Las voces de víctimas sobrevivientes de violaciones a los derechos humanos y la de familiares de los que ya no están, como consecuencia de los delitos de lesa humanidad cometidos por aquellos que hoy se encuentran en Punta Peuco y aquellos que se aprestan a ingresar a ese penal, es unánime en el sentido que se debe cerrar ese espacio de desigualdad. La nueva autoridad que se apresta a asumir, pareciera estar de acuerdo.
"Yo
voy a analizar cuáles son las condiciones políticas, de Gendarmería y
carcelarias para tomar una decisión a ese respecto. Si yo llego a La
Moneda haré mi propia evaluación". Con esas palabras la Presidenta
electa Michelle Bachelet, manifestó durante la campaña su disposición a
considerar el cierre de Punta Peuco. "Siempre he estado en contra de
cárceles de privilegios", manifestó la futura Mandataria a Canal13.De acuerdo con las informaciones de primer orden obtenidas por Cambio21 respecto del cierre del polémico penal, todo apunta a que es un hecho y que "es cuestión de condiciones, más que de convicción o de tiempo".
De hecho, "se estudiará a la mayor brevedad la viabilidad de trasladar a estos internos a una cárcel común, aunque sea la de Alta Seguridad, pero lo claro es que se cierra Punta Peuco", aseguró la fuente que pidió mantener su anonimato.
Otro cercano al nuevo gobierno dijo que "la situación es delicada y habrá que analizarla en su mérito. Primero, en su origen, pues se necesitó de una ley para que los procesados y condenados por delitos de derechos humanos cumplieran en una cárcel sujeta a Gendarmería (aunque ella se haya creado por Decreto), y segundo, porque hoy Punta Peuco no es una cárcel como lo era el Penal Cordillera. Se parece mucho más a las cárceles comunes que a los lujos de la que fuera cerrada. No es tan dramática como las unidades comunes, pero no es una pensión, como lo era Cordillera", especificó.
"Es entonces un tema para meditarlo, pues habrá que analizar si se justifica crear una nueva cárcel especial para ellos", señaló. Agregó que es su convicción "que tomada la decisión de cerrar Punta Peuco, sería impensable una acción de las FFAA acerca del tema. Cerrado Punta Peuco no hay riesgo de un acto involutivo militar o que se vaya a manifestar en un acto de rebeldía", opinó. "No creo que pase a mayores, aunque sea considerado un cambio de reglas del juego", terminó afirmando.
Punta Peuco
Como se recordará, uno de los momentos de mayor exposición mediática acerca de las condiciones de vida en que se encontraban los condenados por violaciones de Derechos Humanos, sucedió al momento del cierre del Penal Cordillera, donde se encontraba la cúpula más importante de ex represores. Paradójica la circunstancia histórica, fue clausurado por un Presidente de derecha, cuyo sector más duro compartió más de algún ágape con estos "salvadores de la patria". Cómplices pasivos, los llamó entonces el presidente Piñera.
El Centro de Detención Preventiva y Cumplimiento Especial Punta Peuco es un complejo penitenciario ubicado en la comuna de Til Til, donde están privados de libertad militares y otros agentes del Estado implicados en violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura militar de Pinochet. Está bajo la administración de Gendarmería de Chile.
Fue creado en mediante el Decreto 580, del 14 de junio de 1995, por el presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, ya que en ese entonces se necesitaba un lugar para que cumplieran su condena los implicados en el caso Letelier: el general en retiro Manuel Contreras y el brigadier Pedro Espinoza. Actualmente se encuentran allí cerca de 64 reclusos con una edad promedio de 75 años.
Un penal "especial"
¿Qué hace a Punta Peuco un centro penal distinto a aquellos en que se encuentran recluidos reos comunes? Varias cosas a saber: Desde luego, Punta Peuco es una cárcel que sólo congrega a procesados y condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar. Asimismo, goza de beneficios en condiciones de vida que el diputado Lautaro Carmona (PC) calificó de "cabañas de veraneo".
El parlamentario manifestó a Cambio21 que él ha planteado que estos recintos "violan la igualdad ante la ley, por lo que estos condenados debieran cumplir sus condenas en cárceles comunes. Sí deben respetarse los motivos que justifican una segregación, tanto en protección de ellos como de los demás presos comunes, por lo que la cárcel de alta seguridad es una buena alternativa para estas personas condenadas por delitos de lesa humanidad y por violaciones a los derechos humanos".
