Hombre clave del empresariado pierde influencia interna en el tribunal

El intento del juez Valdés por objetar la nominación del juez Cerda para ascender a la Corte Suprema

En la sesión del lunes 24 marzo, el juez Carlos Cerda obtuvo 13 de los 19 votos del pleno para integrar nuevamente la quina de ascenso a la Corte Suprema. Sin embargo, Patricio Valdés argumentó que el apoyo público de varios senadores a un “candidato” –a quien no mencionó– se transforma en un hecho que “restringe directamente la facultad del Presidente de la República para proponer a quien considere el más idóneo de la quinquena”.

por Marcela Jiménez

Por más que se hable de la independencia de los jueces, es sabido que al interior de la Corte Suprema hay corrientes que varían cada tanto, por lo que no es menor quien finalmente logra ascender al máximo tribunal. Esas tendencias chocaron una vez más en el pleno del lunes con el intento del ministro Patricio Valdés por objetar la posible nominación y ascenso del emblemático juez Carlos Cerda.
No hay que olvidar que el ministro Valdés es conocido en el ámbito judicial tanto como un hombre clave del mundo empresarial en el palacio de calle Compañía como por su inclinación con las visiones más conservadoras. Por lo mismo, no es de extrañar que en casi todas sus votaciones para conformar quinas, según consta en los registros de al menos los últimos dos años, siempre votó por el ascenso del ministro Juan Muñoz Pardo, cuya nominación el gobierno de Sebastián Piñera tuvo que retirar del Senado, debido a los cuestionamientos a su nombre por sus fallos en el pasado proclives a la Ley de Amnistía.
En la sesión del lunes, el juez Cerda obtuvo 13 de los 19 votos del pleno para integrar nuevamente la quina de ascenso a la Corte Suprema, por lejos la más alta en relación a los otros candidatos: Muñoz Pardo y Raúl Mera (6 votos) y Alfredo Pfeiffer (5 votos).


Pero a pesar del abismante apoyo, Valdés trató de objetar su nombre durante el pleno. Según consta en las actas de ese día, el ministro cuestionó que “varios señores senadores de distintas tendencias y sensibilidades han manifestado públicamente, por diferentes medios de comunicación social, que han acordado votar por un determinado candidato que ha figurado en las últimas quinquenas confeccionadas por este tribunal”.
Nunca mencionó a Cerda, pero, claramente, todos sabían que se refería a él, considerando que el año pasado, para asegurar los 25 votos (2/3) del Senado que requería Carlos Aránguiz para llegar a la Corte Suprema propuesto por el gobierno de Piñera, se hizo un acuerdo entre sectores de la Alianza y de la Nueva Mayoría que comprometió el respaldo en la Sala de varios parlamentarios de derecha –los RN Alberto Espina y Francisco Chahuán, la actual senadora de Amplitud Lily Pérez, los independientes Antonio Horvath y Carlos Bianchi, más el UDI Hernán Larraín– al nombre del juez del Caso Riggs cuando sea propuesto.
Para el ministro Valdés esta “situación se aparta palmariamente de la letra y espíritu de la norma” y acotó que “restringe directamente la facultad del Presidente de la República para proponer a quien considere el más idóneo de la quinquena”. Según el magistrado –reza el acta nº 46-2014– esto sucede porque el Mandatario conoce “con anticipación que si no designa al elegido por los integrantes del Senado, lo probable es que el nombre propuesto será rechazado”.
De amores y odios es Valdés en el mundo judicial. Por muchos es catalogado como una suerte de representante del “capital económico del país”, debido a su trayectoria previa marcada por un fuerte vínculo con el mundo empresarial. Fue gerente de la Sociedad Inmobiliaria Fomento Fabril S.A. desde el año 1971 a 1975; en paralelo y hasta 1976, gerente de Distribuidora de Publicaciones Sudamericana “DIPUSA LTDA.”; luego, hasta el año 1979, fue gerente general de la Sociedad de Fomento Fabril.
Además, entre 1976 y 1990, fue consejero de la Junta General de Aduanas, cargo que se repitió luego desde los años 1993 al 2006 y, por diez años, en el período entre 1985 y 1995, también fue director de la Administradora de Fondos de Pensiones “Concordia”, tiempo en que por dos años en paralelo –1988 a 1990– fue fiscal de la Comisión Chilena del Cobre, y desde 2005 al 2006, árbitro del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago.
Hasta este año, Valdés integraba la Sala Laboral de la Corte Suprema, donde sacó más de una roncha, precisamente por la tendencia a fallar siempre en contra de los derechos laborales y favorecer al empresariado. Un sello que motivó en su momento hasta un proyecto de acuerdo de la Cámara de Diputados advirtiendo esta situación.

 Perdiendo terreno

En julio de 2012, el ministro Valdés fue el gran artífice en las sombras del cambio de criterio en la Corte Suprema para interpretar el artículo 78 de la Constitución Política, sobre los cupos por derecho propio en la quina de ascenso al máximo tribunal.
En esos días, el presidente de la Corte Suprema era el ministro Rubén Ballesteros, con quien el juez Valdés tiene una cercanía importante y quien respaldó con su voto la idea de modificar dicho criterio.
El punto podría parecer menor o casi administrativo, pero no, tuvo una razón de fondo. Hasta ese momento, integrar la quina por derecho correspondía al ministro de Corte de Apelaciones con la mayor antigüedad en el escalafón judicial. Por nueve votos contra cinco, eso se cambió y se estableció que dicho cupo en la nómina sería para el juez que haya ejercido durante más tiempo en la Corte de Apelaciones.
En ese momento, el cupo por derecho propio le correspondía al juez Juan Escobar, pero, con la modificación que fomentó Valdés, se aseguró que fuera el juez Pfeiffer –cuyo ascenso fue rechazado el 2008 por la Concertación en el Senado– el considerado para integrar todas las quinas de ascenso hasta que jubilara el año 2019, que finalmente fuera nominado y aprobado o nuevamente se estableciera un criterio diferente.
En el pleno de este lunes 24 se rectificó esta situación y se volvió al criterio original. Según el acuerdo, uno de los argumentos es dar “estricta aplicación a la norma constitucional”, porque “la mayor o menor permanencia en el cargo de ministro de Corte –aspecto que el constituyente no menciona– no resulta determinante, como sí lo es, en cambio, la mayor antigüedad relativa de un ministro por sobre todos los demás de su misma categoría en conformidad con los registros del Escalafón General”.
En la resolución se añade que este criterio es acorde “con la salvaguardia de la carrera funcionaria al interior del Poder Judicial”.
Hubo un voto disidente, encabezado por Valdés y los ministros Carreño, Pierry, Kunsemüller, Silva, Maggi, Egnem, Sandoval y Fuentes, con que se insistió en la relevancia de medir la antigüedad en relación al tiempo de servicio en el cargo de ministro de la Corte de Apelaciones.
Además, el voto de minoría también cuestionó que, al privilegiar el escalafón, un juez con poca trayectoria en el tribunal de alzada puede integrar la quina y llegar a la Corte Suprema “pasando por sobre los demás ministros de la Corte de Apelaciones, incluso aunque todos llevan más tiempo que aquél en el efectivo ejercicio de su cargo de tales”.
Pero esta postura no ganó y el juez Escobar recobró su lugar en la quina por derecho propio. Por su parte, en el mundo judicial y político, a pesar de las objeciones de Valdés, son mayoría quienes esperan que la Presidenta Michelle Bachelet nomine al juez Cerda –vetado 20 años por la derecha– y finalmente llegue su hora de instalarse en la Corte Suprema.