Tanto el gobierno del Presidente Pedro Castillo como el Parlamento unicameral cuentan con el rechazo del 70% el primero, y el segundo, con el 80% de la ciudadanía. La consigna popular, de “que se vayan todos”, no es, en ningún caso, una solución al grave problema que aqueja al sistema político peruano, ya podrido por la corrupción y el robo manifiestos, practicado por todos los gobiernos a partir de 1990. Un país dividido entre el fujimorismo limeño y el robo por parte de una mafia que se ha instalado en el mismo Palacio Pizarro – antes y ahora – sólo puede dar como fruto una democracia sucia desde sus cimientos.
La nueva fiscal nacional, Patricia Benavides, está decidida a develar los delitos de la mafia chotana, integrada por familiares, amigos personales y congresistas “comprados”, los “famosos niños”, en su mayoría pertenecientes al Partido Acción Popular – Partido fundado por Belaúnde Terry – (hasta hoy se cuenta a doce congresistas cohechados).
La decisión del Ministerio Público, de actuar con celeridad y en forma decidida, ha provocado una crisis política sin precedentes en la historia de Perú: el equipo de fiscales, acompañado por la policía, allanó la residencia presidencial, en el Palacio Pizarro, en busca de la cuñada-hija, Yenifer Paredes quien de no haber sido encontrada en el Palacio, se entregó al Ministerio Público en forma “voluntaria”. Hasta ahora, la Fiscalía tiene siete dossiers en los cuales el Jefe de Estado aparece como líder de una mafia de asociación para delinquir, (asociación a la cual habría que agregar a la cuñada-hija del Presidente, y su esposa, Lili Paredes,que actúa como coordinadora y, la segunda, su hija Yenifer, como testaferro). A esta lista habría que agregar a los hermanos de la primera dama y a dos de los sobrinos del Presidente Castillo, Fray Vásquez y Marco Castillo, (“familia que roba unida permanece unida”).
Dos de los coterráneos del Presidente Castillo – hombres de confianza, Bruno Pacheco y Juan Silva, (el primero ex secretario de la presidencia y, el segundo, ex ministro de Transporte y Telecomunicaciones), poseen gran parte de la información respecto a la mafia: en el caso de Bruno Pacheco, se entregó a la justicia, y hoy tiene la categoría de “colaborador eficaz” y, el segundo permanece prófugo; Bruno Pacheco ha reconocido la existencia de la “venta” de altos cargos en el ejército y la policía, cuyo precio sería de 20 a 30.000 dólares americanos, (uno de estos actos de cohecho fue descubierto en la oficina de Pacheco).
La cuñada-hija fue descubierta a raíz de una visita a un pueblo chotano, en que aseguraba que el proyecto de Saneamiento, presentado por los hermanos Espino estaba asegurado: la cuñada-hija portaba un chaleco con el Logo de la empresa de los hermanos Espino.
El Congreso de Perú se ha convertido en “una cueva de ladrones”, donde se trafican los cargos y, además, se enfrentan una mafia de ex Almirantes fujimoristas, vs los partidos políticos de izquierda, entre ellos los llamados “caviares”, liderados por Verónica Mendoza, sumados a los marxistas-leninistas maoístas mariateguistas, dirigidos por Vladimir Cerrón, del Partido Perú Libre, (al cual Castillo adhirió en su campaña presidencial, y fue obligado a renunciar hace poco tiempo a instancias de los directivos de este Partido).
Hasta ahora, la ultraderecha fujimorista y militarista no ha podido vacar a Castillo por carecer de los 24 votos necesarios para aprobar en el Parlamento el cese de su cargo, acusado de “inmoralidad permanente”, (Gracias al voto de los “niños” y de los seguidores de Cerrón, además del Partido Magisterial, el Presidente, Pedro Castillo, tiene seguros a su favor 45 votos).
La oposición golpista, en vista de la imposibilidad del logro para vacar al Presidente Castillo, ha tomado el camino de tratar de suspenderlo de sus funciones mediante la figura constitucional de “traición a la patria”, (se basa en los dichos del Presidente en una entrevista concedida al periodista de CNN, Fernando del Rincón, en la cual proponía, entre otros, un plebiscito para entregar mar a Bolivia). El libelo de la acusación de traición a la patria está mal fundamentada, pues Castillo, junto con pedir perdón por sus dichos, no ha llevado ninguna acción concreta que conduzca a regalar soberanía nacional.
El Premier, Aníbal Torres, durante una reunión con líderes sociales – los Ronderos – lanzó un llamado a estos líderes para provocar “la postura de rodillas” a los golpistas de la ultraderecha limeña. A su vez, el Jefe de Estado ha acusado a los opositores de pretender sacarlo del cargo por el solo hecho de ser un humilde maestro campesino, develando así el quiebre del Perú entre ricos y pobres, entre limeños y serranos, entre la Capital y las provincias.
La continuidad de la raquítica democracia peruana está a punto de ser aniquilada por una conspiración jurídico-militar fujimorista, sumada a la corrupción endémica que azota a Perú, radicalizando los extremos.
Rafael Luis Gumucio Rivas (El Viejo)
13/08/2022
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