By Arturo Alejandro Muñoz Noviembre 29, 2019
Aprovechando que el gobierno se encuentra cuestionado por la mayoría de la sociedad civil que impetra paz y justicia social, algunos grupos de ultra derecha creen posible imponer, a sangre y fuego, sus audaces objetivos y su propia ley.
Cuando a los representantes y defensores del poder les sale gente al camino y comienza a soplar una suave brisa de liberación, de inmediato los primeros tambores suenan en lontananza –allá en los barrios donde moran los poderosos y enriquecidos- llamando a sus lacayos de uniforme para impedir que el pueblo pueda ser verdaderamente soberano.
La soberanía es un bello y romántico concepto digno de ser mencionado en conversaciones de café y en programas de farándula, pero jamás debe concretarse en modo de vida. Ese es el pensamiento de la élite.
Todo lo anterior parece haberse trastocado, pues la quieta y malsana estabilidad en que se sostenía el sistema comenzó a bambolear amenazando caer al vacío. No era tan poderoso tampoco. Demostrado queda que con algunas movilizaciones y marchas masivas las rodillas se le doblan. Por ello, para poder levantarse nuevamente, el sistema pone en juego viejos trucos, como abrir las puertas a saqueadores y vándalos para que deterioren social y políticamente los objetivos de las protestas ciudadanas, logrando además que mucha gente desinformada comience a exigir ‘mano dura’, estado policial’ y ‘militares’´, e incluso, aceptar que los uniformados asesinen a supuestos o verdaderos saqueadores, olvidando que si alguien está de acuerdo con que hay matar a los que protestan, con ello está también autorizando que estos maten a los otros.
El propio presidente y varias autoridades de su gobierno han hecho declaraciones que desnudan la intención de socavar la democracia suplantándola por una especie de neo-totalitarismo vestido con ropajes donados por el Legislativo. Desde el palacio de gobierno emanan aromas bélicos provocados por discursos encendidos.
Sebastián Piñera, en la ceremonia de egreso de oficiales de la PDI manifestó: “Estamos enfrentando un enemigo poderoso e implacable que no respeta nada (...) enemigo que actúa con planificación y maldad infinita, tenemos derecho de defendernos de él”. Algunos días antes, ya había declarado: “estamos (se supone que el gobierno) en guerra”. Además, lleva un mes haciendo puntos de prensa sin aceptar ni responder preguntas, usando a los medios de comunicación como relacionadores públicos. Pero, la ‘prensa canalla’, guarda cómplice silencio aceptando con ello las amenazas presidenciales que apuntan a castigar severamente –con la muerte incluso- a quienes no concuerdan públicamente con la línea oficial del establishment.
En alguna medida lo refrendó más tarde el ex ministro de Cultura, Mauricio ‘el breve’ Rojas, al emitir gravísimas declaraciones en un programa matinal de la televisión, afirmando que. “Para restablecer la seguridad pública, va a haber que tomar medidas muy duras con altos costos incluso de vidas humanas. Cualquier otra cosa que nos imaginemos es ilusorio”. Ese fue su comentario exacto. Entonces, ¿para restablecer el orden debe morir gente? ¿Ese es el pensamiento oficial de la actual administración?
Días más tarde, Andrés Allamand, ex personero de gobierno de Sebastián Piñera, en el matinal de Canal 13 manifestó: “imagínate, (si) decretamos estado de emergencia, ¿qué diría la oposición? Nos sacan los ojos” (en fin, las fuerzas especiales de carabineros sí lo hacen). En esa misma línea, el senador respaldó a las Fuerzas Armadas argumentando que “jamás vamos a avalar que se produzcan violaciones a los Derechos Humanos, pero tenemos que entender que sin ellas es imposible normalizar el país, particularmente cuando estamos enfrentando a grupos con los grados de violencia desatada que lo están haciendo“.
Las redes sociales ardieron con tal declaración. Allamand trató de apagar el incendio aclarando que se había referido a las fuerzas armadas y no a las violaciones de derechos humanos cuando dijo que “sin ellas es imposible normalizar el país”. Mientras don Andrés más aclara, más oscurece. Como ocurre hoy con todos los políticos, carece de credibilidad.
Hace horas solamente, en redes sociales fue publicada la siguiente nota, una advertencia que contiene tono de amenaza certera. Supuestamente fue hecha y/o firmada por Ángela Campos Lastra-Derecha Chilena Unida (sic), según consta en el encabezado de la nota misma, identidad que obviamente no es posible confirmar ni negar. La nota-amenaza dice lo siguiente (transcribo textualmente su contenido):
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<< Haremos uso de nuestros derechos constitucionales y que el derecho internacional también ampara.
<< Avisamos a la PDI y Carabineros de Chile, para que no obstruyan la acción ciudadana y eviten enfrentamientos entre fuerzas amigas.
<< A hacer justicia por nuestra mano.
<< 02 de diciembre a contar de las 22 horas todos dispararemos al aire nuestras armas como primera acción>>
La nota contiene varios términos que obligan a sostener que sus autores podrían ser, en parte al menos, exuniformados, ya que explícitamente no sólo reconocen ser ‘fuerza amiga’ de carabineros y PDI, sino también, poseer variado armamento personal para “hacer justicia (¿?) por nuestra mano”. La nota va más lejos de lo que una primera lectura permite; sus autores afirman que dispararán contra quienes obstruyan el libre paso y contra quienes profieran amenazas (¿los cánticos, entonces, los consideran amenazas también?, ¿reaccionará el gobierno y su aparato de “inteligencia” ante una amenaza a la paz social tan evidente como la mencionada?).
Esto no es algo inédito, quienes tienen una edad superior a las seis décadas pueden asegurar que vivieron situaciones similares en el trienio 1970-1973, y que en los grupos parecidos a esta “Derecha Chilena Unida” participaban ex miembros de las fuerzas armadas, y más de algún uniformado activo.
Para ciertos grupúsculos (de derecha y de izquierda) resulta imposible aceptar que los problemas políticos deben solucionarse de manera pacífica a través de los medios y canales políticos, lo que significa centrarse en la democracia institucional y respetar los acuerdos alcanzados. Cuando la democracia y sus instituciones les son adversas, suelen aglutinarse en torno a un revolver y a mil amenazas, en especial si el gobierno se encuentra cuestionado por la mayoría de la sociedad civil a la cual desean imponerle, a sangre y fuego, sus audaces objetivos.
En Latinoamérica muchos gobiernos derechistas, para poder funcionar (aunque sea a medias), para sostenerse (aunque sea como un loro en el alambre, a pico y pata), para no tener que abandonar el barco antes de cumplido el plazo legal, acostumbran inventar un enemigo interno o externo que les permita transformar las calles y las ciudades en un hervidero de pólvora, en una ocupación militar que posibilite el aherrojamiento de los derechos básicos del ciudadano.
El actual gobierno de don Sebastián no escapa a esa realidad. Por eso, él y el sistema económico imperante constituyen ser sólo un tigre de papel cuando gran parte de la comunidad les sale al paso exigiendo e impetrando lo que pertenece a todo pueblo; soberanía, dignidad, justicia social, satisfacción de sus demandas principales, y el derecho a vivir en paz.
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