Por Mario López M.
En el Hospital Dipreca de Carabineros de Chile, falleció el SOM (R) de la institución, Félix Sagredo, de 87 años. Sagredo se encontraba encarcelado cumpliendo condena por delitos de lesa humanidad en Colina 1, lugar donde llevaba 9
meses hospitalizado por diversas patologías de bases y contagiado hace algunos días de Covid.
“Se contagió en el Hospital no en el penal”, aclara el abogado a cargo de diversas defensas de condenados y procesados por delitos contra los DDHH, Raúl Meza a Cambio21.
“Nunca recibió indulto presidencial, tampoco beneficios para terminar su condena en domicilio”, reclama Meza, haciendo referencia a las promesas que en campaña les hiciera a los familiares de militares vinculados a delitos de lesa humanidad, el presidente Sebastián Piñera.
La “traición de Piñera” según abogado
El abogado defensor de casos de lesa humanidad, señaló a Cambio21 que “Lamentamos profundamente la muerte de un nuevo interno que se encontraba cumpliendo condenado en el penal de Colina 1 por haber servido a su patria, vayan para él y su familia nuestros más altos reconocimientos y memoria”.
De acuerdo al profesional, “Cada muerte de algún interno adulto mayor con enfermedad crónica o terminal que cumple condena en Punta Peuco y Colina 1, nos recuerda la traición
y deslealtad de Sebastián Piñera en el cumplimiento de las promesas que hizo a la familia
militar durante su campaña presidencial, entre otras la concesión de indultos presidenciales,
sin embargo ha rechazado dicho beneficio a más 16 internos fallecidos durante su mandato,
negándoseles el derecho a morir con dignidad junto a sus seres queridos”, reclama.
Y advierte a Piñera: “Ya vendrán los tiempos de esta familia militar a la que traicionaste,
que te demandará cada una de tus promesas incumplidas en favor de aquellos que
condenaste a morir en la cárcel”, concluye.
Cumplía condena a 15 años
Sagredo, fue condenado por la ministra en visita para causas por violaciones a los derechos
humanos de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes, quien dictó la
orden de ingreso a Colina 1, orden que incluyó además a otros 5 carabineros en retiro, todos
condenados por homicidio calificado de 15 víctimas en el denominado “Caso Lonquén”.
La Corte Suprema confirmó la condena a 15 años de presido en contra de Sagredo y de los
otros partícipes, los también carabineros, David Coliqueo Fuentealba, Justo Ignacio Romo
Peralta, Jacinto Torres González y Juan José Villegas Navarro, entre otros, quienes
compartieron la misma pena de presidio mayor en su grado medio como autores de los
delitos de homicidio calificado.

El Caso Lonquén
El caso Lonquén fue la primera brutalidad descubierta durante la dictadura. Fue devastador
para el país en su conjunto saber que de verdad habían ocurrido los salvajes crímenes que
denunciaban los familiares de las víctimas, hecho que los militares negaban y los jueces se
resistían a investigar.
Como se recordará, el 7 octubre de 1973, 15 campesinos (entre ellos menores de edad),
fueron detenidos por Carabineros en la localidad de Isla de Maipo, a quienes encerraron en
un cuartel, interrogaron y sometieron a torturas, de acuerdo al expediente.
Al día siguiente, los detenidos fueron llevados hasta unos antiguos hornos de una fábrica de
ladrillos abandonada, cerca de la localidad de Lonquén, donde carabineros los asesinaron a
tiros, metieron los cadáveres en los hornos y sellaron con cemento. Los antecedentes
posteriores, demostraron que, algunas de las víctimas, fueron enterradas vivas.
La Condena que marca precedente
En la investigación por los secuestros y homicidios calificados de 15 vecinos la localidad
de Isla de Maipo, detenidos en octubre de 1973, y cuyos cuerpos fueron inhumados
ilegalmente -y encontrados en 1979- en Lonquén, viene a marcar un hito muy preciado en
el mundo de los DD.HH y sobre todo en las familias de las víctimas.
Siete efectivos de Carabineros hoy en retiro, resultaron ser los responsables de los delitos
de secuestro calificado y homicidio calificado de Rodolfo Maureira Muñoz, Sergio
Maureira Muñoz, Segundo Maureira Muñoz, José Manuel Maureira Muñoz, Sergio
Maureira Lillo, Carlos Hernández Flores, Nelson Hernández Flores, Óscar Hernández
Flores, Enrique Astudillo Álvarez, Omar Astudillo Rojas, Ramón Astudillo Rojas, Miguel
Brant Benavente, Iván Ordóñez Lama, José Manuel Herrera Villegas y Manuel Navarro
Salinas.
