El nuevo Gobierno tiene una inmensa tarea por delante y, aunque no sea parte de los pilares fundamentales del programa de Michelle Bachelet, el sentido común demanda sellar las heridas que han lacerado profundamente el alma nacional. Chile debe terminar con la impunidad, sancionando actuales y futuras ocurrencias de crímenes de lesa humanidad con penas eficaces y proporcionales a su suma gravedad.
"Los
Derechos Humanos deben ser el fundamento principal y eje articulador
del accionar del Estado, tanto del Gobierno, de los poderes e
instituciones del Estado y en especial de la actividad legislativa y las
políticas públicas que se adopten. A su vez, los derechos humanos deben
ser la base normativa mínima de una sociedad democrática, que permita
la convivencia nacional en torno a principios de dignidad, igualdad,
justicia, diversidad y tolerancia". Programa de Gobierno de Michelle
Bachelet.Pero más allá del discurso y la oferta programática, es importante conocer qué esperan del nuevo gobierno, aquellos personeros emblemáticos en materia de Derechos Humanos que marcaron la agenda en los últimos decenios en Chile, sea mediante las denuncias y protestas o bien mediante su testimonio, a veces desgarrador, de experiencias personales que marcaron a un país entero.
Varios son los paradigmas que abarca el programa de la Nueva Mayoría en materia de Derechos Humanos, que se caracterizan, como todo plan de gobierno, por su generalidad. En consecuencia, nuestros entrevistados, algunos de los cuales fueron parte en la construcción de dicho programa, manifiestan sus aspiraciones concretas y también sus frustraciones frente a los hitos más relevantes que en DD.HH. debe asumir el nuevo gobierno. Visiones que no siempre son compartidas. También se expresa la desesperanza.
Término de Privilegios penitenciarios y económicos de condenados por delitos de lesa humanidad
Para la abogado de DD.HH. Carmen Hertz, ha sido claro que el "Movimiento de DDHH ha planteado la necesidad y a lo que se ha abierto el futuro Ministro de Defensa designado (el DC Jorge Burgos), es a degradar, o sea, quitar la jerarquía militar a los condenados por crímenes de lesa humanidad", lo que estima un paso necesario. "Habrá que ver las fórmulas legales que permitan al Comandante en jefe proceder a degradarlos y quitarles los beneficios de ingresos que estos criminales ya condenados tienen.
Respecto al Penal de Punta Peuco, estima que "estos criminales deben estar en cárceles de alta seguridad pero no en penales especiales".
No opina lo mismo el abogado que lideró muchas causas emblemáticas sobre DD.HH., Héctor Salazar, quien duda que el nuevo gobierno vaya a variar la situación de Punta Peuco. Manifiesta a Cambio21, que "lo más relevante en esto (qué va a ocurrir en materia de Derechos Humanos) ocurrió durante la conmemoración de los 40 años del golpe militar, y los pronunciamientos que se suscitaron al respecto. Ahora bien, si usted mira el debate último que se está produciendo con relación al nombramiento de la Subsecretaria de las Fuerzas Armadas del Ministerio de Defensa, y la inercia, silencio y evasivas para enfrentar una denuncia concreta respecto a ese nombramiento, es un indicador de cómo se elude asumir efectivamente un compromiso en estas materias", manifiesta.
Por su parte, Mireya García, Vice Presidenta de la Agrupación de Familiares de detenidos Desaparecidos, destaca el que éste "tema esté presente hoy en día, y es el de la degradación de violadores de Derechos Humanos y que están condenados y, que implicaría entre otras cosas, que no puedan seguir percibiendo sueldos millonarios que son de cargo del Estado, en virtud de ser responsables de los crímenes más terribles cometidos en la historia de nuestra sociedad".
Cumplimiento del Programa
La abogada Carmen Hertz, afirmó a Cambio21 que espera "que se hagan los avances más sustanciales en materia de Derechos Humanos y a los cuales hemos aspirado y que se encuentran en el programa de gobierno de la Presidenta Bachelet. En primer lugar -manifiesta-, respecto a las violaciones cometidas por la dictadura y que son tema pendiente en términos de justicia, nosotros esperamos, aunque sabemos que no depende de la Presidenta, pero sí de las señales políticas que den, que este año se aceleren los juicios sobre delitos de lesa humanidad y se apliquen las condenas que correspondan".
