Caso Lonquén: El alevoso primer crimen masivo al descubierto en dictadura

Por Mario López Moya
El caso Lonquén fue la primera brutalidad descubierta durante ese periodo negro de nuestra historia. Fue devastador para el país en su conjunto saber que de verdad habían ocurrido los salvajes crímenes que denunciaban los familiares de las víctimas, hecho que los militares negaban y los jueces se resistían a investigar.

El auto de acusación dictado por la ministra en visita de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Adriana Sottovia, en la investigación por los secuestros y homicidios calificados de 15 vecinos la localidad de Isla de Maipo, detenidos en octubre de 1973, y cuyos cuerpos fueron inhumados ilegalmente -y encontrados en 1979- en Lonquén, viene a marcar un hito muy preciado en el mundo de los DD.HH y sobre todo en las familias de las víctimas.

Siete efectivos de Carabineros hoy en retiro, resultaron ser los responsables de los delitos de secuestro calificado y homicidio calificado de Rodolfo Maureira Muñoz, Sergio Maureira Muñoz, Segundo Maureira Muñoz, José Manuel Maureira Muñoz, Sergio Maureira Lillo, Carlos Hernández Flores, Nelson Hernández Flores, Óscar Hernández Flores, Enrique Astudillo Álvarez, Omar Astudillo Rojas, Ramón Astudillo Rojas, Miguel Brant Benavente, Iván Ordóñez Lama, José Manuel Herrera Villegas y Manuel Navarro Salinas.

Un crimen abominable

Según los antecedentes recopilados en la investigación, en octubre de 1973, los entonces efectivos de la tenencia de Carabineros de Isla de Maipo: Pablo Ñancupil Raquileo, Marcelo Iván Castro Mendoza, Juan José Villegas Navarro, Félix Sagredo Aravena, David Coliqueo Peralta, Justo Romo Peralta y Jacinto Torres González tuvieron participación en los delitos.

Según el auto acusatorio, "El día 7 de octubre de 1973, cuatro jóvenes que se encontraban en la plaza de Isla de Maipo fueron detenidos por Carabineros de la Tenencia de Isla de Maipo y trasladados a la misma, sin que se tuviera noticias de sus paraderos, hasta que por medio de una denuncia que conoció la Iglesia Católica a fines de 1978, se estableció que sus restos habían sido inhumados en los hornos de Lonquén, lográndose posteriormente la identificación de sólo tres de ellos".

Ese mismo día 7, en horas de la noche, "efectivos de Carabineros de la tenencia antes indicada, quienes se movilizaban en una camioneta de propiedad del dueño de la viña Nahuayan, detuvieron en sus respectivos domicilios a once personas pertenecientes a tres familias del sector, siendo éstos posteriormente trasladados a dicha tenencia, sin que sus familiares pudieran tener noticias de ellos, hasta que a raíz de la denuncia anónima que conoció la Iglesia Católica a fines de 1978, estableció que habían sido inhumados en los hornos de Lonquén, identificándose con posterioridad los restos de éstas once víctimas".

De esa manera la magistrado a cargo del caso, da cuenta de los secuestros y posteriores ejecuciones e inhumaciones ilegales, de estos compatriotas. Asesinados sin juicio, sin cargos en su contra e incluso sin ni siquiera ser algunos de ellos militantes de izquierda. Es más, hasta menores de edad fueron víctimas del odio homicida de quienes se sentían detentando el poder absoluto.

Lacerante verdad

La existencia de los restos en aquella mina abandonada en Lonquén, había llegado a la Vicaría de la Solidaridad por la denuncia de un campesino del sector que los había descubierto por azar. Primero se buscó en silencio comprobar la información, luego la cautela se mantuvo, para evitar que los agentes de los órganos represivos intentaran ocultar el hecho. Se ordenó que una comisión de profesionales se dirigiera al lugar y en el máximo sigilo, verificara el hecho.

La comisión fue integrada por Enrique Alvear, quien era obispo auxiliar de Santiago; el Vicario Precht, que dirigía la Vicaría, el abogado Javier Luis Egaña, quien además era Secretario Ejecutivo de la Vicaría; el abogado jefe de la Vicaría, Alejandro González; el abogado, ex ministro y embajador Máximo Pacheco Gómez; y los entonces director de la revista Qué Pasa, Jaime Martínez y subdirector de la revista Hoy, Abraham Santibáñez, tuvieron la dolora misión de confirmar que eran restos humanos.

Los hornos estaban ubicados al interior de una cooperativa agrícola, El Triunfador, a no más de 14 kilómetros de la ciudad de Talagante. Se trataba de dos antiguas chimeneas de cerca de nueve metros de altura, que antes habían sido utilizadas para la preparación de cal. La soledad del lugar había sido testigo silencioso del martirio de esas 15 personas.

