By Juan Pablo Cárdenas Noviembre 29, 2019
Mural del pueblo en la Plaza de la Dignidad
Si algún día llegamos a tener una nueva Constitución ojalá ésta contemple el mecanismo de remoción de las autoridades que incumplen con lo prometido durante sus campañas electorales, incurran en ilícitos o pierdan sensiblemente la adhesión ciudadana. En las mejores democracias del mundo los jefes de estado, parlamentarios, alcaldes y otros funcionarios públicos pueden ser separados de sus cargos para, con ello, evitar la crisis social que puede derivarse de sus abusos de poder o ineptitud.
Hay casos en nuestra historia en que los propios cuestionados decidieron abandonar sus cargos en favor del bien general, pero para ello se requiere de representantes dignos y capaces de anteponer la conveniencia del país a sus propios intereses. Una actitud que es bien difícil que surja de una clase política como la nuestra, en que los que detentan el poder creen que la administración del Estado les pertenece a perpetuidad.
Es increíble que en Chile, con la insurrección social que estamos viviendo, Sebastián Piñera, el político más repudiado por el pueblo, no haya resuelto todavía abandonar su cargo junto a sus ministros, subsecretarios y asesores. Lo que no ha ocurrido, tampoco, con los diputados y senadores igualmente cuestionados en las multitudinarias manifestaciones callejeras. No nos olvidemos que una de las primeras demandas de la población fue la de “que se vayan todos”, después de tres décadas en que se consolidó la más brutal inequidad social y se han evidenciado, para colmo, tantas formas de corrupción de parte de los moradores de La Moneda, del Poder Legislativo, de los grandes empresarios y los mandos superiores de las FFAA y Carabineros. Además de la histórica lenidad y abyección de tantos jueces.
Por ello es que la inmensa mayoría del país de verdad no quiso reelegir al actual mandatario, si consideramos que en la segunda vuelta electoral se abstuvo de sufragar más del 52 por ciento del padrón electoral. Lo mismo ocurrió en las elecciones parlamentarias, con la bajísima concurrencia ciudadana a las urnas y los consabidos cuoteos y arreglos cupulares, de lo que resultó que buena parte de los electos apenas consiguiera una pizca de sufragios y, por lo mismo, una precaria legitimidad.
Lo anterior explica que en todos los sondeos y encuestas la popularidad de Sebastián Piñera se haya precipitado aun más y hoy no tenga más de un 12 por ciento de aprobación. Asimismo, ya es un hecho ampliamente conocido que la institución más desprestigiada del país es la del Congreso Nacional, superando el descrédito que afecta a la Justicia, lo militares y los policías.
Luego de seis semanas de furia y protesta no tenemos todavía indicios de que el descontento popular vaya a menguar. Por el contrario, cada día las movilizaciones se asumen más radicales, especialmente después de la criminal represión. No hay duda que el Ejecutivo y las policías han sido desbordadas y el llamado “orden público” difícilmente pueda establecerse sin que antes el país compruebe una voluntad política destinada realmente a resolver sus demandas salariales, previsionales, como las relativas a la salud, educación pública, transporte y vivienda.
El Jefe de estado y los parlamentarios han dedicado semanas a alcanzar un acuerdo destinado a consolidar un proceso constituyente que contempla la realización de un plebiscito en abril próximo y, enseguida, elecciones para elegir a los integrantes de una instancia redactora de la nueva Carta Magna, la cual durante largos meses se ocuparía de proponerle un texto a la ciudadanía para ser finalmente ratificado o desahuciado por ésta. Por lo que en no menos de un año recién podríamos contar con el instrumento que defina los lineamientos de nuestro Estado, sus instituciones, así como los derechos políticos, económicos y sociales de la población.
Es importante, sin duda, que se alcance este cometido jurídico institucional, pero es lamentable que las reglas del juego de este proceso hayan sido definidas a puertas cerradas por los partidos con representación parlamentaria, aunque algunos de ellos de verdad prefirieron omitirse de una negociación cupular y sin la participación de nuevos actores sociales que, a no dudarlo, tienen mucho más ascendiente entre la población que las colectividades políticas. Es indiscutible que una de las grandes demandas ciudadanas ha sido también la necesidad de derogar la Constitución de Pinochet con esas superficiales enmiendas acordadas bajo el gobierno de Ricardo Lagos, quien tuvo la pretensión de hacer pasar como obra propia este texto de 1980.
