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miércoles, 5 de abril de 2017

Víctimas de la Dictadura valoran rechazo de Bachelet a indultos de Punta Peuco

MIÉRCOLES 05 DE ABRIL 2017
Víctimas de la Dictadura valoran rechazo de Bachelet a indultos de Punta Peuco
Karina Palma 
La presidenta Michelle Bachelet negó la solicitud de indultos presentada por el abogado Raúl Meza para cuatro internos del penal Punta Peuco. Para el abogado de DDHH, Francisco Jara, estas solicitudes corresponden a una campaña de impunidad que busca posicionar a las víctimas como personas inhumanas.
Los crímenes que cometieron los reos de Punta Peuco que piden indulto “humanitario”
Claves: abogado francisco jara, afdd, afep, asociación de ex presos politicos salvador allende, lorena pizarro, ricardo klapp
En diciembre del año pasado, el abogado de los internos de Punta Peuco, Raúl Meza, solicitó a La Moneda el indulto para cuatro reclusos del penal. Sin embargo, después de cuatro meses la presidenta Michelle Bachelet rechazó dicha petición.
La solicitud fue pedida para el ex oficial René Cardemil Figueroa de 79 años y el ex carabinero Marcelo Castro Mendoza de 73 años, además de Gustavo Muñoz y Pedro Vivian Guaita que murieron sin conocer la resolución.
Uno de los argumentos presentados por el abogado apuntaba al mal estado de salud que enfrentan los internos. No obstante, de acuerdo a un informe emitido por el Servicio Médico Legal el 27 de febrero, no habría impedimentos para que los dos condenados que siguen vivos continúen cumpliendo su sentencia.
Ricardo Klapp, miembro de la Asociación de ex Presos Políticos Salvador Allende, se mostró conforme con la medida, pero advirtió que, a pesar de los años que han pasado, la justicia chilena sigue en deuda con la verdad y reparación a las víctimas de los tormentos y sus familias. “Hay cerca de mil trescientos procesados y solo un centenar está en Punta Peuco, por lo que hay más de mil que no están detenidos. Se estima que son más de cinco mil lo crímenes cometidos. Todavía faltan militares por enjuiciar, muchos de ellos se están muriendo sin pasar por un proceso. El proceso de justicia en Chile está en Pañales”
En tanto, Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), comentó que le parece importante y correcta la decisión de la mandataria. “Más allá de compartir esta resolución, se trata de considerar lo que dice el Derecho Internacional Humanitario respecto a los tribunales de lesa humanidad y las obligaciones que tienen los estados. Ojalá el próximo camino sea el cierre del penal Punta Peuco y que estos criminales vayan a la cárcel común”.
Además, agregó que otra forma de avanzar en esta materia es “denunciar el rol vergonzoso del Poder Judicial. Al igual que en dictadura, hoy es el más activo defensor de la impunidad para los genocidas. Hay un sector no menor que está vinculado a los crímenes de lesa humanidad. Nosotros siempre hemos dicho que ellos no fueron cómplices por su silencio, sino que fueron parte activa de la operación de exterminio. Antes contribuían en hacer desaparecer a las personas, torturar y asesinar, actualmente otorgan libertad y bajas penas a quienes son condenados”.
Una campaña de impunidad
Hace una semana la Corte de Apelaciones de Santiago acogió un recurso de protección presentado por Meza en contra de Michelle Bachelet, en el que se acusaba demora en la resolución presidencial.
En lo legislativo, la decisión de la Corte solo correspondería a una formalidad, porque los indultos son material de exclusiva resolución del gobernante, explicó el abogado de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Francisco Jara. Por lo tanto, adelantó que no corresponde a una medida que marque precedentes en el tema, como lo señaló a los medios el abogado de los internos.
Para Jara todo esto es parte de una estrategia y de una campaña de impunidad que intenta posicionar a las víctimas como personas inhumanas y llenas de odio. “Inflar este recurso de protección como si fuera casi una acusación a la presidencia, es parte de la estrategia comunicacional que vienen siguiendo hace varios años los abogados y las agrupaciones que defienden a estos violadores de derechos humanos. Lo que hacen es invertir los roles entre las víctimas y victimarios, lo cual es bien dramático”.
Por su parte, Lorena Pizarro aseguró que lo más probable es que esta medida no frene las peticiones de indultos. Por eso, reiteró que lo fundamental es desnudar ante la opinión pública que en estos casos no se trata de presos comunes, sino de personas que son responsables de muertes y torturas. “Aquí no estamos hablando de pobres víctimas envejecidas, se ha tergiversado la historia. Lo que está en juego con todo esto es el respeto a los derechos humanos en el futuro y la no repetición de estas transgresiones”, agregando que “existe una gran ofensiva para liberar a estos criminales y no se puede invisibilizar toda la red de protección e impunidad que tienen estas personas”.
Tal como señala un reportaje de Radio y Diario Universidad de Chile, los dos reclusos de Punta Peuco a los que se les negó el indulto han sido procesados por graves crímenes contra los derechos humanos. René Cardemil Figueroa fue condenado a 10 años de prisión por su participación en el homicidio de seis personas, mientras que Marcelo Castro Mendoza fue enjuiciado como autor de 13 homicidios calificados y dos secuestros.
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