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miércoles, 4 de abril de 2012

AGRUPACIÒN DE FAMILIARES DE EJECUTADOS POLITICOS



Señor
Rodrigo Hinzpeter
Ministro del Interior.
Presente


La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, se dirige a usted en relación a un lamentable acontecimiento de reciente ocurrencia. Estamos en conocimiento por informaciones de prensa, que la madrugada del día 9 de marzo de 2012, tuvo lugar en medio de un control policial un confuso enfrentamiento en la zona rural de Junín de los Andes Argentina, cerca de la frontera entre Argentina y Chile, cuyo resultado fue la muerte del sargento de la policía argentina José Aigo y la detención de un ciudadano argentino. Las mismas informaciones sindican como responsables de esta lamentable muerte a dos personas de nacionalidad chilena, una de ellas sindicada como perteneciente al Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) y, la otra, al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Las informaciones con que contamos indican que alrededor de un centenar de militares, carabineros y personal de la PDI pertenecientes a la dirección de inteligencia y grupo de operaciones especiales – todos ellos de nacionalidad chilena- están realizando un operativo conjunto con el ejército argentino en la frontera de la novena Región en Chile con la provincia de Neuquén en Argentina. La enormidad del contingente desplegado nos lleva a expresarle nuestra inquietud por la vida de los perseguidos. Apelamos, entonces, al derecho que tiene todo chileno al debido proceso, derecho que en la dictadura no conocieron nuestros familiares. Nuestra preocupación también es compartida por los familiares de estas dos personas, quienes nos han hecho llegar su inquietud al respecto.Los trascendidos de vecinos de la zona contenidos en las versiones de la prensa, nos hacen temer que el operativo armado se esté convirtiendo en una verdadera cacería humana, recordándonos las prácticas dictatoriales y, por tanto, vislumbramos la reedición de las ejecuciones extrajudiciales realizadas por la dictadura militar. Consideramos que en estos

momentos los responsables de la vida de estos dos chilenos son el Ministro del Interior y el de Defensa chileno. A quienes les exigimos que se respeten los protocolos de derechos humanos y, que sean los tribunales los encargados de establecer la verdad y hacer justicia.
Señor Ministro, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos le hace llegar esta misiva impulsada por razones humanitarias, y porque creemos en el derecho a la vida y en el debido proceso jurídico de toda persona.



Alicia Lira Matus Raquel Roa Rubilar
Presidenta Secretaria General


Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos

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