Las grandes aspiraciones de la población reclaman soluciones concretas antes de abocarse al proceso constituyente. Entidades como No+AFP, la CUT, No+TAG, el movimiento de pobladores Ukamau, la Coordinadora Feminista 8M, las federaciones sindicales, indígenas, gremiales, estudiantiles y tantas otras son las que el pueblo les asigna autoridad y liderazgo en la actual insurrección. Son éstas las que salen todos los días a las calles y concitan la masiva adhesión de los chilenos sin que en todas estas semanas las autoridades le hayan reconocido la legitimidad que tienen, como el aporte que pueden hacer en las urgentes soluciones. Una actitud contraria a lo que ha sucedido en otros países de la Región en que los gobiernos (algo más sensibles que el nuestro) han reconocido a los actores sociales como interlocutores, convocándolos a concitar acuerdos directos y no intermediados.
Disminuir el grosero sueldo recibido por ministros y parlamentarios, congelar las abusivas cuentas de la luz, del agua o del pasaje en Metro son apenas tenues gestos de las autoridades, sin el propósito real de intervenir el sistema de las AFP, de isapres, de los monopolios farmacéuticos o proponerse el término o modificación de esos leoninos contratos con las concesionarias de carreteras. Todas las cuales registran inauditas utilidades a expensas de las obligadas cotizaciones de los trabajadores, pensionados, pequeños y medianos empresarios, como los impuestos descargados a todos los consumidores. Sin prosperar todavía un tributo efectivo a los que más ganan, es decir a ese 1 por ciento de chilenos que tiene ingresos que superan lo que obtiene el 20 por ciento de nuestra población.
El economista Manuel Riesco, en carta a El Mercurio, señala que si el Estado asumiera la administración de los fondos previsionales podría doblar el monto de las actuales pensiones pagadas por las AFP, además de recaudar para el fisco unos 11 mil millones de dólares por año. Recursos que podrían satisfacer un sinnúmero de otras demandas sociales. ¡Vaya qué justa sería, entonces, una nacionalización de los agentes que tanto lucran de los ahorros de los trabajadores cotizantes!
No es cosa de atribuirle a Piñera y a los miembros del Parlamento tanta insensatez o desidia. Lo que ocurre es que la mayoría de ellos son parte o están supeditados a los grandes intereses económicos de la banca, la minería, las forestales, pesqueras o de las empresas administradoras de los servicios básicos. Como, también, a los llamados “sostenedores” de la educación privada, los dueños de laboratorios, clínicas e hipermercados.
Basta hacer un cruce entre los apellidos de quienes nos gobiernan con los de los gerentes o administradores de todas estas entidades, para demostrar tal confabulación. Por lo cual ha resultado tan fácil el lobby empresarial ejercido hacia los legisladores, ministros de estado o alcaldes. Un tráfico de influencias que se ha llegado a constatar en los mismos pasillos de La Moneda y los hemiciclos parlamentarios. Así como constan los escandalosos aportes de estas poderosas entidades al financiamiento de los partidos y las campañas electorales de sus candidatos.
Si el mismo Jefe de Estado es uno de los grandes acaudalados del mundo es difícil o imposible materializar de parte suya una reforma estructural de nuestro sistema económico, ni siquiera cumplir con una agenda social que encare las más urgentes necesidades de la nación. De allí es que los grandes intereses económicos lo insten a poner mano dura a las demandas de la población, así sea al extremo de violar gravemente los Derechos Humanos. Como ya lo han consignado los observadores extranjeros, así como en carne propia los miles de chilenos agredidos por el descontrol policial.
De esta manera es que también se explica que la mayoría opositora del Congreso no le haya exigido, todavía, la renuncia del Jefe de Estado, pese a feble apoyo ciudadano y a su creciente descrédito popular. Los “honorables” legisladores saben que cuestionar a “Su Excelencia” es exponerse a cesar también en sus funciones y perder sus múltiples granjerías. Sabemos que la ciudadanía ya despertó y ha descubierto los despropósitos de nuestro sistema político, económico, social y cultural.
Se trata de la gran colusión de todas las cúpulas políticas. Por años administrando en su favor el legado pinochetista, sin ánimo de avanzar hacia una genuina democracia y servir a la justicia social. Por lo mismo es que ya han pactado quórum y otros cerrojos que hagan difícil o imposible una nueva Constitución. Al mismo tiempo que parecen estar confiando en que la población desista de protestar a causa de los episodios de violencia que hemos conocido y repudiado. Actuaciones vandálicas que muy probablemente, como en otras ocasiones, cuentan con el beneplácito y hasta el aliento de las autoridades y policías a fin de que colaboren al desprestigio del justo alzamiento popular.
Por Juan Pablo Cárdenas
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