Nada justifica, de acuerdo con lo señalado por Carmona, "el que exista una concentración de criminales bajo un régimen bastante licencioso comparado con el régimen penal ordinario, lo que causa absoluta desigualdad en nuestro país."
Señala, por último, que mantiene "las expectativas de que se creen las condiciones en el gobierno de la presidenta Bachelet para darle forma a la adecuación de estos privilegios a un régimen penal normal. Y esas circunstancias son que una vez asumido el nuevo gobierno, se confirme que estas personas pueden cumplir sus condenas en las condiciones que la ley establece para cualquier condenado. También habrá que atender a que se implementen las infraestructuras del caso, que permita el espacio que se requiere para trasladar a estos internos", afirmó.
Según Nelson Caucoto, abogado experto en Derechos Humanos y quien ha tenido a su cargo muchas de las más emblemáticas causas por violaciones ocurridas durante la dictadura militar, Chile vive actualmente una gran actividad judicial en materia de condenas de crímenes de lesa humanidad, por lo que cualquier proyección que pudiera efectuarse acerca del número de nuevos condenados que resultará de ellas es imposible de prever.
Expresó a Cambio21 que "la expectativa es que va a aumentar de manera significativa en un futuro inmediato la población penal de Punta Peuco, más allá de toda proyección, pues se han acelerado claramente las sentencias en las causas por esta clase de delitos, con nombres nuevos de personas que por primera vez se verán privados de libertad."
Para el abogado, Chile debe ser hoy el país con mayor actividad legal en materia de derechos humanos. Sin embargo, el hecho de que existan muchos condenados no implica que estos vayan a cumplir las penas en condiciones comunes. Para él, "claramente Punta Peuco no es la Penitenciaría de Santiago. Se trata de una situación de alta desigualdad, pues ese recinto no es una cárcel que reúna las condiciones de un penal común, ya que posee privilegios que no se tienen en los recintos comunes."
Beneficios carcelarios
Recientemente se denunció que algunos condenados a cadena perpetua por el llamado Caso Degollados se encontraban gozando de beneficios carcelarios que implican, en los hechos, que circulen libremente en nuestro país. Consultados sobre la medida, desde Gendarmería señalaron que "de acuerdo a la normativa legal vigente, cumplidos 20 años de reclusión, el interno tiene derecho a postular a libertad condicional".
Uno de los beneficiados con la medida, el sargento 2º en retiro de Carabineros José Fuentes Castro, había sido denunciado al Ministerio Público por amenazar de muerte a otro interno. Dicha situación le costó una sanción de cuatro días de internación en celda solitaria. El otro beneficiado, el coronel Guillermo González Betancourt, también estaba sancionado por participar en una huelga de hambre para obtener beneficios.
Se plantea entonces la duda acerca de si estos condenados por delitos de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos pueden gozar de beneficios carcelarios al igual que otros reos comunes, dada la gravedad de los delitos que se les imputan.
La Presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Chile, Lorena Pizarro, aseguró a Cambio21 que "los beneficios carcelarios otorgados a condenados por delitos de lesa humanidad contrarían todas las normas del derecho internacional, sobre todo en cuanto el deber del Estado de imponer penas a estos sujetos que sean ejemplificadoras, dados los delitos de suma gravedad. Eso no se ha respetado en Chile, pues los violadores de derechos humanos han sido condenados a penas que resultan irrisorias, lo que les permite optar a beneficios carcelarios."
Para Héctor Salazar, abogado de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y experto en la materia, "la tendencia del derecho penal moderno apunta a la reinserción de los condenados, con independencia del delito del que se trata, de tal manera que sería un paso hacia atrás, un retroceso en materia del derecho penal, el que no se otorgara los mismos beneficios a todos los reos, sea cual sea la gravedad y el delito que se le imputa. De otra forma, sería propugnar la desigualdad y la Ley del Talión", manifestó a Cambio21.
En Chile, enfatizó Salazar, "han existido siempre tratos preferentes en materia penal, desde la ex cárcel anexo Capuchinos para reos por delitos económicos, o como el recinto especial para los condenados por razones de pensiones alimenticias, o de infracciones de tránsito etc. Otra cosa es investigar si estos beneficios fueron otorgados al margen de la normativa vigente".
