En medio de la creciente preocupación por las víctimas del estallido social en Chile, la presidenta de la Comisión de Salud y diputada Ana María Gazmuri ha solicitado al Ministerio de Salud (Minsal) información detallada sobre la implementación del Programa Integral de Reparación Ocular. Esta solicitud surge tras el trágico fallecimiento de Jorge Salvo, un joven maipucino que se quitó la vida después de sufrir mutilación ocular durante las protestas.
La diputada Gazmuri expresó su inquietud acerca de cómo el Estado está cumpliendo su rol de garante de los derechos de los pacientes afectados por la violencia estatal y cómo se está llevando a cabo el mencionado programa. Según sus declaraciones, el caso de Jorge Salvo refleja un «abandono total de todas las instituciones» y resalta la importancia de conocer cómo se está brindando apoyo a las víctimas de la violencia policial.
La diputada también hizo hincapié en la necesidad de asegurar un seguimiento continuo en el tratamiento de los pacientes tanto en la Región Metropolitana como en otras regiones del país. Además, denunció la impunidad y el abandono que sufren las víctimas, afirmando que «Jorge Salvo fue víctima de la violencia policial», y subrayó la falta de justicia, reparación y atención médica adecuada. Para Gazmuri, este panorama representa un doloroso fracaso del Estado hacia Jorge y todas las víctimas.
La coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular también se pronunció, responsabilizando al Estado y a sus instituciones negligentes por este lamentable hecho. Es importante recordar que Jorge Salvo había denunciado en repetidas ocasiones el abandono por parte del Estado hacia las víctimas de trauma ocular y había luchado junto a otros afectados por una Ley de Reparación Integral y mejores condiciones de atención en el Programa Integral de Reparación Ocular.
La solicitud de información al Ministerio de Salud por parte de la diputada Ana María Gazmuri pone de manifiesto la creciente preocupación en torno a las víctimas del estallido social en Chile y la necesidad de garantizar justicia, reparación y atención médica adecuada para aquellos que han sufrido daños oculares. Es crucial que el Estado asuma su responsabilidad y brinde el apoyo necesario a estas víctimas, asegurando un seguimiento continuo en su tratamiento y atendiendo sus demandas legítimas.
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