Un presidente de lujo para la Corte Suprema

Jorge Escalante

Periodista

 

La Corte Suprema tiene ahora un tremendo presidente, como hace mucho tiempo no lo tenía. Es bajo de estatura, pero no necesita más: la tiene y de sobra en ética y moral. Y para qué hablar de su capacidad investigadora. Un juez a quien nadie que oculte una violación de la ley quisiera enfrentarse. Su mediasonrisa con mezcla de ironía revela que no es hombre de risa fácil. Pero que escucha atento cuando se le habla. Aplicado y esclavo del trabajo.

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Ya no podrán barrer el piso gratuitamente con los jueces del Poder Judicial, acto que Sebastián Piñera y sus ministros lo transformaron en comunión diaria para tratar de engatusar a la sociedad debido a su estrepitoso fracaso de terminar con la delincuencia. Vil promesa de campaña, pues jamás un gobierno podrá terminar con el delito, ni en Chile ni en ningún lugar del mundo. ¿Por qué? Porque el delito y el crimen forman parte de la estructura del cerebro humano. Asunto distinto es generar condiciones sociales para reducirlos.
Quienes pisamos por años los pasillos del Palacio de Tribunales como periodistas conocimos bien al juez Sergio Muñoz. Si es que alguien puede decir que lo conoció bien, pues no es de aquellos dicharacheros fáciles de soltar prenda. Escribir estas líneas para destacar su figura, no es para lisonjear a un juez con el fin de después tratar de obtener beneficios informativos, porque sé que de él no serán obtenidos.
La tarde del viernes 2 de octubre de 2002, el juez Sergio Muñoz accedió a recibirnos a los periodistas de Tribunales, dos días antes de dar a conocer su sentencia por el crimen del líder sindical Tucapel Jiménez, el lunes 5. Fue grata esa conversación con él. Y, por supuesto, no nos adelantó nada de la sentencia, pero estábamos en el despacho del juez que había remecido los portones de los cuarteles y las oficinas del alto mando del Ejército y del gobierno del Presidente Ricardo Lagos, con la investigación de este asesinato.
La causa había estado largo tiempo en manos del ministro de la Corte de Santiago, Sergio Valenzuela Patiño. Lo habíamos bautizado como Va a la Escuela pa’ Niños por su flojera e infantilismo investigativo. Este había cerrado la causa sin encontrar a los autores del crimen. Más bien, estaba claro que el juez no había querido pisar fuerte al Ejército. El 30 de marzo de 1999, la Tercera Sala de la Corte de Santiago ordenó reabrir la investigación abandonada por Valenzuela y el juez Muñoz asumió la indagatoria.

Pero fue tanta la información que el Ejército negó al juez Muñoz o los antecedentes distractores que le entregó para envolverlo en un camino sin salida, que el magistrado se encontró frente a un murallón infranqueable y no pudo seguir adelante.
Temprano en la mañana del 1 de octubre de 1999, el ministro Muñoz tenía reunidos a 23 ex agentes de la Unidad Político Sindical de la CNI en una sala del cuartel general de la Policía de Investigaciones en la calle General Mackenna.
–Aquí se van a quedar hasta que comiencen a hablar. Necesito pistas, datos, nombres, fechas, horas y sobre todo confesiones. Les traje galletas y café porque esto puede ser largo. Si quieren pueden hablar entre ustedes –les dijo.
Pasó poco más de una hora sin resultados. Los ex CNI cuchicheaban entre ellos, algunos se abrazaban porque hacía tiempo que no se veían. Hasta que el capitán Miguel Hernández  paró el dedo y le pidió permiso para hablar. Ahí se abrió la llave y se comenzó a demoler el muro. Con ello, el juez pudo reencaminar su investigación y no cejaría hasta aclarar el crimen paso a paso, minuto a minuto.
El juez Muñoz necesitaba la lista completa de todos los agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia, DINE, que habían operado en 1982, año en el que el 25 de febrero mataron a don Tuca. El Ejército se la negó. Entonces el juez se dirigió a la Caja de Previsión de la Defensa Nacional y a la Contraloría General de la República. Al poco tiempo llegaron a su despacho más de ochenta cajas con más de un millón de nombres integrantes del Ejército, con sus respectivas planillas de sueldo y otros antecedentes de su desempeño en la institución.
Dos meses demoraron policías del Departamento Quinto de la PDI en meter todos esos datos a un programa informático. Luego, el juez y su equipo fueron cruzando información y descartando nombres hasta llegar a los que debía llegar.
El martes 14 de septiembre de 1999, el juez Sergio Muñoz procesó al ex director de la CNI y ex integrante de la Junta Militar, general Humberto Gordon, y al brigadier Roberto Schmied, por el crimen de Tucapel Jiménez. Su resolución remeció nuevamente a los cuarteles. El brigadier Schmied huyó y se atrincheró en el regimiento Buin para evitar ser arrestado. Entonces el juez Muñoz le dijo al Comandante en jefe del Ejército, general Ricardo Izurieta:
–General, si el brigadier no se presenta en las próximas 24 horas para notificarlo del auto de procesamiento y proceder a su arresto, lo voy a ir a buscar al regimiento Buin.
Al día siguiente, Schmied tuvo que presentarse obligado en la oficina del Auditor del Ejército, general Juan Romero. Allí el juez lo notificó y se procedió a su detención.
O sea, este es un presidente con agallas, cuando en aquellos años de la Concertación sus autoridades todavía hacían reverencias a los criminales producto de la transición pactada con el dictador. No sabré cuántas reverencias les hacían, mientras trabajé investigando a estos delincuentes en el desaparecido diario de papel La Nación, y su joya La Nación Domingo. La Corte Suprema y el Poder Judicial tienen un presidente de lujo.