Foto: Cinco torturdadores y violadores de derechos humanos que podrían quedar en libertad: Todos oficiales del Ejército (R) Raúl Iturriaga, Miguel Krassnoff, Alvaro Corbalán, Ricardo Lawrence y Pedro Espinoza

El presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes y el ministro Leopoldo Llanos, se mostraron contrarios a la enmienda del partido de extrema derecha, el Republicano para liberar a reclusos mayores de 75 años, lo que beneficiaría a los presos de Punta Peuco.

Fuentes y Llanos analizaron ante la Comisión Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos del Consejo Constitucional las enmiendas presentadas al anteproyecto de la Comisión Experta, relativas al Capítulo VII sobre el Poder Judicial.

Entre las indicaciones abordadas, el ministro Llanos se refirió a la propuesta que busca constitucionalizar otorgar reclusión domiciliaria a reos mayores de 75 años que padezcan enfermedades terminales.

Sobre esta última, manifestó sus aprensiones sobre lo que podría generar dicha iniciativa en el ámbito jurídico internacional, en relación con los tratados de DD.HH suscritos por Chile.

Indicó que es necesario que se compatibilice con el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional para juzgar crímenes de lesa humanidad, del cual Chile es parte y recordó que dicho tratado, en su artículo 110 establece que el Estado no pondrá en libertad al recluso por delitos de lesa humanidad antes de que haya cumplido la pena.

En cuanto a las enmiendas que abordan la integración de los tratados internacionales de DD.HH. con el derecho interno, se plantea, entre otras iniciativas, que las normas de derecho interno, “deberán interpretarse de forma compatible con la Constitución y con el texto de los tratados de DD.HH. ratificados por Chile y vigentes”.

Al respecto, Llanos indicó que “la Convención de Viena -sobre derecho de los tratados- consagra que los tratados obligan a las partes a cumplirlos de buena fe, junto a la prohibición a invocar al derecho interno para incumplir el derecho internacional”.

Ya al conocer esta enmienda en particular, el ministro de Justicia, Luis Cordero, cuestionó su alcance y el universo de beneficiados que apuntaba especialmente a los reclusos en la cuestionada cárcel de la zona norte de la Región Metropolitana.

Esto porque “de las 50 mil personas privadas de libertad en nuestro país, 265 son mayores de 75 años. De esas 265, aproximadamente 146 son personas condenadas por violaciones a los derechos humanos. Yo creo que esa cifra lo dice todo”, explicó entonces.