En segundo lugar, afirma a Cambio21, "en términos del programa, (respecto del cuál reconoce haber contribuido junto a otros personeros de DDHH), concordamos que el país tiene una institucionalidad muy deficiente en materia de protección y promoción de tales derechos. Indica que el Estado, en los estándar internacionales, es siempre un agente proactivo en la protección y promoción, es quien garantiza los derechos de las personas pero al mismo tiempo los promueve". Se declara partidaria de "un organismo que centralice el tema de DDHH, así como existe en países como México, Argentina y Brasil, es decir, una Subsecretaría de Derechos Humanos al más alto nivel institucional. Lo otro -indica- es tener un Defensor del Pueblo, que es una carencia no menor en nuestro país", expresa.
Para Mireya García, por su parte, "con el paso de los años ha quedado demostrado que existen cada vez menos culpables vivos, menos testimonios y los recuerdos de una u otra manera se van borrando y por lo tanto, lo que hay que hacer en materia de tribunales, de justicia, de causas judiciales, sobre todo de estas últimas, pues en algunos años más no vamos a tener los elementos que a la justicia le permitan investigar y sancionar responsables y, en definitiva, los casos de violaciones a los Derechos Humanos van a caer en un estado de impunidad por el paso del tiempo que es lo más lamentable que podría pasar", señaló a Cambio21.
No opina lo mismo a Cambio21 el abogado Héctor Salazar: "No hay mucho que esperar en materia de Derechos Humanos de parte del nuevo gobierno de Michelle Bachelet". Señala que "espera bastante poco en estas materias, porque la experiencia indica que este tema para los gobiernos de la Concertación y eventualmente el de Bachelet, es una piedra en el zapato". "Extrañamente -indica- en contraposición está el gobierno de Piñera, en donde el tema no fue una piedra en el zapato para el Presidente, y por lo tanto, tuvo una capacidad para hacer cosas que la Concertación no tuvo el coraje de hacerlas", denuncia.
Para Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD),l "Este gobierno de la Nueva Mayoría tiene que tener en el centro la democratización real del país, lo que significa terminar con toda la herencia dictatorial. Lo fundamental significa poner en el centro el respeto a los derechos humanos, lo que implica cambios sustanciales. La tarea fundamental es terminar con toda aquella injusticia que se heredó de la dictadura y que hasta el día de hoy aplasta a la inmensa mayoría de chilenas y chilenos", señaló
Ley antiterrorista
Siguiendo su línea de escepticismo, el abogado Héctor Salazar, afirma que si bien el Programa de Gobierno de Bachelet contempla la modificación de la Ley Antiterrorista, estima que "es fácil hacer el enunciado de que se efectuará una reforma a su respecto, como lo señala el programa de la Nueva Mayoría, pero el tema central es en qué va a consistir la reforma, cuál va a ser el contenido". Apunta que "como en otras iniciativas que se han llevado a cabo en el pasado reciente, ha habido mucho de cosmética, pero no una intención real de modificaciones medulares o de fondo, enfrentar determinados fenómenos que están en nuestra sociedad".
Mireya García, por su parte, reitera que "ha sostenido de manera invariable que esa es una ley que no debiera existir, que debiera ser eliminada legislativamente conforme a la normativa pertinente. Cree que es una ley que fue concebida bajo la administración de la dictadura, pero que en democracia se presta para muchos abusos políticos, pues no se trata de una norma imparcial, sino que de una que tiene un sello político bastante claro, que sólo se aplica en contra de un sector de la sociedad, el más pobre y el más vulnerable, que siendo generalmente el más pisoteado, constantemente se le están violando sus derechos, es por lo tanto, -concluye- una ley altamente discriminatoria que debe ser derogada".
La abogado Carmen Hertz también se declara "partidaria de derogar la Ley Antiterrorista" citando para ello "la experiencia de estados democráticos que no requieren una ley como ésta, concebida por el paradigma del pinochetismo, por mucho que se le hayan hecho algunas modificaciones, es un cuerpo legal que no tiene ninguna garantía y, es más, contiene instituciones que van en contra de las garantías a las personas como son los testigos sin rostro etc..." Concluye que una mayor represión no entrega respuestas de fondo a los problemas sociales y en especial a uno tan delicado y tan importante para el pueblo chileno, como es el caso de los pueblos originarios. Los temas sociales no se resuelven por la vía de la represión", termina afirmando.
