A ley cambios a la justicia militar

Diputados aprobaron por unanimidad las modificaciones del Senado, con lo que el proyecto quedó en condiciones de ser promulgado. Iniciativa es una de las comprometidas para solucionar situación de mapuches que protagonizaron huelga de hambre.

Lanacion.cl

Por unanimidad, los diputados aprobaron los cambios hechos por el Senado a la reforma a la justicia militar, uno de los proyectos que el gobierno planteó como clave para posibilitar la recalificación de las penas que cumplen los presos mapuche que estuvieron en huelga de hambre casi tres meses.

El ministro de Defensa, Jaime Ravinet, dijo que la iniciativa final fue “fruto de un gran consenso entre gobierno y oposición para hacer una modificación que no es menor: Se está modificando en la sustancia el código de justicia militar, traspasando la competencia de los civiles a los juzgados ordinarios penales, estableciendo que nunca un menor será juzgado por la justicia militar y estableciendo que en caso de coautoría entre civiles y militares cada uno será juzgado por su tribunal natural”.

Recalcó que se trata de “un paso extraordinariamente importante”, apuntando que próximamente el gobierno enviará iniciativas para modificar la estructura orgánica de la justicia militar, “proyecto que esperaos pueda ingresar antes de fin de año”, y para cambiar la tipología de los delitos militares, lo que se espera “de aquí a junio del próximo año”.

El proyecto delimita el ámbito de aplicación de la justicia militar, de manera que la competencia de los tribunales castrenses alcance únicamente a los militares, excluyendo de ella a los civiles.

Se excluye totalmente a los menores de edad, civiles o uniformados, de la competencia de los tribunales militares, mientras que en los casos de coautoría en que aparezcan involucrados civiles y uniformados, los primeros quedarán sujetos a la justicia ordinaria y los segundos a la militar.

Se dispone, asimismo, que los juicios seguidos actualmente ante la justicia militar en que se persigue la responsabilidad penal de civiles sean traspasados a la justicia ordinaria, para lo cual se da un plazo de seis mese a partir de la entrada en vigencia de la ley.

Con ello, unas 4500 causas pasarán a los tribunales civiles ordinarios, de acuerdo a los cálculos hechos por el ministerio de Justicia.