El primer informe presentado ayer por el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en Afganistán, Richard Bennett, nombrado el 1 de abril de este mismo año, refleja los acontecimientos desde el 15 de agosto de 2021, cuando los talibanes tomaron el poder, incluida la discriminación y la violencia contra las mujeres, las violaciones relacionadas con los conflictos, las restricciones a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, las condiciones económicas, sociales y económicas: los desafíos son muchos y el camino muy largo.
Es la primera vez que Richard Bennett, Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en Afganistán, presenta un informe antes el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La ocasión es la sesión número 51 que se está realizando desde hoy hacia el 7 de octubre en la sede de las Naciones Unidas de Ginebra.
“Lamento informar que desde que se estableció este mandato hace casi un año, la situación de los derechos humanos se ha deteriorado. Los afganos están atrapados en una crisis de derechos humanos que el mundo parece incapaz de abordar”, declara Richard Bennett hoy, frente al Consejo de Derechos Humanos. “El grave retroceso de los derechos de las mujeres y las niñas, las represalias contra los opositores y los críticos, y la represión de la libertad de expresión por parte de los talibanes equivalen a una caída en el autoritarismo. Esta crisis exige la atención continua de este consejo”.
“Todos los afganos están pasando por tiempos turbulentos, sin embargo, estoy profundamente preocupado por la asombrosa regresión en el disfrute de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las mujeres y las niñas desde que los talibanes tomaron el control del país. No hay ningún país en el mundo donde las mujeres y las niñas se hayan visto privadas tan rápidamente de sus derechos humanos fundamentales simplemente por su género. La mitad de la población no puede seguir siendo ignorada y privada de sus derechos. Las autoridades de facto deben cambiar sus políticas y defender los derechos humanos de las mujeres. Este es un asunto de preocupación internacional y se requiere una acción urgente para preservar la prohibición fundamental contra la discriminación del sistema internacional de derechos humanos”, sigue Bennett.
Un conflicto retomado hace más de un año
El 15 de agosto de 2021, los talibanes tomaron el control de Kabul, después de obtener rápidamente el control de muchas capitales de provincia. Se produjo el caos en el Aeropuerto Internacional de Kabul durante una operación de evacuación internacional, que fue atacada el 26 de agosto y mató a 183 personas. El 29 de agosto, una familia de 10 integrantes, incluidos siete niños, murió en un ataque aéreo estadounidense.
Para el 30 de agosto de 2021, las fuerzas internacionales se habían retirado.
El 6 de septiembre de 2021, los talibanes capturaron la provincia de Panjshir, durante mucho tiempo un sitio de resistencia a los talibanes, y declararon el control territorial completo sobre Afganistán.
Los talibanes declararon el estado del Emirato Islámico de Afganistán, el título utilizado cuando los talibanes controlaron el país entre 1996 y 2001. Los Emiratos de los talibanes están dirigidos por un emir, también conocido como el líder supremo, que tiene autoridad absoluta sobre todos los asuntos: religiosos, políticos y militares.
El 7 de septiembre de 2021, los talibanes anunciaron un gabinete interino exclusivamente masculino, predominantemente pastún, y otros puestos clave a nivel nacional y provincial.
Los designados son afiliados talibanes, muchos de los cuales están en el Consejo de Seguridad de la ONU (1276) y en las listas de sanciones de Estados miembros individuales. Esta administración no está reconocida por las Naciones Unidas y, como tal, se la menciona como la autoridad de facto.
Crisis cultural, crisis económica, crisis humanitaria
Aunque los talibanes han afirmado repetidamente que su administración es inclusiva, carece de diversidad de género, étnica, religiosa, política y geográfica. La gran asamblea de 4.500 eruditos religiosos y clérigos celebrada en Kabul del 30 de junio al 2 de julio de 2022 fue otra oportunidad perdida para establecer un proceso político inclusivo. La asamblea de hombres estuvo desprovista de diversidad y logró poco más que reafirmar el apoyo a las autoridades de facto.
En marzo de 2022, el gabinete de facto aprobó el establecimiento de la “Comisión de Repatriación y Conexión” con el objetivo de persuadir a figuras importantes para que regresen a Afganistán. Si bien este esquema promete ser un paso hacia la reconciliación, los factores que se analizan a continuación, incluidas las ejecuciones extrajudiciales y el incumplimiento de la amnistía anunciada el 17 de agosto, sugieren que no producirá resultados suficientes en ausencia de una administración inclusiva y representativa.
