La Nacion.cl
El exhorto español busca poder juzgar directamente al ex agente de la DINA por su presunta colaboración en el crimen del diplomático hispano, al facilitar en 1976 una casa para su secuestro, tortura y estrangulamiento por considerar que tenía relación con el Partido Comunista chileno.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España solicitará a Estados Unidos la extradición a ese país de Michael Townley, ex agente de la Dirección de Inteligencia Nacional chilena (DINA), por su presunta participación en el secuestro y asesinato del diplomático español Carmelo Soria.Townley, que era jefe de la agrupación Quetropillán de la DINA, enfrenta una orden de búsqueda y captura desde octubre de 2012, cuando fue procesado por el juez español Pablo Ruz junto a otros seis ex colaboradores de ese organismo, por este asesinato perpetrado en 1976, en plena dictadura militar de Augusto Pinochet.
El juez Ruz dictó una providencia, fechada el 30 de enero pasado, donde da cuenta de la petición del fiscal Carlos Bautista y le exhorta a su vez elaborar un informe sobre la extradición de este ciudadano estadounidense, indicaron a EFE fuentes ligadas al caso.
El magistrado Ruz procesó a Townley en esta causa porque supuestamente cedió la casa en la que fue torturado y asesinado el diplomático español, la cual funcionaba como centro clandestino de interrogatorios.
Asimismo, le imputa los delitos de genocidio, asesinato y detención ilegal, atendiendo al criterio de la Fiscalía, que consideró que la jurisdicción española es la competente para investigar estos delitos porque su persecución en Chile “no ha sido efectiva” y en virtud al principio justicia universal, cuya restricción aprobó esta semana el Congreso español.
En el auto de procesamiento, Ruz afirma que los hechos ocurrieron el 14 de julio de 1976, cuando Soria, que trabajaba para la Comisión Económica de la ONU para América Latina y el Caribe (CEPAL) en Santiago de Chile, regresaba a su casa en su coche.
ANTECEDENTES
Entonces, dos de los procesados que eran carabineros, el sargento José Remigio Ríos San Martín y el capitán Jaime Lepe Orellana, “simularon una infracción de tráfico”, lo detuvieron y se lo llevaron a la vivienda ocupada por Townley.
“Soria fue torturado -maniatado y con la cara vendada- durante varias horas, en las cuales le fracturaron todas las costillas (...) a fin de que les dijera si tenía relación con el Partido Comunista de Chile y cuál era su misión en el país, y ya con la idea de asesinarle y hacer pasar su muerte como un accidente de tráfico, le inyectaron (...) media botella de pisco”, detalla el juez.
En el interrogatorio, en el que participaron estos seis acusados, dirigidos por Lepe, Soria sólo murmuraba “Pobre Chile”, precisa el magistrado, y añade que al finalizarlo, el capitán Guillermo Humberto Salinas Torres le estranguló “ayudado materialmente por otras dos personas de la brigada, no identificadas”.
Después, los procesados trasladaron el cadáver al Canal del Carmen, donde “hicieron que se precipitara al vacío, tirando el cuerpo”.
No obstante, el cadáver no se halló hasta un día después, y en el bolsillo de su chaqueta se encontró una nota “simulada por sus captores” en la que un supuesto amigo le contaba presuntas infidelidades de su esposa que, según el juez Ruz, no fue escrita por ninguna de las máquinas que se usaban en la ONU ni estaba deshecha por el agua.
Esta causa surge a raíz de una querella presentada por la Fundación Española Presidente Allende contra quince ex militares a los que relaciona con la muerte de Soria y que el ex nmagistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, admitió a trámite en 2001.
No hay comentarios:
Publicar un comentario