandemos una agilización de los trámites de habilitación de terrenos, poniendo fin a la burocracia. Erradiquemos los convenios de prelación y todas las trabas que retrasan las soluciones y excluyen a los ciudadanos sin hogar.
El tiempo de actuar es ahora. Luchemos incansablemente para que cada persona y cada familia pobladora encuentren un techo y una comunidad digna donde vivir.
¡Fuerza Pobladora de Chile
No hay comentarios:
Publicar un comentario