gendarmería
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En Chile se tortura. Esta afirmación, que parecería estar en el contexto de la dictadura que sufrió nuestro país, la repetimos incansablemente hoy, en democracia. Las imágenes que vimos de personas privadas de libertad siendo golpeadas por funcionarios de Gendarmería no se pueden minimizar. No es simplemente una golpiza, eso es tortura.
La tortura es una de las violaciones a los derechos humanos que más intensamente afectan la dignidad humana. Hablar de la tortura es acercarse a la dimensión de un crimen infamante y cruel en que el bien jurídico lesionado es la persona misma: su cuerpo, su voluntad, su libertad, y su personalidad se ven constreñida al abuso y la fuerza. A pesar de estar prohibida en todo tiempo y lugar, la tortura persiste en nuestro país.
Chile es parte de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y en 2009 ratificó también el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura (OPCAT). Sin embargo, aún el Estado no ha instalado el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, ni ha adoptado en el Código Penal una definición de tortura acorde a la convención. Nuestra legislación penal, que sanciona prácticas aberrantes, no menciona una sola vez la palabra tortura. Se habla en nuestros códigos de apremios ilegítimos o de violencias innecesarias. Este no es terreno para eufemismos. Para lograr su efectiva erradicación es ineludible que adoptemos la definición explícita sobre tortura que consta en la convención.
En Chile este crimen fue parte de una práctica institucional, masiva y sistemática de violaciones a los derechos humanos entre 1973 y 1990 y, a pesar del repudio social y estatal, no se ha logrado erradicar totalmente. En la actualidad persisten casos y denuncias sobre violencia institucional y abusos que constituyen actos de tortura, fundamentalmente en espacios de privación de libertad bajo la custodia de agentes del Estado.
Con el argumento de la seguridad y de la peligrosidad de las personas privadas de libertad se cometen atrocidades en las cárceles de nuestro país. No hablamos solo de un caso en el penal de Rancagua, hablamos de la sucesión de casos de tortura en los recintos penitenciarios, de los cuales muchas veces ni siquiera nos enteramos por el miedo que tienen los internos y sus familiares a las represalias que llegan cuando se realizan denuncias, o cuando se conocen públicamente hechos como los que recientemente han salido a la luz. Desde la creación del INDH, hemos presentado 15 querellas por el delito de apremios ilegítimos contra Gendarmería y de todas las denuncias que recibimos a diario, las de abusos en las cárceles son la mayoría.
La formación de funcionarios y funcionarias de Gendarmería en temas de derechos humanos es una tarea prioritaria para que todas y todos entendamos que el ejercicio de la fuerza es legítimo cuando es proporcional, y esa proporcionalidad desaparece cuando la persona sobre la que se ejerce la fuerza está reducida a una situación de indefensión. Entonces, es tortura y se deben establecer procedimientos efectivos para denunciar, investigar y sancionar fuertemente estos actos.
Hoy son todos los poderes y organismos públicos -Gendarmería y el Ministerio de Justicia, el Ministerio Público, el Congreso y los Tribunales de Justicia- los llamados a tomar todas las medidas para asegurar la no repetición de estos hechos en ningún recinto de privación de libertad de nuestro país.
*Directora del Instituto Nacional
de Derechos Humanos.