escrito por Redacción
España-Argentina. Texto íntegro de la querella interpuesta ante los Tribunales de Argentina por la comisión de los delitos de genocidio y/o de lesa humanidad que tuvieron lugar en España en el período comprendido entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977.
http://www.elclarin.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=14023&Itemid=73
Es la primera causa abierta en América Latina bajo los principios de jurisdicción universal. De acuerdo con estos y a fin de poner término a la impunidad, cuando los delitos de lesa Humanidad, genocidio y crímenes de guerra no pueden o no quieren enjuiciarlos los Tribunales de los países donde se cometieron, pueden hacerlo los Tribunales que en otro país tengan conferida jurisdicción.
En España, hasta hoy y desde la insurrección el 17 de julio de 1936 de una fracción de las FFAA contra la Constitución y las Instituciones democráticas, TODOS los Tribunales mantienen cerradas sus puertas a las víctimas de la sistemática y generalizada destrucción de grupo nacional de españoles que los insurrectos decidieron destruir como grupo nacional diferenciado en valores culturales, sociales, políticos, civilizatorios, etc. Hasta el 15 de junio de 1977 sumaban más de trescientas mil (300.000) ejecuciones; más de ciento diez mil (110.000) desapariciones forzadas identificadas; confiscación de bienes, privación de la libertad a unos tres millones cuatrocientas mil (3.400.000) en campos de muerte, torturas, trabajos forzados, cárceles, identificados; más de treinta mil niños (30.000) sustraídos a sus padres biológicos y entregados a familias que apoyaron la insurrección antidemocrática, con identidades alteradas hasta hoy; desplazamiento de más de medio millón de otros ciudadanos, forzados al exilio. Todos estos delitos siguen impunes.
Al primer Juez que abrió su Juzgado a la denuncia de estos crímenes, D. Baltasar Garzón (Auto de 16 de octubre de 2008), el Tribunal superior le ordenó el 2 de diciembre de 2008 no continuar la investigación de estos delitos y desde entonces
es objeto de una persecución para destruirle, a su vez.
En España, hasta hoy y desde la insurrección el 17 de julio de 1936 de una fracción de las FFAA contra la Constitución y las Instituciones democráticas, TODOS los Tribunales mantienen cerradas sus puertas a las víctimas de la sistemática y generalizada destrucción de grupo nacional de españoles que los insurrectos decidieron destruir como grupo nacional diferenciado en valores culturales, sociales, políticos, civilizatorios, etc. Hasta el 15 de junio de 1977 sumaban más de trescientas mil (300.000) ejecuciones; más de ciento diez mil (110.000) desapariciones forzadas identificadas; confiscación de bienes, privación de la libertad a unos tres millones cuatrocientas mil (3.400.000) en campos de muerte, torturas, trabajos forzados, cárceles, identificados; más de treinta mil niños (30.000) sustraídos a sus padres biológicos y entregados a familias que apoyaron la insurrección antidemocrática, con identidades alteradas hasta hoy; desplazamiento de más de medio millón de otros ciudadanos, forzados al exilio. Todos estos delitos siguen impunes.
Al primer Juez que abrió su Juzgado a la denuncia de estos crímenes, D. Baltasar Garzón (Auto de 16 de octubre de 2008), el Tribunal superior le ordenó el 2 de diciembre de 2008 no continuar la investigación de estos delitos y desde entonces
es objeto de una persecución para destruirle, a su vez.
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