Cerca de 800 personas participaron este lunes de una marcha en apoyo a Daniel Melinao en Angol, en la región de la Araucanía. El objetivo de la manifestación era mostrar el rechazo a la acusación sobre el werkén de la comunidad Wente Winkul Mapu de haber participado en la muerte del carabinero Hugo Albornoz en Ercilla.
Pero todo terminó mal. Cuatro detenidos, entre ellos el sacerdote jesuita Luis García-Huidobro, conocido defensor de la causa mapuche, quien advirtió lo sucedido durante esa mañana en su cuenta en Twitter. A él, sin embargo, lo liberaron de inmediato por su “condición de religioso jesuita”, explica y reclama que fue un acto de discriminación, por lo que no les quedó más alternativa que soltarlos después del control de detención.
“Han pasado montones de cosas. Lo que pasa en territorio mapuche no se sabe mucho en Santiago”, cuenta en conversación con El Dínamo desde Tirúa, donde vive y trabaja hace un año en esa comunidad junto a otros 3 jesuitas que están allí hace 15 años realizando labores sociales.
“Anoche me avisaron que cinco comuneros mapuche habían recibido perdigones por parte de Carabineros cerca de mi casa”, relata mientras explica en detalle la persecución que han vivido las comunidades.
¿Cómo nace la vinculación de Daniel Melinao con la muerte del sargento Albornoz en Ercilla?
“En la noche anterior a ese allanamiento donde resultó muerto ese funcionario, yo dormí en la casa de Daniel. Temprano yo lo fui a dejar al bus porque tenía que ir a Collipulli con su familia. Al poco rato llega Fuerzas Especiales de Carabineros con un tremendo operativo y en medio de una situación confusa resulta muerto Albornoz. Al día siguiente, Daniel le pide a la PDI que venga a la comunidad para que haga los peritajes correspondientes y que aclaren el asunto. Todo esto fue en abril 2012. En noviembre, el fiscal dice que no hay pruebas para vincular a nadie con esa muerte, que la investigación no avanzaba. Semanas después, lo toman preso asegurando que él habría participado de la muerte y que carabinero lo vio ese día. Tengo la certeza de que no estaba porque yo lo dejé en el bus y lo vi irse. Si Daniel hubiese querido volver hubiera sido prácticamente imposible porque todo el territorio estaba cercado por FF.EE., no tenía por dónde entrar. Lo meten preso por el testimonio de un carabinero diciendo que estaba ahí, pero al día siguiente del incidente Daniel abrió las puertas a la PDI para que hicieran un peritaje. ¿Por qué no se lo llevan preso al día siguiente si estaba identificado? Aquí el fiscal instruyó a Carabineros para que digan después de un año quién estaba ahí, lo que debieron hacer al día siguiente”.
¿Hay un blindaje político a Carabineros?
“A Carabineros y a la Fiscalía. Hay fuertes presiones a los tribunales de la zona por parte del Poder Ejecutivo, del ministerio del Interior y del Presidente de la República, que está constantemente dirigiendo los fallos judiciales. Hay un blindaje político porque en el fondo el tema acá son las grandes empresas forestales que tienen cerca del 90% de los territorios que tienen las comunidades mapuche. Todos sabemos lo que pesa en Chile la familia Angelini o Matte, ellos son los dueños del Wallmapu”.
Entonces hay un respaldo por un tema económico…
“Hay un tema económico y político que hace que exista todo tipo de respaldo a Carabineros para todo tipo de excesos. Por ejemplo, el año pasado en cuatro oportunidades la Corte Suprema declaró judicialmente que Carabineros actúa fuera de la ley y les pidió que se sujeten a derecho en las comunidades mapuche. En especial lo dijeron contra el general Iván Bezmalinovic. Y no pasa nada. Carabineros sigue constantemente actuando fuera de la ley y amparados por el Presidente de la República. Esto pasó en el gobierno de Lagos y Bachelet también”.
¿Crees que se violan más los Derechos Humanos en territorio mapuche que en el resto del país?
“Sin duda. Hace un par de años el Instituto de Derechos Humano estaba pidiendo recursos para abrir una oficina en la región de la Araucanía. Hoy tienen a alguien acá pero con pocos recursos que tiene que andar todo el día viajando de un lado para otro. Hay oposición total del Gobierno para evitar que estos temas salgan a la luz pública. También uno podría decir que a los inmigrantes peruanos o colombianos les pasa algo bastante parecido”.
¿Es una manipulación política de la Ley Antiterrorista para lograr objetivos de grandes empresas?