Desgarradoras escenas

"Trozos de cráneos amarillentos, con huellas de cuero cabelludo; pelos sueltos, negros; ropas desgarradas en las que se reconoce un bluejeans, un chaleco de hombre"... Así describía el ex subdirector de la revista Hoy, Abraham Santibáñez lo que había podido presenciar el 30 de noviembre de 1978 mientras se recuperaban restos de los ejecutados desde el interior de los hornos en que los habían sepultado... algunos fueron lanzados allí vivos.

Según distintos testimonios, el abogado González removió parte de los escombros y se introdujo por la bóveda. Intentó despejar el camino partiendo de la base del horno hacia la parte superior, a nivel de la tierra, de pronto un tórax humano le cayó encima. Al observar con detenimiento, pudo constatar que la chimenea del horno estaba tapada por una mezcla de fierros y materiales que ocultaban una combinación de huesos, ropa, cal y piedras.

El abogado Máximo Pacheco trataría de describir en una entrevista lo observado: "Comenzamos a abrir el horno por abajo y de repente sale una calavera. Y después, un hueso, otro hueso y otro hueso. Yo creí que me desmayaba. Nunca en mi vida había visto una cosa semejante."

"Había una rejilla metálica, como la de un somier, que había quedado atravesada sobre nuestras cabezas y sobre ella se veían calaveras amarillentas, con restos de cabellos, retazos de ropa, huesos largos", relataría más tarde Abraham Santibáñez. La descripción de lo allí encontrado, supera toda imaginación y no permite su reproducción, por lo dantesca.

La denuncia

Se había logrado la primera tarea, verificar que fueran efectivamente restos humanos y que esa noticia no se filtrara, pues ya tenían la experiencia de la Cuesta de Chada el año 1974, que al filtrarse el descubrimiento de cerca de 20 cadáveres, la DINA procedió a retirarlos del lugar antes que llegara la Vicaría. Venía la segunda tarea, no menos complicada, hacer la denuncia.

El 1 de diciembre de 1978, altos dirigentes de la Vicaría de la Solidaridad, enfilaron hacia la Corte Suprema. Los acompañaban el abogado Máximo Pacheco y al obispo Alvear, quienes habían sido testigos de los hallazgos. Ya en la Corte Suprema fueron recibidos por el presidente en aquella época, Israel Bórquez, el mismo que tiempo antes había declarado estar "curco" con las denuncias sobre detenidos desaparecidos.

Máximo Pacheco relataría más tarde: "Nos dijo: "¿Ustedes creen que si en el jardín de su casa ustedes hacen un hoyo y sale un hueso es suficiente para venir a molestar a la Corte Suprema?". Yo le dije: "Señor, no es ese el caso. Y esta denuncia no es a usted, sino a la Corte, y yo quisiera que usted la presentara". A pesar de la molestia de Bórquez, la denuncia llegó al Pleno de la Suprema, la que ordenó a la Jueza de Talagante iniciar la investigación.

Dolor y desesperanza

Ya conocido el hecho, los familiares de los miles de personas que permanecían desaparecidos en el país, quienes abrigaban alguna esperanza de que sus seres queridos aún estuvieran vivos, sufrieron un fuerte golpe. Este hecho que estremeció a Chile entero, fue el primer acercamiento a la verdad. Los habían asesinado.

Al interior de la Vicaría se vivían momentos de angustia. Cada uno de los familiares de detenidos desaparecidos que llegó al lugar -y fueron muchos-, pensaban que podían ser sus seres queridos. La misma ansiedad experimentaron los cientos que llegaron hasta Lonquén mismo para verificar si se trataba de sus familiares.

"El caso Lonquén era la primera brutalidad que se descubría, la primera situación efectivamente desastrosa que vivieron los familiares de detenidos desaparecidos. Por un lado se daba la posibilidad de encontrarlos en aquellos hornos, pero por otro lado fue devastador para nosotros", señala a Cambio21 la dirigente de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos Gabriela Zúñiga.

La evidencia de que los habían ejecutado y la manera en que lo habían hecho, golpeó no solo a los familiares de aquellos que habían encontrado. También martirizó a las familias de quienes aún no aparecían. "Los efectos para la dictadura resultaban en términos de impacto público menores, pues no existían ni Cambio21 ni otros medios independientes, por lo que no tuvo la difusión que merecía el caso", señala la dirigente de la Agrupación.

Él dramático reconocimiento

Se ignoraba en principio de quienes se trataba, pero su número (15), la cercanía a Isla de Maipo y una boleta encontrada en uno de los bolsillos de un pantalón, dieron los primeros indicios. Se trataba de los detenidos desaparecidos de Isla de Maipo.