Según los antecedentes recopilados en la investigación, en octubre de 1973, los entonces
efectivos de la tenencia de Carabineros de Isla de Maipo: Pablo Ñancupil Raquileo,
Marcelo Iván Castro Mendoza, Juan José Villegas Navarro, Félix Sagredo Aravena
(fallecido), David Coliqueo Peralta, Justo Romo Peralta y Jacinto Torres González tuvieron
participación en los delitos.
Inhumados ilegalmente
Según la condena;el día 7 de octubre de 1973, cuatro jóvenes que se encontraban en la
plaza de Isla de Maipo fueron detenidos por Carabineros de la Tenencia de Isla de Maipo y
trasladados a la misma, sin que se tuviera noticias de sus paraderos, hasta que por medio de
una denuncia que conoció la Iglesia Católica a fines de 1978, se estableció que sus restos
habían sido inhumados en los hornos de Lonquén, lográndose posteriormente la
identificación de sólo tres de ellos.
Ese mismo día 7, en horas de la noche;efectivos de Carabineros de la tenencia antes
indicada, quienes se movilizaban en una camioneta de propiedad del dueño de la viña
Nahuayan, detuvieron en sus respectivos domicilios a once personas pertenecientes a tres
familias del sector, siendo éstos posteriormente trasladados a dicha tenencia, sin que sus
familiares pudieran tener noticias de ellos, hasta que a raíz de la denuncia anónima que
conoció la Iglesia Católica a fines de 1978, estableció que habían sido inhumados en los
hornos de Lonquén, identificándose con posterioridad los restos de éstas once víctimas.
De esa manera la sentencia del caso, da cuenta de los secuestros y posteriores ejecuciones e
inhumaciones ilegales, de estos compatriotas. Asesinados sin juicio, sin cargos en su contra
e incluso sin ni siquiera ser algunos de ellos militantes de izquierda. Es más, hasta menores
de edad fueron víctimas del odio homicida de quienes se sentían detentando el poder
absoluto.
Lacerante verdad
La existencia de los restos en aquella mina abandonada en Lonquén, había llegado a la
Vicaría de la Solidaridad por la denuncia de un campesino del sector que los había
descubierto por azar. Primero se buscó en silencio comprobar la información, luego la
cautela se mantuvo, para evitar que los agentes de los órganos represivos intentaran ocultar
el hecho. Se ordenó que una comisión de profesionales se dirigiera al lugar y en el máximo
sigilo, verificara el hecho.
La comisión fue integrada por Enrique Alvear, quien era obispo auxiliar de Santiago; el
Vicario Cristián Precht, que dirigía la Vicaría, el abogado Javier Luis Egaña, quien además era
Secretario Ejecutivo de la Vicaría; el abogado jefe de la Vicaría, Alejandro González; el
abogado, ex ministro y embajador Máximo Pacheco Gómez; y los entonces director de la
revista Qué Pasa, Jaime Martínez y subdirector de la revista Hoy, Abraham Santibáñez,
quienes tuvieron la dolorosa misión de confirmar que eran restos humanos.
Los hornos estaban ubicados al interior de una cooperativa agrícola, El Triunfador, a no
más de 14 kilómetros de la ciudad de Talagante. Se trataba de dos antiguas chimeneas de
cerca de nueve metros de altura, que antes habían sido utilizadas para la preparación de cal.
La soledad del lugar había sido testigo silencioso del martirio de esas 15 personas.
Desgarradoras escenas
“Trozos de cráneos amarillentos, con huellas de cuero cabelludo; pelos sueltos, negros;
ropas desgarradas en las que se reconoce un bluejeans, un chaleco de hombre;… Así
describía el ex subdirector de la revista Hoy, Abraham Santibáñez lo que había podido
presenciar el 30 de noviembre de 1978 mientras se recuperaban restos de los ejecutados
desde el interior de los hornos en que los habían sepultado… algunos fueron lanzados allí
vivos.
Según distintos testimonios, el abogado González removió parte de los escombros y se
introdujo por la bóveda. Intentó despejar el camino partiendo de la base del horno hacia la
parte superior, a nivel de la tierra, de pronto un tórax humano le cayó encima. Al observar
con detenimiento, pudo constatar que la chimenea del horno estaba tapada por una mezcla
de fierros y materiales que ocultaban una combinación de huesos, ropa, cal y piedras.

El abogado Máximo Pacheco trataría de describir en una entrevista lo observado:
“Comenzamos a abrir el horno por abajo y de repente sale una calavera. Y después, un
hueso, otro hueso y otro hueso. Yo creí que me desmayaba. Nunca en mi vida había visto
una cosa semejante.”
