El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago aprobó esta semana la suspensión condicional del procedimiento en el caso de boletas ideológicamente falsas por 378 millones de pesos emitidas por el exministro Laurence Golborne a Penta, para financiar su campaña política del año 2013. Esto implica, luego de cinco años de investigación, la suspensión del juicio en su contra, su sobreseimiento definitivo, si no comete otro delito dentro de un año, y el pago de 11.400.000 de pesos.
Esta resolución demuestra la profunda desigualdad de trato dentro del sistema de justicia criminal. Al tiempo que el Ejecutivo concentra sus fuerzas en proponer proyectos de ley antiencapuchados y antisaqueos para sancionar más severamente los desórdenes públicos, los delitos de la élite empresarial y política siguen quedando impunes.
Esta prioridad del Gobierno no solo pone de manifiesto su falta de comprensión de lo que hay detrás de estas movilizaciones. También desconoce que la violencia es en gran medida una reacción a años de saqueos, abusos y privilegios por parte de la élite. El caso del exministro Golborne es solo otro ejemplo de estas prácticas ilegales.
En efecto, la Premio Nacional de Periodismo, María Olivia Monckeberg, ha demostrado cómo a finales de la dictadura las élites “saquearon” las grandes empresas del Estado chileno, comprándolas a precios muy por debajo del valor de mercado. Considerando las cifras estimadas por el Núcleo de Investigación en Marginalidad Urbana UC, estos procesos y otros tuvieron un costo de 23.338 millones de dólares actuales. Esto, sin tomar en cuenta otras formas de saqueo, como las grandes colusiones de la historia de nuestro país.
De acuerdo a cifras estimadas por el mismo Núcleo de Investigación, entre la colusión de pollos (1996-2011), la colusión de papel higiénico (2000-2011) y la de farmacias (2007-2008), suman $1.687 millones de dólares actuales.
Otro tanto es posible decir respecto de las empresas que evaden impuestos “encapuchadas” detrás de falsas compañías y pérdidas. Ejemplo de ello es el uso extensivo de empresas “zombies” y paraísos fiscales. De acuerdo a cifras del SII (NIMU, 2019), solo considerando el período 1996-2004, las empresas zombies de los grandes grupos económicos de nuestro país evadieron un monto de 1.453 millones de dólares.
A pesar de que las consecuencias económicas y sociales de estos actos ilegales son incomensurables y exceden por mucho lo que hemos visto en estos días, rara vez son perseguidos penalmente y menos castigados con cárcel. Así, la suspensión del procedimiento contra el exministro Golborne no hace sino profundizar esa extendida percepción de desigualdad de trato en Chile: ley antiencapuchados y saqueos para los más desaventajados, mientras empresarios que financian ilegalmente la política, saquean y se ocultan detrás de falsas empresas y pérdidas, reclaman indignantes utilidades que solo sobre la base de estas prácticas en Chile es posible lograr.
Esto parece revivir aquel título del famoso libro de Jeffrey Reiman: The rich get richer and the poor get prison (Los ricos se hacen ricos y los pobres van a la cárcel).
Pablo Carvacho T. y Amalia Valdés R. son miembros del Centro Justicia y Sociedad de la Universidad Católica de Chile.
- El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
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