Patricio Aylwin (1993) con el proyecto que buscaba cambiar información sobre el paradero de los detenidos desaparecidos, por la agilización de los procesos judiciales sin encontrar responsables. El gobierno de Frei fue más allá y, a través de su Ministro del Interior, Carlos Figueroa, y el senador de Renovación Nacional Miguel Otero, lisa y llanamente propusieron una ley de punto final. Años después, el presidente Ricardo Lagos (2003) avaló la tesis de que las Fuerzas Armadas no poseían más información sobre los detenidos desaparecidos y su Ministro del Interior, José Miguel Insulza, promovía la rebaja de penas a los escasos violadores de los DDHH que se encuentran recluidos.
El informe de Amnistía Internacional y el de Human Rights Watch dan cuenta de las graves y sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos, DDHH, cometidas por el Estado de Chile, a través de Militares y Carabineros, avalados por el discurso incendiario del Presidente de la Republica y las órdenes del Ministro del Interior.
A lo anterior, se debe agregar que al encargado del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se le cuestiona idoneidad para conducir esta cartera -recordemos que fue un férreo defensor de la dictadura y de Paul Schäfer, pedófilo y torturador de Colonia Dignidad-. A esta persona se suma la Subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, quien ha guardado un relativo silencio sobre las violaciones a los Derechos Humanos, los cuales por normativa institucional debe defender. Para ser justos, hay que reconocer su figuración pública para rechazar enérgicamente el informe de Amnistía Internacional y para acoger parcialmente el informe de Human Rights Watch, ambas declaraciones buscan blindar al presidente Piñera, dejando como únicos responsables a los Carabineros.
¿Son autoridades destinadas a conducir un proceso que finalice con los responsables de las violaciones a los DDHH juzgados y encarcelados?; si son autoridades legítimas: ¿por qué tememos que la impunidad pueda imponerse?
Estas respuestas deben buscarse en las características de las autoridades gubernamentales; en la trayectoria de las Fuerzas Armadas y el cuerpo de Carabineros; en la escasa valoración que la derecha política hace del respeto a los DDHH, entre otros ámbitos.
La impunidad también puede rastrearse en el comportamiento de los regímenes transicionales que se limitaron a reparar materialmente, de modo precario, a una parte de las víctimas y a sus familiares e hicieron caso omiso a las orientaciones emanadas en el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, CNVR, que recomendó a la autoridad que disponga de medidas y recursos para “dar lugar a proyectos culturales y simbólicos destinados a reivindicar la memoria de las víctimas en forma individual y colectiva, estableciendo nuevas bases para la convivencia social y una cultura más cuidadosa y respetuosa de los derechos humanos, que nos asegure que actos violatorios de tanta gravedad para la vida no serán cometidos en el futuro” (CNVR, 1991, p,1254). En definitiva, se trataba de imputarle a la derecha su responsabilidad en las violaciones a los DDHH.
Sentido que no estuvo en el programa de gobierno de Patricio Aylwin, 1990, el cual, en función de no activar la disputa ideológica y asegurar gobernabilidad, no lo presentó en su programa.
Posteriormente, los gobiernos de Eduardo Frei Ruiz Tagle (1994-2000) y Ricardo Lagos Escobar (2000-2006) no propusieron, en sus respectivos programas, medidas que pudiesen avanzar en esa línea, se concentraron -“en la medida de lo posible”- en la búsqueda de la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos, relegando el hacer justicia a un estado de simulacro.
En los programas de gobierno de los cinco Presidentes de la República, desde 1990 hasta el 2019, es la ex presidenta Michelle Bachelet, la que tuvo mayor interés en la temática: el Museo de la Memoria, el diseño de un Plan Nacional de Derechos Humanos, la construcción de memoriales, la instalación de algunas fechas que, indirectamente, recordaban a la dictadura: el Día del Detenido Desaparecido (2006) y el Día Nacional contra la Tortura y el Día Nacional del Ejecutado Político (2009), entre otras. Pero la labor inconclusa de una presidenta, recordemos que Punta Peuco no fue cerrado, no logra ocultar el fracaso de las políticas públicas referidas a los derechos humanos y en eso comparten responsabilidad los regímenes de la Concertación y la otrora derecha golpista, hoy devenida en autoritaria.
Cabe señalar que a esto, se deben sumar los intentos por imponer la impunidad o leyes de punto final durante los tres primeros gobiernos de la Concertación: Patricio Aylwin (1993) con el proyecto que buscaba cambiar información sobre el paradero de los detenidos desaparecidos, por la agilización de los procesos judiciales sin encontrar responsables. El gobierno de Frei fue más allá y, a través de su Ministro del Interior, Carlos Figueroa, y el senador de Renovación Nacional Miguel Otero, lisa y llanamente propusieron una ley de punto final. Años después, el presidente Ricardo Lagos (2003) avaló la tesis de que las Fuerzas Armadas no poseían más información sobre los detenidos desaparecidos y su Ministro del Interior, José Miguel Insulza, promovía la rebaja de penas a los escasos violadores de los DDHH que se encuentran recluidos.
Resulta curioso que personajes que tienen una amplia cobertura sobre la materia, sean protagonistas de los principales intentos de asentar la impunidad por las violaciones a los DDHH cometidas en dictadura.
Los antecedentes expuestos, confirman que debemos estar vigilantes en función de asegurar juicio y castigo a los responsables de las violaciones a los DDHH, corroboran que las autoridades gubernamentales y una parte de la ex Concertación no aseguran que las instituciones trabajen por la verdad, la justicia y la reparación, lucha que debe tener como centro la reivindicación social de todos y todas las víctimas y la condena de los autores materiales y de quienes dieron cobertura privada y pública a los crímenes cometidos, asegurando así un verdadero Nunca Más.
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