“Había una rejilla metálica, como la de un somier, que había quedado atravesada sobre
nuestras cabezas y sobre ella se veían calaveras amarillentas, con restos de cabellos, retazos
de ropa, huesos largos”, relataría más tarde Abraham Santibáñez. La descripción de lo allí
encontrado, supera toda imaginación y no permite su reproducción, por lo dantesca.
La denuncia
Se había logrado la primera tarea, verificar que fueran efectivamente restos humanos y que
esa noticia no se filtrara, pues ya tenían la experiencia de la Cuesta de Chada el año 1974,
que, al filtrarse el descubrimiento de cerca de 20 cadáveres, la DINA procedió a retirarlos
del lugar antes que llegara la Vicaría. Venía la segunda tarea, no menos complicada, hacer
la denuncia.
El 1 de diciembre de 1978, altos dirigentes de la Vicaría de la Solidaridad, enfilaron hacia
la Corte Suprema. Los acompañaban el abogado Máximo Pacheco y al obispo Alvear,
quienes habían sido testigos de los hallazgos. Ya en la Corte Suprema fueron recibidos por
el presidente en aquella época, Israel Bórquez, el mismo que tiempo antes había declarado
estar “curco” con las denuncias sobre detenidos desaparecidos.
Máximo Pacheco relataría más tarde: “Nos dijo: “¿Ustedes creen que si en el jardín de su
casa ustedes hacen un hoyo y sale un hueso es suficiente para venir a molestar a la Corte
Suprema?”. Yo le dije: “Señor, no es ese el caso. Y esta denuncia no es a usted, sino a la
Corte, y yo quisiera que usted la presentara”. A pesar de la molestia de Bórquez, la
denuncia llegó al Pleno de la Suprema, la que ordenó a la Jueza de Talagante iniciar la
investigación.
Dolor y desesperanza
Ya conocido el hecho, los familiares de los miles de personas que permanecían
desaparecidos en el país, quienes abrigaban alguna esperanza de que sus seres queridos aún
estuvieran vivos, sufrieron un fuerte golpe. Este hecho que estremeció a Chile entero, fue el
primer acercamiento a la verdad. Los habían asesinado.
Al interior de la Vicaría se vivían momentos de angustia. Cada uno de los familiares de
detenidos desaparecidos que llegó al lugar –y fueron muchos-, pensaban que podían ser sus
seres queridos. La misma ansiedad experimentaron los cientos que llegaron hasta Lonquén
mismo para verificar si se trataba de sus familiares.
“El caso Lonquén era la primera brutalidad que se descubría, la primera situación
efectivamente desastrosa que vivieron los familiares de detenidos desaparecidos. Por un
lado, se daba la posibilidad de encontrarlos en aquellos hornos, pero por otro lado fue
devastador para nosotros”, señaló a Cambio21 la exdirigenta de la Agrupación de
Detenidos Desaparecidos Gabriela Zúñiga.
La evidencia de que los habían ejecutado y la manera en que lo habían hecho, golpeó no
solo a los familiares de aquellos que habían encontrado. También martirizó a las familias de
quienes aún no aparecían. “Los efectos para la dictadura resultaban en términos de impacto
público menores, pues no existían ni Cambio21 ni otros medios independientes, por lo que
no tuvo la difusión que merecía el caso”, acotó la exdirigenta de la Agrupación.
El dramático reconocimiento
Se ignoraba en principio de quienes se trataba, pero su número (15), la cercanía a Isla de
Maipo y una boleta encontrada en uno de los bolsillos de un pantalón, dieron los primeros
indicios. Se trataba de los detenidos desaparecidos de Isla de Maipo.
Recién a principios de 1979 fueron informados los familiares, tras contrastar con las
precarias fichas existentes sobre desaparecidos. Debieron acudir a la Morgue de Isla de
Maipo de ese tiempo para intentar identificar los restos de sus parientes. Dadas las
condiciones de los cadáveres, solo podían hacerlo mediante el reconocimiento de la ropa
que usaban el día de su desaparición.
Los cuerpos estaban destrozados, había evidencias de heridas de bala, sin embargo, en
muchos casos no tenían consecuencia de muerte, por lo que se pudo determinar
judicialmente que estaban vivos la mayoría al momento de lanzarlos amarrados con
alambres al interior del horno y taparlos con cal y escombros. Casi todos murieron por
golpes o asfixia.
