By Galy Chávez Noviembre 23, 2019
Piñera, Hernán Larraín y Lorena RecabarrenFoto: Presidencia de Chile
Tras el contundente informe de Amnistía Internacional (AI) que con pruebas al canto demuestra la violación de los derechos humanos en Chile, el gobierno, Carabineros, las Fuerzas Armadas y el Ministro de Defensa, Alberto Espina desataron un vendaval de comunicados con el fin de contrarrestar el impacto de las denuncias contenidas en el documento. Entre otros puntos, AI señala que: “la intención de las fuerzas de seguridad chilenas es clara: lesionar a quienes se manifiestan para desincentivar la protesta, incluso llegando al extremo de usar la tortura y violencia sexual en contra de manifestantes“.
El documento sacó roncha al interior de las Fuerzas Armadas y - al parecer luego de deliberar sobre la materia- emitieron un comunicado conjunto a través del cual intentan deslindar responsabilidades. “Fue el Presidente de la República, Sebastián Piñera, quien requirió de la actuación de los cuerpos de seguridad "para el mantenimiento del orden público y la defensa de las personas en el marco de la ley y las Reglas del Uso de la Fuerza, frente a los ataques generalizados cometidos por grupos no identificados y que están siendo investigados, contra los medios de transporte público y los establecimientos que permiten el abastecimiento vital de la población, mediante la comisión múltiple y simultanea de graves delitos de incendio, robos y saqueos"..
Entre tanto, el Ministro de Defensa no disimuló su furia y acusó a Amnistía Internacional de mentir.
“Decir que las Fuerzas Armadas, es decir, el Ejército, la Armada y Aviación de Chile, están cometiendo ataques generalizados con la intención de dañar y castigar a la población que se manifiesta, está afirmando un hecho extraordinariamente grave y absolutamente falso".
"Las Fuerzas Armadas, salieron en virtud del estado de excepción constitucional de emergencia, exactamente para lo contrario, para proteger a los chileneos, para salvarlos frente a la ola de saqueos, ataques y vandalismo y atentados contra su vida personal y sus bienes", agregó el secretario de Estado.
Por su parte, la hasta ahora desconocida subsecretaria de Derechos Humanos, Loreto Recabarren emergió desde su oficina para asegurar que el Informe incluía aseveraciones irresponsables: “el Gobierno rechaza categóricamente el último informe de Amnistía Internacional, el que pretende establecer una política deliberada para dañar a los manifestantes”.
La respuesta de Carabineros de Chile dejó boquiabierto a medio Chile, luego que la coronel, Karina Soza, asegurara: “Jamás hemos tenido la intensión de dañar a las personas. Tenemos una obligación constitucional que dice relación con el mantenimiento del orden público".
Sin embargo, horas más tarde, el general de Carabineros, Enrique Bassaletti, comparó las acciones represivas ejecutadas por la policía con la quimioterapia: se matan células malas y células buenas”
“Supongamos que sea un cáncer, ojalá que no lo sea, y que tenga solución, la va a tener. Pero el tratamiento del cáncer se hace con quimioterapia en algunos casos y otros con radioterapia. Cuando se busca solucionar ese problema, en el ejercicio del uso de esas herramientas médicas se matan células buenas y células malas porque es el riesgo que se somete cuando se usan herramientas como las armas de fuego“, explicó en entrevista a canal 13
Ante las destemplada reacción de las autoridades chilenas, la directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), Erika Guevara manifestó que:"ha sido lamentable la respuesta del Estado, ha sido lamentable precisamente por desconocer la dimensión y la magnitud de las violaciones a los derechos humanos que aquí se han cometido en las últimas semanas" durante la crisis social en Chile, aseguró.
¿Que dice el Informe de Amnistía Internacional?
En entrevista a la BBC de Londres, la directora para América Latina, Erika Guevara Rosas, explica detalles de la investigación realizada en terreno, entre el 19 de octubre al 11 de noviembre.
