El Presidente Sebastián Piñera ganó con holgura las elecciones presidenciales del 2017. La diferencia de votación entre ambos candidatos fue notable, más aún tratándose de un abanderado de la derecha política y, por ello, no cabe duda que es inequívoco el mandato ciudadano que se le entregó. Pero también es necesario considerar que la misma ciudadanía prefiguró un resultado electoral distinto en el Congreso y estableció allí una mayoría también con una clara definición: ser oposición.
La sensatez ciudadana una vez más estableció el necesario equilibrio para que ninguna autoridad pudiese llevar adelante transformaciones sin considerar a la otra autoridad, la que representa la oposición. El talento de encontrar el método adecuado para llevar adelante cambios en el interés del país, para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, tiene como necesario requisito establecer un razonable equilibrio entre ambas autoridades que tienen, por cierto, legitimidad democrática incuestionable.
Este fue el marco que la ciudadanía estableció para las autoridades electas y es el escenario en que deben interactuar los que actúan en la política.
Entonces, ¿qué ha pasado?
Dos fueron las promesas que constituyeron el sello de la campaña de Piñera y fueron, sin duda, factores esenciales de su triunfo político-electoral y su respaldo ciudadano. Primero: seguridad pública. Nadie podrá señalar que en este ámbito ha existido mejoría. Por el contrario, los asaltos en la vía pública, los portonazos, los asaltos a negocios y establecimientos comerciales, los robos de vehículos son la orden del día. Segundo: crecimiento y empleo. Se ha hecho mucho hincapié en la mejoría de las tasas de crecimiento, pero nada se dice que este tiene sentido si se traduce en una mejoría de aquellos que viven de un trabajo y, por el contrario, ha quedado demostrado que el crecimiento, siendo muy necesario, no tiene sentido si enriquece solo a unos pocos, genera concentración y mantiene en la incertidumbre a las mayorías.
Para algunos, la necesidad de reconstruir las bases de un partido de centro, olvidando el socialismo comunitario e impedir la fuga de algunos de sus líderes, ha llevado a distanciarse de aquellos con quienes no hace mucho eran del mismo Gobierno, participaban del mismo comité político, asumían el mismo programa e, incluso, se reunían semanalmente. Hoy eso no es posible. Para otros, ha primado la prevalencia de la identidad descontaminada con una crítica feroz a lo realizado cuando ellos no estaban, del todo o nada, de un debate entre los que ven posibilidades de mínimos acuerdos y otros que solo piensan en la sustitución, pues en ellos recae el futuro con exclusividad. Todo en un marco de trifulcas, disculpas y una azarosa vida interna.
El empleo no ha crecido, incluso a pesar de la estacionalidad, el desempleo ha aumentado y las remuneraciones están estancadas. La promesa de más y mejores empleos no solo no se ha cumplido, sino que también todo indica –según los expertos– que el crecimiento tenderá a la baja en los próximos años y, por consecuencia, los datos laborales se deteriorarán. Si se agrega a esto la incertidumbre del avance de las nuevas tecnologías, la robotización y la inteligencia artificial, se vislumbra un clima de amenazas al empleo que hay que enfrentar.
En sus dos promesas fundantes el actual Gobierno está claramente al debe. Pero además valdría la pena mirar otro aspecto de este primer año: el legislativo. No se ha tenido la capacidad de promulgar ninguna ley, ninguna reforma estructural o de fondo: la tributaria esta estancada, no habrá solución sino hasta el segundo semestre del año y eso, con algo de suerte. Las pensiones han iniciado su tramitación y, dada su envergadura y lo complejo de sus contenidos, se trata de una reforma para el 2020 en el mejor de los escenarios. Sobre la laboral, aún pendiente de ser presentada, incluso no hay claridad sobre su fisonomía, mientras que de la reforma a las isapres no hay señales ni noticias.
Quizá la mejor demostración de esta incapacidad fue la llamada Ley de la Jibia, que se aprobó a pesar de una opinión contraria del Gobierno. Se comprometió un veto para resolver estos problemas. Se comprometió recurrir al Tribunal Constitucional. Se anunció una nueva ley.
Y nada de eso ocurrió. La protesta en las calles de pescadores artesanales y de trabajadores de la industria terminaron en promesas incumplidas, con el orden público alterado y con la ley promulgada tal cual como se aprobó en el Congreso.
Con este panorama no es extraño que los adherentes del actual Gobierno, aquellos que han sufrido la exagerada generación de expectativas, vean el año que pasó y se pregunten “para qué ganamos”. Su Gobierno responde cambiando su eslogan y, así, “de los tiempos mejores" vamos a un “Gobierno en marcha”, por lo que nuevamente habrá que esperar.
¿Y enfrente?
Para ser justos en el análisis, tampoco en el otro mandato ciudadano las cosas han estado mejor. La incapacidad de la oposición de transformarse en un actor que asuma su rol –y desde esa condición genere una relación adecuada con el Gobierno– ha sido posible. Han podido más los chovinismos, la exagerada prevalencia de la necesaria identidad en desmedro de los propósitos comunes, la exacerbación de las diferencias por sobre los contenidos unitarios, lo que ha impedido cumplir a cabalidad la tarea impuesta por la ciudadanía.
Para algunos, la necesidad de reconstruir las bases de un partido de centro, olvidando el socialismo comunitario e impedir la fuga de algunos de sus líderes, ha llevado a distanciarse de aquellos con quienes no hace mucho eran del mismo Gobierno, participaban del mismo comité político, asumían el mismo programa e, incluso, se reunían semanalmente. Hoy eso no es posible. Para otros, ha primado la prevalencia de la identidad descontaminada con una crítica feroz a lo realizado cuando ellos no estaban, del todo o nada, de un debate entre los que ven posibilidades de mínimos acuerdos y otros que solo piensan en la sustitución, pues en ellos recae el futuro con exclusividad. Todo en un marco de trifulcas, disculpas y una azarosa vida interna.
Así, todo intento articulador paga el costo de su propia fisonomía, de intentar construir puentes entre aquellos que no quieren, al menos por ahora, transitar por esa vía de convergencia y que, en el esfuerzo, muchas veces ineficaz, no logran acercarse a proponer desde los contenidos un ambiente de encuentro del sector.
La oposición no ha dado el ancho en el curso de este año. No ha cumplido con el mandato ciudadano que la situó en ese lugar. Desde evitar la autocrítica de la derrota presidencial hasta fijar sus propósitos comunes y la gestión política acorde con tales objetivos.
La expresión más nítida de esa falta de disposición es el anuncio de incumplimiento del acuerdo de gobierno de la Cámara de Diputados, en momentos en que la ciudadanía solo espera señales de unidad.
La oposición debe asumir su condición de tal, respetar sus diferencias, pero, desde ellas, fijar propósitos e itinerarios comunes con los que estén dispuestos al esfuerzo. De no lograrlo, caerá en la intrascendencia y pavimentará el camino a soluciones populistas que ya estamos viendo en otros países cercanos.
Hemos tenido, en consecuencia, un año precario para la política. Un mal año para los proyectos colectivos. Un Gobierno que no cumple con sus promesas y una oposición que cae en la intrascendencia y no se constituye en un proyecto de país. Cuando eso ocurre, el mercado se transforma en el rector de la vida ciudadana y las alternativas populistas adquieren una relevancia inesperada pero factible. Cuando los ciudadanos solo son clientes, la política es derrotada. Es de esperar que no estemos condenando a Chile a ese destino.
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