La querella interpuesta hoy permitirá al Tribunal Supremo en Pleno conocer la estratagema delictiva imputada a D. Juan Saavedra, Presidente de la Sala Penal del Alto Tribunal, y al Magistrado de la misma Sala D. Luciano Varela, para sancionar al Juez D. Baltasar Garzón por abrir su Juzgado a las víctimas de crímenes contra la Humanidad cometidos en España durante la Dictadura franquista (1936-1977), todos impunes.
El texto íntegro de la querella está publicado en http://www.elclarin.cl/images/pdf/querellafinalpresentada.pdf
D. Juan Saavedra y D. Luciano Varela están acusados de consolidar la denegación, de forma concertada, los derechos de las víctimas que, desde el 1 de abril de 1939, buscan una autoridad judicial que les escuche y haga justicia en los crímenes más graves y masivos de la historia moderna de España.
El escrito identifica la concertación para reducir a las víctimas a la más absoluta indefensión y denegación de justicia. Señala que las resoluciones a este fin adoptadas violan obligaciones internacionales del Estado español y derechos constitucionalmente reconocidos; desconocen que la Ley 46/1977 de 15 de octubre, de Amnistía, no es de aplicación a los presuntos crímenes de genocidio y lesa humanidad cometidos durante la dictadura franquista – objeto de la investigación presentada ante la Audiencia Nacional por Asociaciones de Víctimas e instruida por el Magistrado-Juez D. Baltasar Garzón.
El escrito razona que el Sr. Varela ha sostenido una falsa incriminación del Juez Garzón, de manera consciente y deliberada, a petición de asociaciones identificadas con intereses del fascismo español, en flagrante, absoluta y frontal violación de la letra y el espíritu de la ley 46/1977, de la Constitución española y de la doctrina penal internacional vigente en España.
La querella expone razones por las cuales el Sr. Varela incurre en “una ignorancia jurídicamente inexcusable”, deliberada, injustificada, de normas vinculantes para los Tribunales de España, y de una postura doctrinal y jurídica cada día más extensamente aceptada en todo el Mundo, sobre la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad así como de la inaplicabilidad de las leyes de amnistía o punto final.
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