En el documento emitido por Amnistía Internacional —una organización global con representación en más de 150 países—, se afirma que las fuerzas de seguridad, bajo el mando del presidente Sebastián Piñera, "están cometiendo ataques generalizados, usando la fuerza de manera innecesaria y excesiva con la intención de dañar y castigar a la población que se manifiesta".
Estos ataques —se agrega— han dejado un saldo de cinco muertos y "miles de personas torturadas, maltratadas o gravemente lesionadas".
La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, afirmó que la responsabilidad de estos hechos ocurridos en Chile no se agota con la persona que "apretó el gatillo".
"Garantizar justicia y no repetición por estos hechos implica sancionar a aquellos mandos superiores que, aún con pleno conocimiento de los delitos cometidos por los funcionarios bajo su mando, ordenaron o toleraron su comisión día tras día", dijo.
Por otra parte, el informe explica que las violaciones a los derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad "no son hechos aislados o esporádicos" sino que responden a un "patrón consistente" y a un "modus operandi" por parte de Carabineros.
Dentro de este patrón, está el de los daños oculares y la pérdida irreversible de la visión de un centenar de personas.
"La organización ha documentado 14 casos de daños a la integridad física, siete de ellos por lesiones oculares irreparables, y ha corroborado casi 20 operaciones policiales de este tipo a través de la verificación de imágenes", dice.
"Este análisis demuestra que carabineros (y en menor medida el ejército) ha usado escopetas tipo Benelli M3 y Escorts Aimguard con munición potencialmente letal de forma injustificada, generalizada, indiscriminada y en muchos casos apuntando a la cabeza", agrega.
Un caso emblemático que expone el documento es el de una niña de 15 años que recibió "múltiples perdigones de un policía que disparó desde un coche oficial en movimiento".
"Los perdigones le impactaron el ojo izquierdo, la parte frontal de la cabeza, el hombro y el cuello", dice.
"Tortura y malos tratos"
Hasta el momento, Amnistía Internacional ha documentado 23 casos de violaciones a los derechos humanos ocurridos entre el 19 de octubre y el 11 de noviembre, además de 5 muertes por agentes de seguridad durante el estado de emergencia impuesto por el gobierno en los primeros días de la crisis.
En el documento, se hace referencia a tres tipo de abuso policial.
El primero, es el "uso letal de la fuerza", donde se afirma que el ejército "usó armamento letal de forma indiscriminada contra manifestantes desarmados en al menos cuatro eventos".
Uno de los casos que se cita es el de Romario Veloz, un ecuatoriano de 26 años que murió después de que un "militar le disparara en el cuello".
El segundo, es el referente a "tortura y malos tratos".
"Además de un caso de muerte por maltrato policial, Amnistía Internacional ha documentado por ahora tres casos de tortura, incluyendo tortura sexual", se señala.
En este punto, se expone el caso de Josué Maureira quien, de acuerdo con la institución, fue "violado con un bastón cuando se encontraba en custodia policial".
"Adicionalmente, varios carabineros lo lesionaron con un objeto corto punzante en los glúteos, lo golpearon, patearon e insultaron por su orientación sexual", se agrega.
También se afirma que la organización documentó la práctica de las fuerzas de seguridad de "atropellar o intentar atropellar" a los manifestantes.
Por último, el informe habla sobre "lesiones graves y armas potencialmente letales", afirmando que ha habido un uso "constante e inadecuado" de escopetas en las protestas. En este punto, se aborda los impactos de perdigones en los ojos.
También se hace referencia al uso "inadecuado y en cantidades alarmantes" de gases lacrimógeno, así como también al uso de granadas de humo con "posible contenido de hexacloroetano, un agente extremadamente tóxico".
Finalmente, Amnistía Internacional advierte que "en varias ocasiones las autoridades han obstaculizado la labor de abogados, defensores de los derechos humanos y personal médico", y entrega algunas recomendaciones.
Entre ellos, el cese de la "represión de manera urgente", la investigación de la responsabilidad del mando en las violaciones a los derechos humanos, la atención de las demandas de los ciudadanos y, por último, una reforma "seria y profunda" de la policía.
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