por El Mostrador 27 noviembre, 2019
El informe de Human Rights Watch (HRW) que da cuenta de graves violaciones de los Derechos Humanos por parte de Carabineros en contra de manifestantes en el marco del estallido social, puso sobre la mesa la necesidad de reformar a la policía uniformada, algo que la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, y la jefa suplente del Departamento de DDHH de la institución, Karina Soza, reconocieron durante la jornada de ayer.
Es en ese contexto que el centro de estudios Espacio Público entregó una serie de propuestas que permitan avanzar en dichas reformas.
En un primer punto, el centro de estudios propone las propuestas contenidas en el Acuerdo Nacional de Seguridad Pública en julio de 2018. "Como hemos señalado, un problema importante de la actual crisis se explica por enormes déficits de capacidad profesional. En consecuencia, se debe asegurar la mejora de los niveles profesionales y de diversidad de quienes forman parte de nuestras instituciones policiales, contando de programas de formación adecuados para generar las habilidades requeridas para cumplir sus funciones con estricto apego a la legalidad y eficacia".
"Se debe avanzar con mayor profundidad y rapidez en la especialización funcional de las policías, pero no solo considerando el eje prevención e investigación que es lo que se ha discutido a la fecha, sino también incluir el cómo garantizar cuerpos policiales que cumplan en forma eficaz y adecuada las funciones de control de orden público, trabajo comunitario y otras funciones (ejemplo control de tránsito)", agregan.
Otro punto tiene que ver con mejorar la capacidad institucional para producir prueba pericial de calidad. "Existen serios problemas de falta de especialización en disciplinas forenses. Hay defectos en los incentivos para especializarse, incorporarse y luego mantenerse en la planta de las instituciones".
Ante ello, proponen estudiar la creación de un sistema nacional forense unificado con amplia cobertura regional, que tome los actuales recursos disponibles en distintas instituciones del Estado (incluyendo Labocar; Labocrim y otros) y lo vincule orgánicamente con el Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Finalmente, Espacio Público considera que es importante avanzar en el vínculo del trabajo policial con los alcaldes. "No se propone la creación de policías municipales, sino que el diseño de instrumentos y herramientas legales y administrativas que mejoren los niveles de coordinación y que esta no sea discrecional sino efectiva".
Cómo paliar la crisis de Carabineros
Desde Espacio Público también plantean una serie de medidas que permitan hacerse cargo de la crisis de control y legitimidad que desde hace tiempo enfrenta Carabineros.
En ese sentido, valoraron las propuestas formuladas por el Acuerdo Nacional de Seguridad Pública en julio de 2018, que pretende mejorar los deberes de rendición de cuentas, de planificación estratégica institucional y de sujeción a la autoridad civil de ambas policías.
También proponen la creación de una "Oficina Independiente de Control de Conducta Policial, integrada por miembros externos a la institución, para conocer de las denuncias de las infracciones y abusos más graves que se cometan por los funcionarios y con el objetivo de fijar estándares para los procedimientos y resolución de todas las denuncias de abuso policial".
Por otra parte, consideran que "se debe reducir a un mínimo los gastos reservados de Carabineros de Chile, alcanzando un monto que se justifique en orden de las necesidades de gasto en inteligencia, y deberán rendir cuenta de los mismos de manera semestral a la Contraloría General de la República. Dicha rendición deberá ser detallada y suficientemente desagregada en rubros que permitan un control efectivo de su uso. En ella se acompañarán los documentos de respaldo necesarios y se mantendrá su forma reservada".
Para Mauricio Duce y Lucía Dammert -directores de Espacio Público- esta reforma requiere ser llevada “con y no contra las policías, lo que significa que se debe obtener el compromiso de la propia institución e identificar liderazgos adecuados para participar de este proceso”. Para ello, “la autoridad política debe establecer y utilizar incentivos que promuevan una participación institucional leal y comprometida con el proceso de cambio”, señalan los autores.
Crisis en tres dimensiones
Duce y Dammert sostienen que la crisis que enfrenta Carabineros tiene tres dimensiones.
La primera tiene que ver con el desempeño, referida a falta de capacidad profesional para cumplir eficazmente sus funciones de prevención, investigación de los delitos y control del orden público. La segunda es sobre la crisis de control, respecto a su "excesiva autonomía y escasa rendición de cuentas en materia de gestión operativa, financiera y desarrollo institucional". Por último, la crisis de legitimidad, que ha generado una pérdida de credibilidad y confianza en la ciudadanía.
"Estas tres crisis le han impedido a la institución cumplir satisfactoriamente con sus principales funciones constitucionales y legales, incluidas la prevención e investigación de delitos y el control del orden público. Lo ocurrido las últimas semanas ha hecho más evidente la existencia de varios problemas que han generado esta crisis, pero se trata de una cuestión que se viene manifestando ya hace varios años y que requiere de cambios y transformaciones orientadas a resolver algunas temáticas urgentes", señala Espacio Público.
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