Las autoridades de facto han suspendido la Constitución y disuelto los mecanismos e instituciones de supervisión independientes, incluida la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán (AIHRC), ambas cámaras del Parlamento, la Comisión Electoral y los Ministerios de Asuntos de la Mujer (MoWA), Asuntos Parlamentarios y Paz.
Afganistán está experimentando una crisis económica compleja, con desastres naturales que exacerban la emergencia humanitaria que comenzó antes de la toma del poder por parte de los talibanes.
El PIB real per cápita disminuyó un 34 % entre finales de 2020 y finales de 2021.
Afganistán recibió un enorme apoyo internacional durante dos décadas, lo que impulsó los avances en desarrollo humano de los peores del mundo a alrededor del promedio para un país con su nivel de ingresos.
Después de la toma del poder por parte de los talibanes, la economía afgana casi se derrumbó cuando se detuvo el apoyo internacional. Esto se vio exacerbado por el Banco Central de Afganistán, ahora controlado por los talibanes, que ha sido aislado del sistema bancario internacional, incluido el acceso a las reservas de divisas del país.
El aislamiento del Banco Central de Afganistán del sistema bancario internacional, incluido el acceso a las reservas de divisas del país, junto con la reducción del apoyo internacional, ha llevado a la economía afgana al borde del colapso. Esto ha afectado significativamente la provisión de servicios sociales básicos, incluyendo el sistema de salud, impactando negativamente en los derechos económicos, sociales y culturales.
La OMS y la FAO advierten que para noviembre se estima que 18,9 millones de personas, casi la mitad de la población, enfrentarán niveles agudos de inseguridad alimentaria. Los niños, en particular, enfrentan hambre extrema y altos riesgos de explotación, incluidos el trabajo forzado y el matrimonio.
“Un tema significativo que no he abordado en este informe pero lo haré en el futuro, es el de los desplazados internos, de los cuales hay más de 4 millones. La capacidad de los afganos para abandonar el país si así lo desean, y cómo son tratados en los países vecinos y recibidos en otros países de reasentamiento también sigue siendo motivo de preocupación y necesita una atención mucho más urgente por parte de la comunidad internacional”, denunció el Relator Especial.
Las libertades fundamentales siguen siendo sombrías y el espacio cívico continúa reduciéndose. Las organizaciones de la sociedad civil y, en particular, los defensores de los derechos humanos se enfrentan a numerosas presiones, como la falta de financiación, el no reconocimiento por parte de las autoridades de facto, así como represalias y amenazas
La situación de las minorías étnicas y religiosas, que históricamente se han enfrentado a persecuciones y ataques, ha seguido deteriorándose desde agosto de 2021. Se han atacado sistemáticamente lugares de culto, centros educativos y médicos y el transporte público. Los ataques han afectado a las comunidades sufí y sij con efectos devastadores.
Las comunidades hazaras y chiítas son uno de los grupos más perseguidos. Los miembros han sido arrestados arbitrariamente, torturados, ejecutados sumariamente, desplazados de sus tierras tradicionales, sujetos a impuestos discriminatorios y marginados. Han sido víctimas de ataques durante años, frecuentemente reivindicados por ISIL-KP. Estos ataques parecen ser de naturaleza sistemática y reflejan elementos de una política organizacional, por lo que tienen características de crímenes internacionales y deben investigarse a fondo.
El sistema de justicia bajo la República ha sido en gran medida barrido con los ex jueces, incluidas las juezas, excluidos. Existe incertidumbre sobre las leyes y procesos aplicables, y los casos se manejan de manera idiosincrásica en todas las jurisdicciones y ubicaciones. Los delitos como el robo o la agresión a menudo son abordados por las fuerzas de seguridad sin la participación de fiscales, jueces o abogados defensores. Los exfuncionarios judiciales siguen expuestos a un alto riesgo de represalias por parte de los talibanes o de los presos ahora liberados cuyos casos presidieron.
“Finalmente, reflexiono que no solo se ha comprometido la independencia del sistema judicial, sino que se han desmantelado otras instituciones de supervisión que crean los controles y equilibrios necesarios para cualquier gobierno transparente y responsable, tanto las cámaras del parlamento como la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán, por ejemplo, por no hablar de una constitución compatible con las normas internacionales de derechos humanos”, sigue el Relator Especial Bennett.
Elena Rusca, Ginebra, 12.09.2022
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