Declaració​n de abogado de la RADDE

Red de Abogados Por la Defensa de los Derechos Estudiantiles raddechile@gmail.com

DECLARACIÓN PÚBLICA DE ALVARO TORO


En su edición de hoy (ayer), jueves 26 de abril, el diario El Mercurio publica las declaraciones de don Pedro Litsek, Gerente General del la empresa MPX (hoy CGX S.A.), titular del Proyecto Termoeléctrica Castilla, quien habría señalado refiriéndose en un seminario a este asunto que "...algunas de las personas que ingresaron con un recurso de protección no tienen un interés ambientalista, tienen otros intereses netamente económicos" y que “…normalmente, abogados de estas comunidades son gente incentivada, que obtiene entre un 30% y 40% del monto financiero que obtienen del acuerdo con la empresa. Parece que es un buen negocio la judicialización para algunos abogados…".
En mi calidad de abogado patrocinante del recurso de protección acogido por la Ilustre Corte de Apelaciones de Antofagasta, que declaró ilegal la resolución que autorizó la construcción de la Termoeléctrica, y en representación del equipo jurídico que defiende los intereses de la Junta de Vecinos del Pueblo de Totoral, los principales afectados por la aprobación de la Central Termoeléctrica, vengo en hacer presente a la opinión pública, lo siguiente:
Primero: Rechazamos de manera tajante y categórica las afirmaciones del señor Litsek, por ser éstas absolutamente falsas. En efecto, hemos asumido la defensa de la Junta de Vecinos de Totoral, de manera gratuita. No hemos percibido, ni percibiremos honorarios de ninguna clase por nuestra gestión, simplemente porque se trata de una comunidad que no cuenta con recursos para pagar por la defensa de sus derechos socioambientales.
Segundo: Los gastos de tramitación de esta causa (traslados a la ciudad de Antofagasta, notificaciones, materiales de oficina y otros similares) han sido costeados con aportes de los vecinos de Totoral, del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), y de los miembros del equipo jurídico que integro.
Tercero: Por otra parte, se hace necesario precisar que las instrucciones que hemos recibido de nuestros mandantes, la Junta de Vecinos de Totoral, es oponernos absolutamente a la construcción de la Central a carbón más grande y contaminante del continente, agotando al efecto todas las instancias legales. Convicción que se comparte ya que su construcción le haría mal a Chile, a la región de Atacama y al pueblo de Totoral.
Los vecinos de Totoral no están dispuestos a llegar a ningún acuerdo con MPX, y eso el señor Litsek, lo sabe.
Cuarto: Esta acusación al voleo que hace el Gerente General de MPX, es inaceptable y claramente mal intencionada. Busca crear un clima de incertidumbre dentro de las organizaciones opositoras al proyecto, y generar en la opinión pública una sensación de abogados rapiñas aprovechadores de comunidades que luchan en defensa de sus derechos.
Quinto: Si el señor Litsek, tiene algún antecedente que respalde sus acusaciones, debe señalar con nombres y apellidos a los profesionales que lucran indebidamente con la defensa de comunidades en conflictos ambientales.
Sexto: Llamamos a la comunidad de Atacama, y del país entero, a manifestar de las más diversas formas, su solidaridad con los vecinos de Totoral, y su rechazo a la construcción de la Central Termoeléctrica Castilla.
Finalmente, invitamos a los gerentes y asesores de la empresa MPX a ser más responsables en sus afirmaciones, aunque las emitan en seminarios donde se escuchan ellos mismos, si es que realmente creen en la buena vecindad y respeto mutuo, como reiteradamente le han indicado a los totoralinos.

Alvaro Toro Vega
Abogado
Miembro del Equipo Jurídico de Defensa de la JJ.VV de Totoral, Copiapó
y del Observatorio Latinoamericanos de Conflictos Ambientales (OLCA)

Artículo de EL MERCURIO, jueves 26 de abril 2012

Empresa espera resolución de Suprema por Castilla:

MPX denuncia incentivo de abogados para judicializar proyectos

Ejecutivo de la brasileña en Chile afirmó que litigantes obtienen hasta el 40% de acuerdos monetarios entre comunidades y firmas.

Miguel Concha M.

Una fuerte acusación en contra de un grupo de abogados que se dedican a representar a comunidades que se oponen a proyectos eléctricos hizo ayer miércoles la compañía brasileña MPX, que lidera la iniciativa termoeléctrica Castilla.
El gerente general de la empresa en Chile, Pedro Litsek, denunció la existencia de una verdadera "industria legal" que se dedica a judicializar iniciativas energéticas.
"En el tema de la judicialización hay gente que efectivamente está en contra del proyecto y está bien. Pero en el caso de Castilla, algunas de las personas que ingresaron con un recurso de protección no tienen un interés ambientalista, tienen otros intereses netamente económicos", afirmó Litsek, en el marco del seminario Energía Brasil-Chile.
El ejecutivo agregó: "Se generó una industria legal que no le gusta dejar nada. Normalmente, abogados de estas comunidades son gente incentivada, que obtiene entre un 30% y 40% del monto financiero que obtienen del acuerdo con la empresa. Parece que es un buen negocio la judicialización para algunos abogados".
La acusación de Litsek se produce en medio de la incertidumbre por la que atraviesa el proyecto Castilla. Esto luego que la Corte de Apelaciones de Antofagasta acogiera un recurso de protección presentado por los opositores a la central, radicados en la Junta de Vecinos de Totoral. La acción podría revocar la resolución de Calificación Ambiental que aprobó la construcción de la iniciativa por unos US$ 5 mil millones y que aportaría unos 2.100 MW al Sistema Interconectado Central.

Actualmente, dicha resolución se encuentra siendo analizada por la Corte Suprema, y el fallo sería emitido a fines del primer semestre.

En caso de que el fallo del máximo tribunal del país sea adverso para la firma que controla el magnate Eike Batista, Litsek afirmó que en la compañía no se han puesto en ese escenario, por lo que no se baraja un plan B. Sin embargo, el ejecutivo se mostró abierto a una eventual modificación del proyecto para ver su viabilidad. Sobre esto último, el gerente general precisó: "Sería muy complicado reingresar el proyecto, porque el fallo de la Corte de Antofagasta básicamente dice que lo que vale para términos de calificación ambiental es la ordenanza de urbanismo, y esta es una ordenanza que es subjetiva. Entonces, la pregunta sería: ¿reingresar con un proyecto más chico de por ejemplo 1.000 MW? No sabemos si también lo calificarán como contaminante, ya que ello depende de la opinión del seremi de Salud de turno", dijo Litsek.