Una cuestión clave que se vuelve a poner sobre la mesa, es la capacidad del Estado de Chile y sus autoridades para garantizar los derechos humanos de todos los que habitan el territorio nacional. Venimos de una grave crisis de violaciones graves y generalizadas a los derechos humanos, en particular al derecho la integridad física y psíquica, por la ejecución de torturas, violencia sexual y disparos de perdigones premeditados a la población que se manifiesta contra la situación de desigualdad y abusos a la dignidad a la que es sometida parte importante del país. Esta situación, ha provocado una polarización en que un gobierno minoritario e incapaz de resolver por métodos políticos y pacíficos la crisis, insistía en la represión y un discurso de odiosidad hacia los manifestantes.
Pero llegó el Covid 19 que ha roto la normalidad de la vida cotidiana: las rutinas y formas que adoptaban las relaciones familiares, afectivas, laborales, barriales. También está golpeando la subjetividad, las certezas y la sensación de vulnerabilidad se esparce por los habitantes. La fragilidad de la vida se hace evidente, particularmente para los grupos de mayor riesgo como son los adultos mayores, la gente más pobre y con menos acceso a servicios sociales y de salud pública.
En este contexto, la responsabilidad de las autoridades públicas vuelve a poner a prueba su concepción y la valoración que le dan al respeto de los derechos humanos, al momento de tomar decisiones –o de no tomarlas- que afectan a la población. Dicho de otra forma, si en una emergencia como ésta la base ética y política de su actuar será garantizando la vida y la integridad de las personas, antes que el interés particular de algunos grupos de poder.
En esta situación están en juego un conjunto de derechos que deben ser respetados, pero por la forma que han evolucionado los acontecimientos y las decisiones, el Covid 19 se sigue expandiendo, a pesar de conocerse en enero. Las medidas preventivas radicales podían haber sido efectivas, pero se prefirió esperar.
Ahora se ha declarado el Estado de Catástrofe, dando el mando unificado a las autoridades militares en las regiones que se definan y éstas serán responsables de limitar tanto las libertades de reunión y movimiento como el derecho a la propiedad y podrán requisar bienes por interés público. Naciones Unidas ha hecho la prevención que estas facultades deben durar solo lo necesario, no ser discriminatorias y no deben prestarse para sofocar la disidencia ni el trabajo de los y las defensoras de derechos humanos.
Desde la perspectiva del derecho a la salud, se ha expresado, en forma reiterada, por el Colegio Médico, las Asociaciones de Municipios y otras organizaciones de la sociedad civil la preocupación por lo tardía y poco radicales de las medidas adoptadas para frenar y dar seguimiento a los casos que ingresaban al país. En el aeropuerto, y no en todas las fronteras, se pedía una mera declaración, luego una declaración “jurada”; después se estableció el cierre de fronteras para algunos países de origen, y recién desde este 18 estamos con las fronteras clausuradas. También se ha informado que, desde hace pocos días, a falta de una red pública de salud, se buscan arriendos de hoteles y centro de eventos, para adaptarlos a la emergencia. A su vez, el transporte público saturado y sin medidas sanitizadoras, hasta el lunes 16 funcionaba normalmente. Respecto del gran comercio en plena fase 4 siguió operando a pesar de las protestas de los trabajadores, hasta que las alcaldías comenzaron a clausurarlos.
El crecimiento del contagio se mueve exponencialmente, según el contacto: una persona contagiada a tres contactos por día provocaría en 15 días –si nada se hace- 14.348.907 contagiadas. Por ello, la cuarentena era y es imprescindible, los exámenes –que le pusieron precio los primeros días- deben ser gratuitos, así como el tratamiento. Los precios de los medicamentos recetados deben estar controlados y ser requisados los insumos. La vida está primero que el lucro.
Pues bien, el derecho a la salud física y psíquica requería de reacciones rápidas y decididas, que las tomaron los municipios. Estas medidas, que terminarán por imponerse deben implicar la protección de todos los derechos laborales y un apoyo estatal para su cumplimiento. En este caso se trata de garantizar la salud y la sobrevida asegurando el puesto de trabajo y su ingreso mensual –que de otra manera puede ser la ausencia justificada al trabajo por catástrofe natural-. Por otra parte, para los trabajadores independientes y precarizados, se necesitan medidas específicas que les permita sobrevivir, como subsidios de emergencia, centros de acopio y distribución de alimentos, entre otros. También se requieren normas obligatorias para suspender el pago de deudas y créditos diversos.
Los niños y niñas que se encuentran en los centros o bajo tuición del Sename, deberían ser monitoreados en el cumplimiento de la protección de sus derechos, con informes diarios y públicos, pues son un grupo de especial protección, que tiene un historial de violaciones por parte del Estado que aún no son subsanadas. Así también debiera haber un seguimiento de la situación de todo centro de atención –formal e informal- de adultos mayores que queda en riesgo, debido al tipo de población, calidad de la atención y medidas de resguardo. Cuestión similar debe adoptarse con las personas discapacitadas, enfermos crónicos y la población migrante; la que no puede ser discriminada. Otro lineamiento fundamental a considerar, según el Comité de Erradicación de la Violencia contra la Mujer, es que la violencia por razón de género contra la mujer se amplía en situaciones de crisis políticas, emergencias humanitarias y desastres humanitarios.
Desde la perspectiva de las organizaciones de derechos humanos, corresponderá vigilar y monitorear el desempeño de los servicios de salud, educación, el cumplimiento de las normas laborales para casos de emergencia, entre otras. Debido a la experiencia reciente, se requiere estar alerta en el desempeño de las FFAA y de Carabineros, los que tomarán el control de la situación y puede prestarse para arremetidas represivas arbitrarias y los abusos. Ante esta situación, el desafío para los organismos de derechos humanos es amplio y requerirá adecuar la capacidad de movilización a las nuevas tareas.
En este contexto el director del INDH, S. Micco, señaló recientemente que “son momentos en que los chilenos y chilenas tenemos que estar unidos en contra del coronavirus”. Es bueno que la opinión pública sepa que él despidió en medio de esta situación crítica, a los jefes de las unidades de Administración y Finanzas (herido por carabineros en octubre 2019), y de Estudios (encargado del Informe sobre derechos humanos 2019), por “necesidades de la empresa”, asestando un nuevo golpe a la autonomía, unidad y fortalecimiento institucional.
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