“Sí. Hoy ya no hablan de Ley Antiterrorista y hoy los tribunales chilenos aplican la ley sin invocarla. Es bien curioso”.
¿Cómo funciona eso?
“Lo que hacen es usar los artículos de la Ley Antiterrorista. Por ejemplo, en la causa que empezó el miércoles están con el artículo 4 de esa ley pero delación compensada. Entonces, a un delator lo compensan y con eso pueden encarcelar a todo el resto de los acusados. Esa figura no está en los juicios penales comunes, pero lo ocupan. No dicen que se está invocando en todo el juicio. Eso mismo está ocurriendo con los testigos secretos. La mayoría de los condenados que hay es con este tipo de figuras, incluso menores de edad. En dos semanas más empieza una causa a dos menores de edad mapuche con Ley Antiterrorista y probablemente los condenen, pero no se dice porque a nivel internacional es complicado. Por eso dicen que no la van a invocar. Esto ya lo criticó el relator de derechos humanos de la ONU”.
¿El Estado ve en general a los mapuche como terroristas?
“Yo creo que no. Aquí hay algo bien dirigido contra el movimiento mapuche por la recuperación territorial. El Estado en general, yo creo, que ve a los mapuche como objeto de clientelismo político, para políticas sociales, para asegurar el voto. Pero el asunto de la represión está bien dirigido a quienes están en la protesta social por el derecho colectivo, de autonomía, de recuperación del territorio, algo que los documentos internacionales avalan. El mapuche en general es visto como ‘pobrecito, necesita ayuda y no puede hacer nada solo, por lo que tiene que votar por nosotros’”.
El retorno de Bachelet
¿Te preocupa el panorama con el retorno de Bachelet, teniendo en cuenta que ella aplicó la Ley Antiterrorista?
“Yo creo más bien que ella es la que debiera estar preocupada porque el movimiento está en un momento de auge, en Arauco, Malleco y Cautín. Un lugar que está tan lejos de Santiago, y para ellos todo lo que no pase en Santiago desde Estación Central hacia arriba les da lo mismo”.¿Cómo ves el programa de Bachelet en ese sentido? ¿Crees que se cumpla la promesa de una nueva institucionalidad indígena y respeto a los derechos humanos?
“En Michelle Bachelet no hay ningún tipo de confianza en que pueda poner remedio a la situación, ella u otro gobierno. Hoy el movimiento mapuche no tiene vínculos con partidos políticos. Lo que el movimiento está haciendo es ejercer el control territorial en Malleco, Arauco y Cautín. Allí están viviendo y construyendo sus casitas dentro, al margen de la ley chilena que no tiene ninguna validez en este momento. No hay mucho que crea que vaya a hacer Bachelet más que enviar más carabineros a la zona, la tónica de estos gobiernos”.
¿Pero qué debiera hacer ella?
“Si ella tuviera cierta responsabilidad política, debiera usar los mecanismos concretos que propuso la comisión histórica de 2003 que formó Ricardo lagos. Ellos plantearon que el camino era la expropiación de las tierras de las forestales que tienen territorios usurpados y regularizarlos y entregarlos a las grandes comunidades, para que no siguiera esta escalada de violencia. Pero acá no hay confianzas. Lo que sí hay es preocupación porque el general de la novena zona, Iván Bezmalinovic, el gran icono de la represión policial y el montaje sobre asesinato de algunos comuneros, lo mandaron como jefe a Biobío. Ojalá que no manden a tantos carabineros, porque entre ellos no tienen nada que ver y terminan cuidándole los intereses al señor Matte y Angelini. A nadie he escuchado confiado de encontrar una solución para esto, a nadie”.
¿Cuál es la visión que tiene la gente de Bezmalinovic desde las comunidades? Es apodado como el caza-mapuche…
“Es lo que va quedando de la impronta pinochetista. Su hermano es Carlos Bezmalinovic, efectivo del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) que en 1988 fue acusado de asesinar a los frentistas Cecilia Magni y Raúl Pellegrin, torturarlos y tirarlos al río. También es responsable directo de la muerte de Jaime Mendoza Collio, del montaje que hicieron disparando sobre un chaleco antibalas y un casco que nadie tenía puesto para mostrarlo a la opinión pública. En vez de ser dado de baja es ascendido. Y eso que la Corte Suprema ha pedido que Carabineros modere su violencia. Tienen respaldo total. Para las elecciones del domingo pasado, él fue a votar en helicóptero. Eso no lo puede hacer el Presidente ni un ministro. Habrían sido dados de baja en esa situación. Él tiene un blindaje mayor”.
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