El diputado Hugo Gutiérrez manifestó su asombro ante la decisión del ministro Héctor Carreñode aplicar la amnistía por el caso del crimen del diplomático español Carmelo Soria, aludiendo a “cosa juzgada” por el sobreseimiento de la Corte Suprema en 1996.
El parlamentario hizo un llamado a José Miguel Insulza, Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), indicando que él, en su calidad defuncionario internacional, también debería emitir opinión con respecto a lo que está ocurriendo en Chile con el caso Soria.
El diputado miembro del Partido Comunista y abogado especializado en Derechos Humanos lamentó el que, según su parecer, “Chile, con el gobierno de Piñera, se está poniendo al margen del derecho internacional, al desconocer las resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.
Chile se está poniendo al margen del derecho internacional. Bajo el gobierno de Piñera, lo que está haciendo Chile es desconocer las resoluciones que emite un organismo que está para proteger los derechos, que el la comisión interamericana de derechos humanos, en consecuencia, me parece que es correcto lo que ha dicho, que va a recurrir al sistema internacional nuevamente
Es precisamente a este organismo, donde Carmen Soria, hija de Carmelo Soria, ha decidido recurrir para reactivar la demanda contra el Estado de Chile. Algo que HugoGutiérrez considera “correcto” y le otorga todo su respaldo.
Lama dijo que comunicó la decisión del gobierno a Carmen Soria, hija del diplomático, quien se mostró "muy agradecida y contenta por el apoyo”. Ayer, ante el dictamen de Carreño, Soria había anunciado querecurrirá ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La secretaria ejecutiva del Programa de Derechos Humanos explicó que la decisión de apelar responde al cumplimiento de tratados internacionales, ya que la Ley de Amnistía que se aplicó a dos de los acusados no puede detener la investigación.
"Jurídicamente nos corresponde apelar la decisión del magistrado, tenemos un mandato legal que nos obliga a ir adelante", aseveró la abogada en declaraciones a la agencia EFE, confirmando que se insistirá en la solicitud de reapertura del caso, interpuesta por el ex subsecretario del Interior Patricio Rosende.
Esta será la primera acción que emprenderá el gobierno de Sebastián Piñera relacionada con los atropellos a los derechos humanos cometidos durante la dictadura.
"Nuestra obligación es buscar verdad y justicia, no nos podemos quedar con los brazos cruzados", agregó Lama.
El diplomático español Carmelo Soria fue secuestrado el 14 de julio de 1976 y su cadáver, con huellas de tortura, fue encontrado dos días después en un canal de Santiago.
Ayer, el ministro Héctor Carreño determinó que, estando la causa sobreseída total y definitivamente debido a la aplicación de la Ley de Amnistía, resulta imposible reabrir la investigación por el crimen.
El país ha sido sorprendido con la decisión gubernamental de adelantar el toque de queda en la ciudad de Concepción y toda la Región del Biobío el lunes 29 de marzo. La excusa es la conmemoración del Día del Joven Combatiente y la posibilidad de desmanes que se pudieran producir.
Es importante que el país recuerde que el estado de excepción, que restringe el libre tránsito por las calles, fue instalado en la zona afectada por el terremoto y tsunami del 27 de febrero como una forma eficaz de evitar los robos a negocios y casas particulares. Esa situación está bajo absoluto control.
La actual medida de la autoridad es un abuso que no tiene otra justificación que establecer un precedente para suspender las garantías constitucionales cada vez que la protesta social se exprese contra los abusos. La paz social y el orden público son las murallas de contención que permiten a los patrones realizar sus jugosos negocios sin el cuestionamiento de los trabajadores afectados por ellos. Nuevamente las FF. AA. empiezan a ser utilizadas para la protección de la propiedad privada empresarial, con resultado de represión y muerte para el pueblo.
El toque de queda ya demostró ser totalmente inadecuado para garantizar la tranquilidad de la población, con la muerte del trabajador David Riquelme, en la localidad de Hualpén, a manos de una patrulla de la Armada, la que sumó un muerto más a los que provocó con su mal manejo de la alerta de tsunami.
Como resultado de esta arbitraria medida gubernamental la ciudad de Concepción se vio afectada por un caos vial inmenso, aumentando la sensación de inseguridad que es lo contrario de lo proclamado por las autoridades locales y de gobierno.
Ni el general de Ejército, Guillermo Ramírez, jefe de plaza de esa zona, ni su Intendenta, ni el gabinete de los gerentes, ni el Presidente- empresario podrán impedir que en Chile se recuerde, cada 29 de marzo, el asesinato de los hermanos Rafael y Eduardo Vergara Toledo a manos de Carabineros de Chile, en la Villa Francia, el año 1985.
La preocupación del gobierno debiera estar puesta en resolver los problemas derivados de la tragedia del 27 de febrero, en normalizar la situación y no en mantener la alarma pública y criminalizar los derechos a la libre expresión, a la libre circulación que le asisten a la ciudadanía trabajadora del país.