Amnistía y Retiro de Televisores
La denuncia judicial del caso Lonquén, puso en alerta a la dictadura. Si se seguían
descubriendo los lugares donde estaban enterrados los ejecutados políticos y aquellos cuya
detención se negaba, pero que habían sido asesinados, se transformaría en un serio
problema internacional para Pinochet, quien hasta esa fecha aseguraba, con gran apoyo de
la prensa que le era incondicional, que los detenidos desaparecidos, no existían. Menos los
abusos o torturas.
Por otro lado, de descubrirse los cuerpos, terminarían descubriéndose los autores de los
crímenes y eso provocaría serios problemas en los cuerpos armados y los organismos de
seguridad. Las dictaduras se sustentan en la seguridad de impunidad para los que hacen el
trabajo sucio de eliminar a los contrarios. Si son intocables, seguirán siendo leales y
ejecutando las órdenes del dictador, cual sean ellas.
Así, dos medidas fueron rápidamente adoptadas. La primera, Pinochet ordenó
personalmente el plan conocido como “Retiro de Televisores”, que consistía en remover los
cuerpos que estaban enterrados ilegalmente en secreto y trasladarlos a otros sitios o
lanzarlos al mar, en su caso. De esa manera se borraría cualquier evidencia de los hechos.
La otra medida adoptada, buscaba la impunidad. Se dictó la Ley de Amnistía en 1978.
Eso aseguraba que torturadores y asesinos al servicio del régimen, no serían enjuiciados por sus
delitos. De hecho, los mismos que hoy están siendo acusados por los Tribunales, gozaron
del beneficio de la amnistía durante un tiempo.
Los acusados
La patrulla de siete carabineros estaba bajo las órdenes del teniente Lautaro Castro
Mendoza. A cargo de la patrulla misma iba el hoy acusado como autor de secuestro Pablo
Ñancupil Raquileo. También fueron acusados, pero como autores de homicidio, los
carabineros (r) Marcelo Castro Mendoza, Juan Villegas Navarro, Félix Sagredo Aravena,
David Coliqueo Fueltealba, Justo Ignacio Romo Peralta y Jacinto Torres González. Los
anteriores también son autores del secuestro de Manuel Navarro Salinas, el único cuerpo
que no fue identificado.
“La justicia o no llega o no al menos con la celeridad que debería tener, este es un caso que
lo demuestra, han pasado cerca de 40 años y ni todos los culpables han sido sancionados,
pues aquí hubo civiles que también participaron o ayudaron a que este horror sucediera.
También debió ser procesado el Director del Servicio Médico Legal de la época, que
terminó por deshacer la identificación de los restos al mezclarlos de mala fe”, concluye
Gabriela Zúñiga.
Secuestrarlos, torturarlos, ejecutarlos a golpes y enterrar a algunos vivos hasta la asfixia no
fue suficiente. Faltaba aún el último acto de bestialidad. A esas alturas el ministro Adolfo
Bañados estaba a cargo del caso, pero por poco tiempo, pues debió declararse incompetente
y pasar los antecedentes al fiscal militar Gonzalo Salazar, que terminó aplicando la amnistía
y liberando a los que había alcanzado a procesar Bañados. Ese mismo fiscal dio más tarde
la orden de entrega de un cuerpo, el de Sergio Maureira.
Desgarrador
Miles de personas se congregaron en la iglesia Recoleta Franciscana para velar los restos.
Corría el 14 de septiembre de 1979. No les entregaron los cuerpos. La desesperación entre
los familiares y asistentes a la iglesia fue conmovedora, se escuchaban gritos y llantos
desgarradores clamando por sus seres queridos. Los desmayos se sucedían unos a otros.
La noche anterior, funcionarios del Instituto Médico Legal que se encontraba intervenido
militarmente, habían retirado los cuerpos y habían mezclado las osamentas arrojándolas a
una fosa común en el cementerio de Isla de Maipo. El cuerpo de Sergio Maureira, el único
oficialmente identificado por la fiscalía, fue enterrado en un cajón en una sepultura de
tierra.
Más tarde, el abogado y exembajador Javier Luis Egaña, declararía a nuestro medio: “Fue
una maldad sin nombre, de un profundo desprecio por la dignidad humana. Una cosa de esa
magnitud requirió consulta a los más altos niveles. Fue una decisión tomada fríamente”,
concluyó. Los hornos fueron luego dinamitados por el nuevo dueño y cerrado se acceso.

Hoy, el caso vuelve al tapete, esta vez por la muerte de uno de los condenados, en la
soledad de un hospital aislado de su familia por el protocolo del Covid. Ni víctimas ni
victimarios han encontrado la paz. Las heridas, siguen abiertas.