declaración por el derecho a la memoria

*COMO SI VEINTE AÑOS NO FUERAN NADA*
*Un claro retroceso en materia de derechos humanos y memoria introduce elProyecto de Ley de Presupuesto, presentado por el ejecutivo, para el año2011.*

En dicho proyecto se suprime el financiamiento otorgado por primera vez, en2009, a través de la Ley de Presupuesto, a instituciones vinculadas a ladefensa de los derechos humanos y al rescate de la memoria, como laCorporación Villa Grimaldi y Londres 38, y se reemplaza por un fondoconcursable abierto a todo tipo de “instituciones colaboradoras” del Estado.

A fin de descalificar la decisión adoptada por el anterior gobierno yaprobada por el Congreso Nacional, representantes del actual gobierno y dela derecha han afirmado que esta asignación fue una concesión a “grupos depresión afines a la anterior administración”, desconociendo que laaprobación de esos recursos fue resultado de un largo proceso, en el queamplios sectores de la sociedad luchamos, durante décadas, por verdad yjusticia, exigiendo al Estado el reconocimiento de sus responsabilidades enlas sistemáticas violaciones a los derechos humanos perpetradas durante ladictadura, y demandando una política de reparación del grave daño provocadoa la sociedad.

El actual gobierno parece desconocer que todo Estado democrático tiene eldeber de promover, respetar y garantizar los derechos humanos, en particularaquellos relacionados con la verdad, la justicia y la reparación de loscrímenes cometidos en su representación y bajo su responsabilidad. Tambiénparece ignorar que ello conlleva el deber y la responsabilidad de garantizarel derecho a la memoria, no para instaurar una visión única, sino paraasegurar su ejercicio con autonomía y libertad.

Lo anterior es particularmente importante en una sociedad como la nuestra enla que conviven diversas memorias sobre el periodo, en la que aún no existeun consenso ético de condena irrestricta a las violaciones a los derechoshumanos ocurridas durante la dictadura. Aún hay sectores sociales ypolíticos de gran influencia, que niegan estos hechos o los justifican comoparte de un proceso de restablecimiento del “orden”.
Conscientes de ello, ya en 1991, los miembros de la Comisión Rettig –entreellos destacados representantes de la derecha chilena--, establecieron en suinforme final un conjunto de Recomendaciones de reivindicación y reparaciónsimbólica para que "en el plazo más prudente, la autoridad tenga a biendisponer las medidas y recursos necesarios para dar lugar a proyectosculturales y simbólicos destinados a reivindicar la memoria de las victimasen forma individual y colectiva, estableciendo nuevas bases para laconvivencia social", recomendación que el actual gobierno claramente hadesoído.

Luego, como forma de responder a las iniciativas de construcción dememoriales y monumentos a lo largo del país, por parte de diversascomunidades, el ejecutivo comenzó a destinar recursos a este fin, a travésdel Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.
En 2008, por primera vez se constituyó una Mesa bipartita de trabajoencargada de elaborar un proyecto para un ex centro de detención, tortura yexterminio (Londres 38). Esta instancia estuvo integrada por lasorganizaciones de la sociedad civil que demandaban la recuperación del lugary diversos organismos públicos, entre ellos, el Ministerio de BienesNacionales, el Ministerio de Obras Públicas, el Consejo de MonumentosNacionales, la Intendencia Metropolitana, el Museo Histórico Nacional y laAsesora Presidencial en materia de derechos humanos.

Producto de la labor de la Mesa, las máximas autoridades de estos organismosasumieron el compromiso de proveer financiamiento público permanente parasustentar la gestión de este espacio de memoria, lo que se materializó en laLey de Presupuesto 2010 en la cual, por primera vez, se asignaron recursospara la habilitación y funcionamiento de un sitio histórico de este tipo.Durante el año 2009, el ejecutivo también acogió la demanda del ex centrode detención Villa Grimaldi que, desde hacía varios años venía demandandoque el Estado asumiera su responsabilidad en la mantención del espacio,rescatado de una venta ilícita a comienzos de los años 90.

En virtud de la continuidad de los actos y decisiones del Estado, éste nosólo es responsable de los crímenes y violaciones a los derechos humanosperpetrados por la dictadura y acreditados por tres comisiones ad hoc einnumerables fallos judiciales. También es cómplice y responsable delocultamiento de la verdad y del sistemático “borrado” de huellas que llegóhasta la demolición de los ex centros de detención, tortura y exterminio queamenazaban con constituirse en testimonios elocuentes de lo vivido.

Ahora, con la modificación del Presupuesto 2011, el actualgobierno parece decidido a llevar a cabo una nueva borradura de ese pasadoen lugar de reconocerlo como lo que es: parte constitutiva del patrimonio yla memoria nacional, y una contribución al conocimiento y comprensión delpasado y, sobre todo, a la profundización de la democracia del presente.

Quienes suscribimos la presente declaración solicitamos alejecutivo y al Congreso Nacional se garantice el cumplimiento de loscompromisos señalados, en tanto éstos constituyen un avance en materia depolíticas públicas en el ámbito de los derechos humanos y la memoria.

Santiago, octubre de 2010

Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi
Londres 38, espacio de memorias

Comisión Ética contra la Tortura