Diputada Nogueira (UDI) formalizada por fraude al fisco
Foto UPI
Formalizada por fraude al fisco quedó hoy la diputada UDI Claudia Nogueira, luego de asistir a la audiencia en el Tribunal de Garantía de Valparaíso, en el marco de la investigación por irregularidades en el uso de asignaciones parlamentarias.
Nogueira es investigada por el pago de $20 millones en asesorías, recursos que luego retornaron a sus arcas a través de depósitos en la cuenta corriente de su marido, el ex alcalde de Recoleta Gonzalo Cornejo.
La diputada no quiso hacer declaraciones al término de la formalización y fue la defensa la que explicó por qué no pidieron el sobreseimiento, como lo habían anunciado el lunes.
“La Corte Suprema señala que la solicitud de sobreseimiento temporal procede si se ha producido como paso previo la formalización. Hay opiniones a favor y en contra de esto, pero para evitar cualquier vicio hemos estimado procedente pasar por la formalización”, dijo el abogado Mario Zumelzu.
Explicó que en su momento pedirá el sobreseimiento temporal, apelando a que existiría una “cuestión civil previa”, que según dijo haría prevalecer instancias internas de la Cámara de Diputado para revisar cuentas parlamentarias antes de la intervención judicial
“El órgano legal y constitucionalmente llamado a conocer y juzgar las cuentas parlamentarias no es el Ministerio Público, sino la comisión revisora de cuentas y en el día de ayer ingresamos una petición a la presidenta de la Cámara para que se constituya esta instancia como órgano encargado de conocer y juzgar en particular la cuenta de Claudia Nogueira”, apuntó.
Suspensión condicional para Aedo
El tribunal vio también el caso del ex diputado RN René Aedo, quien logró un acuerdo que implica devolver los $10 millones cuestionados por el arrendamiento irregular de una sede parlamentaria y donar $1 millón a Un Techo para Chile, a cambio de la suspensión condicional de la investigación.
El fiscal Jorge Abbott sostuvo que se llegó a este acuerdo porque el delito de negociación incompatible que se perseguía tiene una penalidad menor. “De haber sido condenado el diputado la pena que arriesgaba era mínima. Con esta fórmula se permite reintegrar todos aquellos recursos que el Estado tuvo que gastar para pagar el arrendamiento de una sede parlamentaria con infracción a la norma legal que prohíbe a los funcionarios públicos celebrar contratos con parientes o con sociedades en las cuales ellos tengan participación”.
Advirtió que “la suspensión es por un año y supone que durante este período el parlamentario no puede ser objeto de una nueva formalización, si no queda sin efecto la suspensión condicional”.
El fiscal recalcó que con este procedimiento “quedó establecido al menos que es posible un eventual reproche penal a los parlamentarios en el uso de las asignaciones”, apuntando que es importante dejar precedente de que “todos los parlamentarios son también funcionarios públicos y en consecuencia están sujetos a un eventual reproche penal en función del uso de recursos del Estado”.
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