En su informe anual el INDH se
refirió a los cambios que en materia educativa se tramitan en el
Parlamento. En esa línea, su directora advirtió que el sistema actual
para escoger a los estudiantes usado en los colegios "tiene
consecuencias severas para jóvenes y niños".
por El Mostrador.
Fotos: Marcos Rodriguez G.
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Precisamente en el día en que se conmemora la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó su informe anual en este ámbito, en una ceremonia realizada en el centro cultural Matucana 100 a la que asistió el Vicepresidente de la República, Rodrigo Peñailillo.
La directora del instituto Lorena Fries comenzó su discurso revelando que durante 2014 “hemos presentado más de 12 querellas por tortura y 15 amparos por violencia policial” y agregó que el organismo que dirige “no cejará en la defensa de personas que son víctimas de tortura hasta que podamos decir que este país esta libre de esos hechos”.
Fries, paralelamente, hizo referencia a la contingencia legislativa en relación a la reforma educacional que se tramita en el Parlamento. Advirtió sobre los efectos de la segregación escolar, uno de los temas clave entre los cambios que impulsa el gobierno. “Tiene consecuencias severas para jóvenes y niños condenados por un acceso a la educación que depende de la capacidad de la familia de pagar, esta educación discrimina”, afirmó.
De hecho, entre las recomendaciones que consigna el informe destaca la solicitud de “adoptar las medidas legislativas y administrativas tendientes a prohibir mecanismos discriminatorios de selección. En este sentido, se insta al Ministerio de Educación y al Congreso a avanzar en una reforma educacional que elimine los procesos de selección por motivos arbitrarios en los establecimientos”, dice el documento.
En la misma línea el informe sugiere “adoptar las medidas necesarias para la aplicación progresiva de la enseñanza gratuita en todos los niveles”. En ese sentido, el organismo puso el foco en que se discuta adecuadamente el financiamiento de la reforma.
“Para garantizar el principio de igualdad en el goce del derecho a educación de calidad de grupos tradicionalmente excluidos, las autoridades parlamentarias y de gobierno deben tener especial preocupación en procurar que la regulación de la asignación de recursos, que se discuta en el marco de la reforma, sean suficientes para asegurar el acceso y disponibilidad de educación de calidad que responda a las necesidades de comunidades como la población indígena, la población rural, las personas con necesidades educativas especiales, los privados de libertad y los adultos sin escolaridad completa”, recomienda el informe.
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