Actuaciones de carabineros y respeto a los Derechos humanos
Frente a los hechos de violencia innecesaria y últimas denuncias sobre el actuar policial, Mireya García expresa su "deseo, la esperanza de que efectivamente seamos capaces de construir una sociedad en que sean respetados siempre los Derechos Humanos. Y una de las grandes aspiraciones es que en este país se respeten, siempre, en toda circunstancia y por todas las instituciones y en especial por aquellas que tienen las mayores responsabilidades.
Y continúa la dirigente señalando que "la actuación de Carabineros, no sólo en estos cuatro años de gobierno de la derecha, sino que en la post dictadura, ha sido represiva, irracional y en muchos casos criminal -asegura y continúa- porque dispararle a una persona balines de goma directo a la cara arriesga dejarle ciego para toda la vida y se provoca un daño irreparable en todo sentido y, esta conducta represiva, cada vez se fortalece más y tenemos situaciones muy dramáticas, como la persona que muere asfixiada al interior de un furgón policial, porque según ellos, se les olvidó el detenido", asegura.
Indica además a modo de ejemplo, lo sucedido en "la Araucanía constantemente nos estamos enfrentando a situaciones que constatan que los Derechos Humanos del pueblo Mapuche no han sido respetados e incluso -manifiesta- tampoco han sido respetados los Derechos de los niños (Mapuche) sobre los cuales existe una convención propia que debiese ser absolutamente respetada por las instituciones del Estado, y todo indica -continúa- que desgraciadamente los Derechos Humanos en éste país no se han respetado como debió haber sucedido, después de haber vivido 17 años de vulneración de los mismos por la dictadura", lamenta Mireya García.
Para Juanita Aguilera, presidenta de la Comisión Ética contra la Tortura, "Es urgente resolver el tema de conflicto mapuche, otorgar territorios, liberar a los comuneros presos y detener esta ola de violencia que afecta a los niños de este pueblo. La no aplicación de la Ley Antiterrorista se acompaña con el cumplimiento de tratados internacionales por este tema".
Coincidente con su línea crítica, el abogado Héctor Salazar manifiesta respecto a los abusos que se han denunciado por parte de la fuerza policial de carabineros, "que las políticas llevadas a cabo por la Concertación, enfrentaron el problema con más de lo mismo, esto es, poniendo más carabineros en la calle, y no entraron a hacer cirugía mayor en una institución que la requiere, pues Carabineros de Chile ha mostrado una falta de profesionalismo impresionante, y eso no es culpa de ellos, es culpa de un sistema concebido de determinada manera que queda absolutamente obsoleto cuando enfrenta el problemas más o menos complejos, como es la delincuencia hoy en día", indica.
Situación de los DD.HH. en Chile al asumir Michelle Bachelet
En nuestro país existen actualmente alrededor de 1.300 causas de DD.HH. en trámite ante Tribunales o bajo investigación en contra de más de 800 ex agentes de la represión, durante la dictadura de Pinochet. De ellos, cerca de 100 se encuentran privados de libertad. Al finalizar el año 2013, se habían fallado aproximadamente 200 de esas causas criminales, 170 de ellas con sentencias condenatorias.
La Corte Suprema se ha abstenido, conforme al derecho internacional, de aplicar la Ley de Amnistía o eventualmente de prescribir los crímenes, por estimarlos de lesa humanidad. Los familiares de ejecutados políticos y de detenidos desaparecidos, mantienen sus críticas a la justicia nacional sobre la lentitud en conocer y resolver las causas de DD.HH. y sobre las bajas penas que han resultado en contra de los culpables. Igualmente han sido públicas las críticas de diversos sectores acerca de la falta de transparencia sobre la concesión de beneficios penitenciarios a los condenados por dichos delitos. No ha sido menor tampoco la permanente aplicación de la prescripción a las demandas civiles y de prescripción gradual aplicada en causas criminales.
Chile requiere, en aras de la reconciliación nacional, que se resuelvan las materias pendientes de DD.HH. en el orden judicial y económico. Se haga justicia, con verdad es la máxima, ello, en homenaje a los miles de chilenas y chilenos que fueron víctimas de los atropellos a sus derechos más elementales y que han horrorizado no sólo a las familias de las víctimas, sino a toda la patria y aún más allá de nuestras fronteras.
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