Agrupación Nacional de ex Prisioneros Políticos de Chile
Héctor CataldoPresidente Julio AránguizSecretario General Patricio NegrónVicepresidente Roberto SapiainsVicepresidente César LeytonVicepresidente Odesa FloresVicepresidenta Jorge MorgadoEncargado Organización Víctor CuevasEncargado Finanzas Andrés HenríquezEncargado Comunicaciones Valentín OsornoEncargado Organizaciones Sociales Héctor Arévalo ValdésEncargado Zona Centro Sur Patricia San MartínHij@s Chile Abelardo CamposEncargado Octava Región Francisco AlarcónDirector Roberto PérezDirector Eduardo RojasDirector Adán UrbanoDirector Héctor VidalDirector
La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, ha seguido con atención todo el quehacer en materia de derechos humanos que, una vez asumido el gobierno representante de partidos políticos nacidos genéticamente puros al amparo de la dictadura, ha tenido hasta hoy.
El primer encuentro con una representante de este gobierno ha sido con la recién designada secretaria ejecutiva del Programa de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio del Interior, la abogada Rossy Lama Díaz.
Esta reunión de casi dos horas, no nos causó sorpresa, se repetía el mismo molde y el discurso repetido hasta el infinito en estos días sobre “eficacia y eficiencia” y “optimización de recursos”, ubicándolospor sobre los valores de la verdad, justicia y memoria.
La difusa creación de un “consejo asesor” con abogados externos a los que ya trabajan en el Programa, la contratación de un abogado de “mi confianza”, según palabras de la señora Lama, la contratación de un “ingeniero comercial”, no se relacionan con los objetivos que debe perseguir una institucionalidad como esa, creada para perseguir y sancionar penalmente a los violadores de los derechos humanos.
Más grave aún son las aseveraciones de la Señora Lama, quien supone que en la cúspide del ejercicio de la libertad, esta la individual, por sobre la colectiva, al sostener que “ se respetará el derecho de las familias a no perseguir responsabilidades penales de los violadores de los derechos humanos”, desconociendo por completo el Derecho Humanitario Internacional, que habla del deber de los estados democráticos de sancionar a quienes actuaron en nombre del propio estado en el exterminios de los ciudadanos y ciudadanas a quienes, en rigor, debían proteger.
Las señales fueron claras, la reorganización del Programa, trae consigo el debilitamiento de lo alcanzado, el que no estamos dispuestas a aceptar, en este ámbito la “eficacia y eficiencia” se mide solo con más Verdad y más Justicia y para ello se requiere de voluntad política, más recursos para los jueces que investigan, más procuradores y abogados comprometidos con las causas que llevan y menos ingenieros comerciales preocupados del buen uso de las fotocopiadoras.
Un dato para la señora Lama, una excelente forma de agilizar los procesos, lo hemos sostenido desde siempre, es obtener la confesión de quienes participaron en estos deleznables hechos, las FFAA y de Orden, cosa que no hemos logrado a pesar de los años transcurridos, pero quizás y dado las buenas relaciones de confianza que tiene su sector con ellos, le sugerimos pida al ahora subsecretario de Defensa, General ® Oscar Izurieta, al General ® Emilio Cheyre o al Almirante® Jorge Arancibia entreguen a los Tribunales de Justicia los antecedentes que sabemos poseen, de quienes violaron los derechos humanos, todos ellos flamantes militantes de su sector.
Esta es la opinión que nos merece el encuentro con la nueva secretaria ejecutiva del Programa de Derechos Humanos, nada auspicioso, si a ello le sumamos la militarización de las zonas afectadas por el terremoto, el toque de queda decretado en Concepción, la carta blanca entregada por el propio ejecutivo a las Fuerzas Especiales con ocasión del Día del Joven Combatiente. El nombramiento frustrado de un Intendente perteneciente a la red de apoyo de Colonia Dignidad, la irrupción de los gerentes-empresarios en todas las áreas, incluida la CONADI, la designación del General ® Oscar Izurieta como subsecretario de Defensa, quien no alcanzó a colgar su uniforme militar para transformarse en hombre de confianza de la nueva administración. Todo apunta a que se esta instalando la impunidad, la represión y la pérdida de las libertades públicas.
Las proyecciones son poco halagüeñas, pero frente a esta adversidad, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos fortalecerá su accionar, con la certeza que nos asiste la razón y la consecuencia con el proyecto político de nuestras víctimas.
POR UN BICENTENARIO CON MÁS VERDAD Y MÁS JUSTICIA
AGRUPACIÓN DE FAMILIARES DE DETENIDOS DESAPARECIDOS
Para acallar el clamor de justicia en favor de los hermanos Vergara Toledo
Por Marcos Rodríguez, Agrupación de Familiares de detenidos desaparecidos
Cuando el Domingo 28 de Marzo, el Empresario Piñera visita a las fuerzas especiales de carabineros, para darles un claro respaldo para reprimir en el día del joven combatiente, me recuerda a Pinochet y a su ministro del interiorde 1983 Sergio Onofre Jarpa, que saco mas de 10 mil uniformados para reprimir protestas políticas, yo me pregunto ¿así se van a reprimir todas las manifestaciones políticas con milicos, con ametralladoras en las manos? solamente les falta que mande a carabineros, ya los milicos a ponerse betún en la cara, que nos espera para mas adelante ¿quien no dice que a lo mejor le agarra gustito al poder y se queda a las fuerza? cuidado no lo acostumbremos a que saque a los milicos por cualquier cosa.
Jarpa cuando fue nombrado Ministro del Interior lo primero que hizo.
A sólo un día de haber asumido, el 11 de mayo de 1983, sacó 10 mil soldados a la calle para hacer frente a la primera protesta nacional. Hubo decenas de muertos y centenares de heridos, especialmente en las poblaciones más populares.
