Morosos de alto rango

Por: Rodolfo Fortunatti |Por El Dinamo.

/ Agencia Uno

¿Deberían dar un paso al costado, como se ha dicho? No lo creo. Como no creo que ser moroso de crédito universitario autorice el escarnio público, aquel que se entroniza cada vez que se habla de las «yayitas» de las futuras autoridades.


Ninguno de los cuestionamientos hechos a algunas de las futuras autoridades puede decirse que ha buscado cautelar el programa de Bachelet, porque ninguna de las censuradas ha negado —ya que lógicamente no podrían haberlo hecho— dicho programa. El ejemplo más ilustrativo es el de Claudia Peirano, que participó en el diseño programático y que fue vetada tanto por haber prestado asesoría profesional desde una de las ochocientas agencias de asistencia técnico educativas acreditadas, como por haber formulado, también en el pasado, una opinión disidente acerca de la gratuidad de la educación superior. Su nombre fue tachado porque se le imputó falta de convicción sobre la verdad y bondad del programa, una cuestión de fe, no un argumento racional, como aquellos que en una democracia deliberativa permiten distinguir el comportamiento de un funcionario público del de un simple ciudadano.
Las razones que se han esgrimido contra los nombramientos son preexistentes al programa y, seguramente, trascenderán al programa. Son razones políticas. En algunos casos están codificadas en instituciones, reglas y protocolos, como las normas de probidad y transparencia invocadas a la hora de juzgar los antecedentes de los designados subsecretarios Miguel Moreno y Hugo Lara. En consecuencia, no tienen que ver con la dogmática del programa ni, por el contrario, visto desde la crítica que niega la eficacia integradora del programa, con las llamadas agendas particulares.
Pero en otros casos dichas razones forman parte de un consenso tácito, que debe actualizarse y hacerse explícito en cada circunstancia, como en esta ocasión frente a la morosidad en el pago de los créditos universitarios que afecta a las nominadas ministras de Desarrollo Social, Fernanda Villegas, y de la Cultura y las Artes, Claudia Barattini, más los nombrados intendentes del Maule, Hugo Veloso, de Antofagasta, Valentín Volta, y de Atacama, Miguel Vargas. Son todas personas que asumen dentro de un mes, por lo que aún no se combina su condición de morosas con la de sus respectivas investiduras. Sin embargo, ¿deberían inhabilitarse, al igual que Claudia Peirano? ¿Deberían dar un paso al costado, como se ha dicho? No lo creo. Como no creo que ser moroso de crédito universitario autorice el escarnio público, aquel que se entroniza cada vez que se habla de las «yayitas» de las futuras autoridades, del «suma y sigue», o de la «crisis política y comunicacional».
Avalar estas expresiones desdorosas sería darles la espalda a quienes confiaron en el programa de gobierno, y una inconsistencia política en aquellos que promueven el fin del lucro y postulan la gratuidad de la educación. Porque, hoy por hoy, los morosos de las 25 universidades del Consejo de Rectores ascienden a la escandalosa cifra de 196 mil personas, la tercera parte de la matrícula o, lo que es igual, la mitad de los adscritos al Fondo Solidario, y habida cuenta que en el otro sistema, el de Crédito con Aval del Estado, los remisos representan el 40 por ciento de los prestatarios. Porque el año 2009 el monto promedio del crédito por estudiante era de 837 mil pesos, deuda cuyo servicio absorberá el 18 por ciento del ingreso eventual de los futuros profesionales. Porque, en fin, alrededor del 60 por ciento de los tres quintiles más bajos de ingresos está endeudado.
De cómo pudimos llegar a este estado de cosas es algo que desnuda una responsabilidad social y política que, al fragor de la protesta social del 2011, Patricio Meller se dio el trabajo de desmenuzar… El costo de nuestras universidades es el más alto del mundo, mientras que el gasto público en educación el más bajo. Los aranceles crecen desmedidamente a tasas superiores al 60 por ciento cada doce años. El gasto por un hijo universitario equivale al 40 por ciento del ingreso familiar, y es mayor al gasto de los hogares de clase media en vivienda. La deuda de los universitarios chilenos es la más elevada del planeta.
No parece haber razones más elocuentes que éstas para detener una escalada de desconfianzas públicas que sólo puede acabar minando nuestra convivencia cívica.