Recién a principios de 1979 fueron informados los familiares, tras contrastar con las precarias fichas existentes sobre desaparecidos. Debieron acudir a la Morgue de Isla de Maipo de ese tiempo para intentar identificar los restos de sus parientes. Dadas las condiciones de los cadáveres, solo podían hacerlo mediante el reconocimiento de la ropa que usaban el día de su desaparición.

Los cuerpos estaban destrozados, había evidencias de heridas de bala, sin embargo en muchos casos no tenían consecuencia de muerte, por lo que se pudo determinar judicialmente que estaban vivos la mayoría al momento de lanzarlos amarrados con alambres al interior del horno y taparlos con cal y escombros. Casi todos murieron por golpes o asfixia.

Amnistía y Retiro de Televisores

La denuncia judicial puso en alerta a la dictadura. Si se seguían descubriendo los lugares donde estaban enterrados los ejecutados políticos y aquellos cuya detención se negaba, pero que habían sido asesinados, se transformaría en un serio problema internacional para Pinochet, quien hasta esa fecha aseguraba, con gran apoyo de la prensa que le era incondicional, que los detenidos desaparecidos, no existían. Menos los abusos o torturas.

Por otro lado, de descubrirse los cuerpos, terminarían descubriéndose los autores de los crímenes y eso provocaría serios problemas en los cuerpos armados y los organismos de seguridad. Las dictaduras se sustentan en la seguridad de impunidad para los que hacen el trabajo sucio de eliminar a los contrarios. Si son intocables, seguirán siendo leales y ejecutando las órdenes del dictador, cual sean ellas.

Así, dos medidas fueron rápidamente adoptadas. La primera, Pinochet ordenó personalmente el plan conocido como "Retiro de Televisores", que consistía en remover los cuerpos que estaban enterrados ilegalmente en secreto y trasladarlos a otros sitios o lanzarlos al mar, en su caso. De esa manera se borraría cualquier evidencia de los hechos. La otra medida adoptada, buscaba la impunidad. Se dictó la Ley de Amnistía en 1978. Eso aseguraba que torturadores y asesinos al servicio del régimen, no serían enjuiciados por sus delitos. De hecho, los mismos que hoy están siendo acusados por los Tribunales, gozaron del beneficio de la amnistía durante un tiempo.

Los acusados

La patrulla de siete carabineros estaba bajo las órdenes del teniente Lautaro Castro Mendoza. A cargo de la patrulla misma iba el hoy acusado como autor de secuestro Pablo Ñancupil Raquileo. También fueron acusados, pero como autores de homicidio, los carabineros (r) Marcelo Castro Mendoza, Juan Villegas Navarro, Félix Sagredo Aravena, David Coliqueo Fueltealba, Justo Ignacio Romo Peralta y Jacinto Torres González. Los anteriores también son autores del secuestro de Manuel Navarro Salinas, el único cuerpo que no fue identificado.

"La justicia o no llega o no al menos con la celeridad que debería tener, este es un caso que lo demuestra, han pasado cerca de 40 años y ni todos los culpables han sido sancionados, pues aquí hubo civiles que también participaron o ayudaron a que este horror sucediera. También debió ser procesado el Director del Servicio Médico Legal de la época, que terminó por deshacer la identificación de los restos al mezclarlos de mala fe", concluye Gabriela Zúñiga.

Un grito estremecedor

Secuestrarlos, torturarlos, ejecutarlos a golpes y enterrar a algunos vivos hasta la asfixia no fue suficiente. Faltaba aún el último acto de bestialidad. A esas alturas el ministro Adolfo Bañados estaba a cargo del caso, pero por poco tiempo, pues debió declararse incompetente y pasar los antecedentes al fiscal militar Gonzalo Salazar, que terminó aplicando la amnistía y liberando a los que había alcanzado a procesar Bañados. Ese mismo fiscal dio más tarde la orden de entrega de un cuerpo, el de Sergio Maureira.

Miles de personas se congregaron en la iglesia Recoleta Franciscana para velar los restos. Corría el 14 de septiembre de 1979. No les entregaron los cuerpos. La desesperación entre los familiares y asistentes a la iglesia fue conmovedora, se escuchaban gritos y llantos desgarradores clamando por sus seres queridos. Los desmayos se sucedían unos a otros.

La noche anterior, funcionarios del Instituto Médico Legal que se encontraba intervenido militarmente, habían retirado los cuerpos y habían mezclado las osamentas arrojándolas a una fosa común en el cementerio de Isla de Maipo. El cuerpo de Sergio Maureira, el único oficialmente identificado por la fiscalía, fue enterrado en un cajón en una sepultura de tierra.

Para el abogado y exembajador Javier Luis Egaña, "Fue una maldad sin nombre, de un profundo desprecio por la dignidad humana. Una cosa de esa magnitud requirió consulta a los más altos niveles. Fue una decisión tomada fríamente", concluyó. Los hornos fueron más tarde dinamitados por el nuevo dueño y cerrado se acceso.