Por Teresa Frías K.
El presidente de Amnistía Internacional Chile, Hernán Vergara,
explicó que la figura " desórdenes" queda al completo capricho y
arbitrio de quien la aplica, afectando derechos constitucionales y
humanos como la libertad de expresión, el derecho a reunión y la
libertad de manifestarse públicamente.
Este
miércoles la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados
votará uno de los proyectos de ley más polémicos impulsado por la
administración de Sebastián Piñera y que se ha ganado la denominación de
"Ley Hinzpeter", por ser el ministro del Interior su más fiero
defensor, la que incluso fue criticada una vez más por Amnistía
Internacional y organizaciones sociales.
El rechazo se da principalmente porque estiman que su único objetivo es criminalizar la protesta social, a partir de las masivas movilizaciones que se iniciaron el año pasado, principalmente por estudiantes secundarios y universitarios.
El presidente de Amnistía Internacional Chile, Hernán Vergara,
explicó que la figura "desórdenes" queda al completo capricho y arbitrio
de quien la aplica, afectando derechos constitucionales y humanos como
la libertad de expresión, el derecho a reunión y la libertad de
manifestarse públicamente.
Por su parte, para el presidente de la Confederación Nacional de la Salud Municipalizada (Confusam), Esteban Maturana, el objetivo de la polémica iniciativa es meramente político porque el Estado cuenta con la normativa suficiente para el resguardo del orden público.
Es por ello y en protesta de la Ley Hinzpeter, la organización convocó para este miércoles a una jornada de movilización, que incluye el enlutamiento de los consultorios y asambleas informativas sobre este proyecto para los trabajadores del sector.
Criminalizan las movilizaciones
Por su parte, el diputado Carlos Montes (PS) adelantó que la derecha
tiene mayoría en la comisión de Seguridad y "sin duda seguirán aprobando
esta medida que para mí no es solución, sino más bien sigue
criminalizando las manifestaciones".
En diálogo con Cambio21 agregó que "hemos
estudiado las indicaciones y seguiremos votando en contra. No resuelve
nada y afecta la expresión de derechos fundamentales".
"Lo que realmente queremos es buscar un camino para enfrentar el
vandalismo pero no las manifestaciones pacificas. Y sin duda aquí la
derecha va a querer aprobar todos los puntos de la Ley Hinzpeter",
finalizó el parlamentario.
En tanto el presidente de la Red de Acción Ecológica, Luis Mariano
Rendón, estimó que la "ley Hinzpeter" incluso violaría algunas garantías
constitucionales. En diálogo con Cambio21
añadió que "basándose en esta ley, sería lo mismo ocupar un
establecimiento que saquearlo, y eso no puede ser, es una tremenda
aberración".
En esa línea agregó que "es un proyecto que lo único que hará será
desestimar las manifestaciones criminalizándolas. Es imposible que le
den penas de cárcel a acciones que han estado presentes en democracia".
"Sin duda es una ley que no aceptaremos, y es por eso que llamamos a
no legislar, para que las aberraciones que se expresan en esta moción no
sigan adelante", declaró la cara visible de esta organización.
Finalmente Rendón indicó que "esta ley no es nada especial, lo que tiene es que es terrorista al más puro estilo Pinochet".
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Qué dice el polémico proyecto
Según indica el artículo 269 del proyecto, "serán castigados con la pena de presidio menor en su grado medio (esto es, una sanción privativa de libertad de 541 a 3 años) quienes participen en desórdenes o cualquier otro acto de fuerza o violencia que importen la realización de alguno de los siguientes hechos: Realicen paros y tomas en establecimientos privados, fiscales y municipales; alteren la libre circulación a personas, vehículos u otros; insulten a la Fuerza Pública (FF.AA., Carabineros y Gendarmería); inciten, promuevan o fomenten actos, marchas, etc, que después terminen en desórdenes".
Además, el ministro del Interior tendrá la facultad de formular querellas por delitos de "orden público" y Carabineros y PDI tendrá toda la libertad de incautar material audiovisual y fotográfico de las marchas o acto público.
A lo anterior, este punto sanciona a todas las protestas o "paros" aun cuando sean de brazos caídos de servicios públicos. Así, a modo de ejemplo, todo funcionario fiscal que participe cometerá este delito.
Una ley muy siniestra por lo que leo.
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