Lorena Fries, directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, aclaró que existe la necesidad de contar en Chile con una ley de ejecución penal que permita "disminuir la discrecionalidad con la que se otorgan beneficios carcelarios, que si bien tienen un conjunto de requisitos, en este caso -situación de los condenados por el Caso Degollados-.no se cumplen".
En septiembre pasado la Corte Suprema zanjó el tema rechazando un recurso interpuesto en contra de los beneficios otorgados por Gendarmería. Señaló el fallo que, de acuerdo con los antecedentes proporcionados, se podía dar por establecido que si bien Gendarmería había entregado beneficios sin apegarse al reglamento, se rechazaba el recurso porque no se acreditó cómo eso habría dañado la integridad física de los recurrentes (afectados).
Parece claro que legalmente no puede negarse el derecho a beneficios carcelarios a estos condenados, en la medida que cumplan con los requisitos para optar a ellos, pero es claro también que nada justifica los privilegios de que gozan y que resultan ser una verdadera bofetada a los familiares de las víctimas de sus atroces delitos.
En la medida que la ciencia médica avanza y los medicamentos hacen cada vez más cortos los procesos de cicatrización, en Chile existe una herida de más de 40 años que aún está abierta y que no se vislumbra hasta cuándo continuará en ese estado. La situación de los Derechos Humanos en Chile y, en especial, de este símbolo de la desigualdad y de la dictadura que es Punta Peuco, será una mochila más en las espaldas del nuevo gobierno. Ya no existen las condiciones de "justicia en la medida de lo posible", como se dijo alguna vez; hoy Chile ha cambiado y demanda de sus autoridades cerrar, de una vez por todas, esta herida lacerante en materia de derechos humanos. Punta Peuco representa la herida, la doctora Bachelet tiene el remedio.
La víctimas
Entre las víctimas de los presos de Punta Peuco existe la convicción de que las tareas pendientes son saber la verdad del destino y ubicación de restos de muchos chilenos que hasta la fecha continúan desaparecidos, el esclarecimiento de las circunstancias que llevaron a sus seres queridos a ser parte de la lista de ejecutados, desaparecidos, torturados, etc. y, desde luego, el castigo a los culpables, en condiciones propias de cualquier condenado.
A ello se suma el sentimiento de que los abusos de los violadores de derechos humanos no han cesado y, se basan para afirmarlo, en las condiciones de excepción y segregación positiva en que están muchos de ellos en cárceles de lujo, como lo sería el penal ubicado en Til Til. Lo sienten como una verdadera bofetada a la dignidad y que rompe la igualdad ante la ley de las personas privadas de libertad.
Los victimarios
En la vereda del frente, quienes se encuentran procesados, acusados y condenados por delitos de lesa humanidad, perciben que no se ha sido justo con ellos, pues en los casos en que debieron intervenir, lo hicieron, según sus dichos, para resguardar la seguridad de los chilenos, proteger la patria de grupos extremos que buscaban destruirla y que, por último, cumplieron un deber y no se trató de actos delictuales, sino que de Estado. Algunos, incluso, reclaman inocencia y orquestación política en su contra.
Sienten que respecto de las condiciones en que se encuentran privados de libertad se ha creado un mito, que no es efectivo que dispongan de lujos y condiciones más favorables a la de los demás presos comunes y que, por último, de haberlas, las merecerían.
Hoy en Punta Peuco hay cerca de 64 internos y, según las condenas que se han ido produciendo y las que se aproximan, llegarán cerca de 100 nuevos huéspedes. Actualmente, la cárcel cuenta con conteiner habilitados como dormitorios para 121 internos actualmente.
Requisitos para optar a los Permisos de Salida
• Haber observado muy buena conducta en los tres bimestres (seis meses) anteriores a la postulación. No obstante a ello, se examina la conducta del postulante durante toda su vida intrapenitenciaria a fin de constatar si, con anterioridad a los tres bimestres referidos, registra infracciones disciplinarias graves a considerar antes de conceder el beneficio.
• Haber asistido regularmente y con provecho a la escuela del establecimiento.
• Demostrar arrepentimiento por los hechos delictuales cometidos.
• Haber asistido en forma regular y constante en las actividades programadas en la unidad, tales como de capacitación y trabajo, culturales, recreacionales.
• Tener la posibilidad cierta de contar con medios o recursos de apoyo o asistencia, sean familiares, penitenciarios o de las redes sociales.
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