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miércoles, 16 de mayo de 2012

Parlamentarios exigen que se detenga ilícita compra de diez carros lanza aguas para Carabineros. Aseguran que es muestra de una política de "represión" del gobierno

Por Teresa Frías K.
Con ese dinero ($ 3.200 millones de pesos) se podrían instalar muchos retenes rurales, fortalecer el trabajo de Carabineros en los lugares donde se necesita y hacer una gran cantidad de labores de seguridad pública donde hay crecientes niveles de delincuencia que el gobierno no ha sido capaz de resolver.
Una vez más Carabineros está en el ojo del huracán, al igual que el gobierno de Sebastián Piñera por la compra de 10 carros lanza aguas por un valor que supera los 5 millones de euros, es decir, $ 3.200 millones de pesos. O de otra manera, ¡¡320 millones cada "guanaco"!! como son conocidos en jerga popular.

El tema es que dicha compra se realizó sin licitación, es decir fue una compra directa. Frente a ello, la institución uniformada asume haber realizado 5 licitaciones privadas que no rindieron frutos, por lo que efectuaron las compras a través de un trato directo ante la escasez y apremio de una nueva dotación de vehículos.

El "apuro" de la compra de estos carros, se debe, según explicaron, a "la cantidad de personas que salieron a las calles alcanzan los 2 millones , que derivaron en situaciones de control de orden público", en referencia principalmente a las protestas estudiantiles del 2011.

Incluso desde Austria, donde se fabrican este tipo de vehículo el diario de circulación nacional más importante, "Der Standard", destacó la polémica que se formó en Chile por la venta sin licitación.


Señal de represión

Frente a esta irregularidad en la compra, los diputados Gabriel Silber (DC), Enrique Accorsi y Rodrigo González (PPD), concurrieron hasta la Contraloría General de la República, con el fin de solicitar, que se pronuncie si la resolución exenta Nº 205 de la Dirección de Logística de Carabineros que adjudicó el contrato se ajusta a la legalidad vigente.

A juicio de los parlamentarios esta situación es grave; primero, porque demuestra que el deseo del gobierno y de la policía es mejorar su capacidad punitiva en lugar de prevenir los conflictos sociales o emplear métodos distintos para el control del orden público, como la mediación y el diálogo con los manifestantes.

Por ello, en conversación con Cambio21 el diputado González, señaló que " fuimos a pedir que se suspenda la adquisición de los 10 carros lanza aguas y que se anule la resolución que dio origen a esta compra porque necesitamos que la Contraloría vea si ese es un acto que está provisto de la legalidad que requiere una compra pública de esta naturaleza".

A ello agregó que "aquí se produjo una burla explícita y sinceramente debe anularse. Es absurdo e irrisorio que se haga esta compra por miles de millones de pesos", explicó el legislador.

En esa línea especificó que "con ese dinero ($ 3.200 millones de pesos) se podrían instalar muchos retenes rurales, fortalecer el trabajo de Carabineros en los lugares donde se necesita; con ese dinero se podría hacer una gran cantidad de labores de seguridad pública donde hay crecientes niveles de delincuencia que el gobierno no ha sido capaz de resolver".

Por último el legislador resumió que "resulta absurdo el comprar estos carros cuando el índice de victimización ha llegado a un 40%, nos parece un sinsentido y una expresión de entender el orden público que no compartimos".

Por su parte el diputado Enrique Acorssi tomó la compra como una señal de represión. "Los argumentos que hay están dentro de la legalidad, pero aquí en vez de ocupar el mismo monto en comunicaciones o un plan de mejoramiento de la seguridad, existe un gasto millonario que apunta a la represión ".

Ante la posibilidad que Contraloría califique de legal la compra, el diputado indicó a Cambio21 que "como parlamentarios no existe otro mecanismo más que alertar al director de la institución de lo que pensamos sobre el tema".

Los millonarios carros

Según la Orden de Compra Nº5240-133-SE12, emitida por la Dirección de Logística de Carabineros de Chile, el 27 de abril (incidentalmente día en que se celebra la creación del organismo policial) se concretó la compra de 6 camiones Mercedez Benz Modelo Actros por 2.988.900 Euros ($1.896.544.027), junto a la adquisición de otros cuatro del mismo fabricante a 2.160.000 Euros (equivalente a $1.370.582.856 de la moneda nacional). En definitiva, la transacción totalizó 5.148.900 de euros, unos $3.267.126.883. La información la dio a conocer radio Biobío.

Además, en el mismo documento, Carabineros anexó 2 archivos donde justifican las razones por las cuales efectuaron la compra a través de un trato directo, sin obedecer a un proceso de licitación.

El primer anexo, tiene fecha el 5 de marzo de 2012, y sustenta que la institución realizó un total de 5 licitaciones fallidas en 2008, las cuales fueron declaradas desiertas a excepción de la última, donde una empresa se adjudicó la venta pero no firmó el contrato correspondiente. Por ello, la empresa elegida fue la que habría ofrecido la segunda mejor oferta en ese entonces, con una cifra cercana a los 3.349.359 euros ($2.125.824.090).

Además, para justificar la compra de estos carros, se escudan en que el 50% de la maquinaria con la que cuentan se encuentra fuera de servicio como consecuencia del intenso desgaste al que se expusieron durante las crudos enfrentamientos sostenidos durante 2011. Ante ello, se estimó urgente renovar el contingente para el presente año, puesto que ya no es posible concretar una mantención adecuada. Es decir, que del total de 10 carros con los que cuentan en la Región Metropolitana, sólo 5 de ellos se encuentran en funcionamiento.

Por su parte, la resolución Nº 134, emitida el 17 de abril de 2012, da cuenta de la aprobación del contrato de compraventa "para la adquisición de vehículos lanza aguas para Carabineros de Chile, mediante trato directo", junto con algunas disposiciones técnicas que explican el funcionamiento del material a comprar.

Cabe destacar que ambas resoluciones exentas, tal como indica su nombre, no pasaron por la Contraloría General de la República, pero fueron presentadas adecuadamente en el portal de Compras Públicas.

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